Por lo menos 14 farmacias en distintos lugares del país han sido cerradas por la dictadura, en represalia porque participaron en el paro nacional del 23 de mayo pasado, el cuarto desde el estallido de las protestas de abril de 2018 y de la brutal represión del régimen para aplastarla.
El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), el cual es parte de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia que convocó al paro nacional, salió en defensa de los propietarios de los negocios clausurados y condenó la represión generalizada de la dictadura contra la empresa privada. “En forma reciente estamos observando nuevos actos de represión contra empresarios que han hecho uso de su legítimo derecho a la protesta cívica y se han sumado al reciente paro empresarial convocado por la Alianza Cívica, acciones represivas que ahora pretenden extender a mayor número de empresas y a todas nuestras cámaras y asociaciones gremiales, a las cuales oficialmente el gobierno ha amenazado y sigue amenazando con represión fiscal”, manifestó el Cosep en un comunicado emitido el lunes de esta semana.
El Cosep está apoyando a los propietarios de las farmacias víctimas de la represión del régimen, acompañándolos en las gestiones para apelar las arbitrarias disposiciones administrativas y tratar de revertirlas. Lo cual es muy difícil de lograr, pero no se debe renunciar a emplear los recursos formalmente reconocidos por la Constitución y la ley.
Se sabe muy bien que la resistencia a la dictadura y la lucha por la libertad y la democracia, tienen un precio muy elevado que es inevitable pagar. En muchos casos se paga incluso con la vida. Más de 300 personas según la CIDH —pero alrededor de 600 en los reportes de organismos locales de derechos humanos— han muerto desde abril del año pasado por esa causa superior. Entre los cuales hay que incluir al preso político Eddy Montes Praslin, recientemente asesinado en la prisión.
Muchos otros compatriotas están pagando por esa lucha con la cárcel, o el exilio, o huyendo de la implacable persecución. Y tantos más han perdido sus empleos por represalias del régimen, o por la crisis económica derivada de la crisis sociopolítica causada por la dictadura y su aferramiento al poder.
Pero aunque los riesgos son inevitables, los líderes de la oposición deben medirlos y no exponer a los ciudadanos en las calles, ni a los empresarios en sus negocios, a peligros mayores y daños irreparables que pueden ser evitados. Del mismo modo que por la seguridad de la gente las convocatorias a grandes marchas han sido sustituidas con piquetes relámpago y otras formas de lucha cívica, tampoco se debería convocar a paros empresariales que además de ineficaces causan daños a los mismos empresarios, que sufren una aguda crisis económica que repercute en toda la población, particularmente en la de menores recursos.
La lucha por la libertad, la justicia y la democracia exige afrontar consecuencias de toda clase, pero también reclama inteligencia y prudencia para escoger las modalidades y terrenos de lucha donde sea más conveniente librarla, con los mismos resultados.