Ley de Amnistía amenaza con cárcel a presos políticos si vuelven a protestar

“El artículo tres es una verdadera espada de Damocles, es una manera seudolegal para decir los amnistiamos a todos, pero no vuelvan a protestar...", dijo el abogado constitucionalista Gabriel Álvarez.

Este 30 de mayo se cumplió un año de la masacre orteguista. LA PRENSA/Jader Flores

El peligro es inminente para los opositores al régimen de Daniel Ortega, pues el artículo tres de la iniciativa de Ley de Amnistía constituye una grave amenaza de cárcel para los presos políticos que participaron en las protestas desde el 18 de abril del año pasado, analizan abogados consultados por LA PRENSA.

El artículo tres de dicha normativa, referente a la “No Repetición”, ordena que “las personas beneficiadas por la presente ley deben abstenerse de perpetrar nuevos hechos que incurran en conductas repetitivas generadoras de los delitos aquí contemplados. La inobservancia del principio de no repetición trae como consecuencia la revocación del beneficio establecido por la ley”. De esta forma, la dictadura restringe derechos constitucionales de los presos políticos y los amenaza con cárcel.

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“El artículo tres es una verdadera espada de Damocles, es una manera seudolegal para decir los amnistiamos a todos, pero no vuelvan a protestar. Es una manera de coaccionar el ejercicio de los derechos constitucionales de los nicaragüenses, ese artículo no debería de considerarse”, dijo el abogado constitucionalista Gabriel Álvarez.

En el mismo sentido, el abogado penalista y exfiscal departamental Boanerge Fornos explicó que ese artículo de “No Repetición” no debe estar incluido, porque las sentencias de sobreseimiento que serán emitidas bajo el argumento de la extinción de la responsabilidad penal por amnistía, según el artículo 130 del Código Penal y artículo 72 del Código Procesal Penal, no admiten condición.

Retomar Diálogo para discutir temas de fondo

Aparte de este artículo, Álvarez considera que la aprobación de la iniciativa de Ley de Amnistía es una salida para que los privados de libertad dejen de sufrir vejaciones en las cárceles y asedios en sus casas, en el caso de los excarcelados, todos injustamente procesados bajo procedimientos ilegales. Además, crea las condiciones para que se retome el Diálogo Nacional y abordar los temas de fondo, como la reforma a la Ley Electoral y el adelanto de elecciones presidenciales.

Aunque, por otro lado, presenta un obstáculo para las madres de las víctimas que quieren justicia verdadera, pero dicha ley beneficiaría a policías, paramilitares y funcionarios del dictador, explicó Fornos.

Al respecto, el abogado penalista Elton Ortega coincide con Álvarez y afirma que “la amnistía le sirve a Ortega mientras sea gobierno, una vez fuera no le sirve porque los delitos de lesa humanidad cometidos por funcionarios de gobierno y sus agentes no pueden ser amnistiados y la misma ley lo contempla en su artículo dos”.

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El artículo dos de dicha normativa dice que se exceptúan aquellos delitos regulados en tratados internacionales de los cuales Nicaragua es Estado parte, lo que significa que la persona afectada por delitos de tortura, por ejemplo, puede recurrir ante tribunales locales e internacionales en busca de justicia.

De igual manera, los abogados consideran que más adelante, cuando las instituciones penales dejen de estar secuestradas, se debe crear un modelo de justicia transicional que no permita la impunidad, sino la averiguación de la verdad, aplicar justicia y reparación integral.

“No se puede seguir permitiendo ciclos de violación de derechos, guerras, dictaduras y siempre dejarlos en impunidad”, coincidieron abogados.

Comisión CSJ

Mientras el régimen de Daniel Ortega introduce la iniciativa de Ley de Amnistía ante la Asamblea Nacional, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) formó una comisión para resolver todos los casos de presos políticos, para aplicar dicha normativa.

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Según fuente judicial, dicha comisión está formada supuestamente por Ivania Grijalva, Alma Valladares —quienes trabajaban en el despacho del exmagistrado Rafael Solís Cerda—, los jueces Adela Cardoza, Karen Chavarría y Edgar Altamirano —sobre quienes ha recaído la mayor cantidad de casos—, y el ahora magistrado Ernesto Rodríguez, el primero en condenar injustamente a autoconvocados, entre ellos los jóvenes blufileños Brandon Lovo y Glen Slate, por el asesinato del periodista Ángel Gahona.

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