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CONTENIDO EXCLUSIVO.La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de Nicaragua (PDDH) se encuentra a un paso de perder el estatus formal ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, como organismo defensor de los derechos de humanos debido a su subordinación absoluta a la dictadura de Nicaragua.
LA PRENSA confirmó en el Palacio de Naciones, sede en Ginebra del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que desde 2016 se inició un proceso de revisión especial sobre la calidad de la PDDH en relación a sus funciones de defensor de Derechos Humanos en Nicaragua, conforme a los estándares internacionales en la materia.
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El proceso de revisión especial de la PDDH llegó a su fase final este año con una recomendación específica: que se degrade a la institución (PPDH de Nicaragua) de la categoría A a B.
Casi 120 Procuradurías de Derechos Humanos del mundo están suscritas a la Alianza Global de las Instituciones Nacionales para la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos, que designa tres categorías: A, B y C.
“A”: Cumple con todos los Principios de París por lo que puede actuar con voz y voto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
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“B”: No guarda plena conformidad con todos los Principios de París por lo que pasa a ser miembro sin derecho a voz y voto.
“C”: No cumple con los Principios de París y no tiene estatus alguno ante los países miembros de Naciones Unidas.
Expediente en Ginebra
El caso se encuentra en las oficinas en Ginebra de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (Ganhri), entidad compuesta por cerca de 120 entidades que promueven los derechos humanos en todo el mundo, entre las cuales se encuentra la PDDH de Nicaragua.
Esta organización se encuentra bajo la representación ante la ONU del defensor colombiano Carlos Alfonso Negret Mosquera.
Fuentes diplomáticas de Ginebra estiman que se aprobará por la mayoría de países miembros durante el 41 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos a desarrollarse del 24 de junio al 12 de julio.
Ramón Muñoz Castro, director de la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH), con sede en Ginebra, Suiza, también confirmó a LA PRENSA que la institución nicaragüense “ha perdido toda confianza y credibilidad ante los defensores del mundo representados ante las Naciones Unidas y es cuestión de trámites su degradación institucional”.
PDDH alineada a la dictadura
De acuerdo a Muñoz, los hechos acaecidos en Nicaragua desde abril de 2018 a la fecha agilizaron la revisión especial que ya se le venía aplicando a la PDDH por su alineamiento abierto al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, señalado a nivel internacional de abusos sistemáticos de derechos humanos y presunta comisión de delitos de lesa humanidad contra el pueblo nicaragüense.
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“Vino dos veces a Ginebra, a hablar ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el subprocurador Adolfo Jarquín Ortel, y se presentó ante el mundo como delegado del Gobierno de Ortega”.
“Se le advirtió a la representación de Nicaragua que esa era una violación a los Principios de París (que rigen las actuaciones de los Defensores de Derechos Humanos a nivel internacional), pero ellos no respondieron ni aclararon”, dijo Muñoz, cuya oficina apoyó el proceso de degradación de estatus contra la PDDH.
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“No vino a presentar un informe, vino a decir un discurso en defensa del gobierno y en contra de los derechos humanos de una parte de nicaragüenses a quienes ellos llaman terroristas y delincuentes”, explicó el director de la RIDH.
Actualmente la PDDH es la institución designada por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo para aplicar la llamada “ley del perdón” Ley de Atención Integral a Víctimas”, aprobada por la Asamblea Nacional el pasado 29 de mayo de 2019.
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Esta ley no es reconocida por la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos ni por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como verdadera ley de restitución de derechos de las víctimas.
PDDH lleva años bajo escrutinio
En su informe de marzo pasado, el Subcomité recomendó que se degrade a la institución PDDH de Nicaragua a clase B, según el documento oficial al cual LA PRENSA tuvo acceso.
Según el documento, en 2018 el Subcomité recomendó que se degradara a la PDDH, pero se le dio a la PDDH la oportunidad de proporcionar en un plazo de un año las pruebas que estimara necesario para establecer su continuo cumplimiento de los Principios de París.
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Anteriormente, en noviembre de 2016 y noviembre de 2017, el Subcomité decidió aplazar la democión de la PDDH “como resultado de las preocupaciones actuales acerca de su cumplimiento de los Principios de París, en particular con respecto a la independencia y las violaciones de los derechos humanos”.
En su primer período de sesiones de 2019, el Subcomité examinó la documentación y el material facilitado por la PDDH, bajo la dirección de la procuradora Corina Centeno Rocha, para tratar de revertir la sanción.
El papel oficialista del Subprocurador
Durante ese período de sesiones, el Subcomité tuvo una entrevista telefónica con la PDDH en la que se le dio la posibilidad de dar a conocer sus opiniones sobre diversas cuestiones, principalmente una declaración formulada por el Subprocurador en nombre del Gobierno durante la serie de sesiones de alto nivel del 40º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos y un informe oficial de la PDDH que copiaba, casi al carbón, el argumento oficial del gobierno de Nicaragua sobre los hechos de abril del 2018.
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La PDDH respondió con un informe de actuaciones del año 2018 que, entre otras cosas resume que: No hay torturas en centros de detención. No hay prisioneros políticos. Nunca hubo desapariciones forzadas, ni existen personas desaparecidas. Nunca hubo exceso policial, al contrario, la policía fue víctima. Medios de comunicación y redes sociales inventaron noticias falsas que luego recogieron los organismos de derechos humanos internacionales para elaborar falsas listas de muertos y heridos.
PDDH justificó operaciones limpieza
Además, el informe justifica las operaciones limpiezas de policías y paramilitares en las zonas de protesta, que dejaron gasta 326 asesinatos.
“Durante el intento fallido de golpe de Estado, los grupos delincuenciales establecieron tranques o bloqueos de carreteras, con los cuales se violentaron los derechos humanos de la población nicaragüense”.
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“Por lo tanto, esta Institución Nacional de Derechos Humanos, considera que la eliminación de tranques en distintos puntos del país, realizada por la Policía Nacional, dos meses después de que el país se encontrara seriamente afectado por la instalación de los mismos, se fundamentó en las facultades que nuestro ordenamiento jurídico le confiere a esta institución”.
La decisión del Comité de Análisis
La respuesta del comité de análisis del caso de Nicaragua dictó sentencia después de recibir las respuestas de la PDDH. “Habida cuenta de toda la información proporcionada, el Subcomité no considera que la PDDH haya abordado adecuadamente el fondo de las preocupaciones del Subcomité. En consecuencia, el Subcomité considera que la PDDH sigue actuando en contravención de los requisitos de los Principios de París”.
“El Subcomité es de la opinión de que la PDDH sigue sin desempeñar su mandato de una manera que promueva el respeto por los derechos humanos en respuesta a denuncias creíbles de graves violaciones de los derechos humanos, incluidas las cometidas por las autoridades…
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“Por consiguiente, el Subcomité considera que la PDDH sigue actuando de una manera que compromete seriamente su conformidad con los Principios de París”.
¿Qué significa la categoría B para la PDDH?
La acreditación es un reconocimiento oficial que se hace a las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, cuyo criterio de otorgamiento está basado en qué tanto se respetan los “Principios de París”.
Esta acreditación se hace luego de un estudio que está a cargo del Subcomité de Acreditación.
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“La degradación de categoría, en el mundo de los defensores, es un golpe de credibilidad contundente contra un país. Se le avisa al mundo que ese país no cuenta con una organismo defensor de derechos humanos creíble, pierde el derecho a ser oído y solicitar apoyo ante las Naciones Unidas, es una sanción moral devastadora para los derechos humanos en todas partes del mundo”, explicó Muñoz a LA PRENSA.
¿Cómo se sale del estatus B?
Es un proceso complejo: a la institución sancionada se le hacen una serie de recomendaciones de cumplimiento de los Principios de París a los cuales se les da seguimiento; luego se le somete a una nueva revisión especial y se determina si esa institución ha persistido en la violación de principios o si ha acatado las recomendaciones. En función de tales situaciones se pueden sugerir tres propuestas: mantenerse en B, recuperar la categoría A o degradarse aun más a C.