Departamento de Estado de EE.UU. considera un «teatro» la Ley del «perdón» y demanda al régimen liberar de inmediato a presos políticos

"La Ley de Atención Integral a las Víctimas  es puro teatro y no aborda adecuadamente las violaciones de derechos humanos", afirmó el Departamento de Estado

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La Policía Orteguista es la principal fuerza represora del régimen en contra de los nicaragüenses que demandan el adelanto de las elecciones. LA PRENSA/ ARCHIVO/ O. NAVARRET

El Departamento de Estado de los Estados Unidos (EE.UU.) se sumó a las organizaciones que critican la Ley de Atención Integral a las Víctimas (llamada como Ley del «perdón)  aprobada por la dictadura orteguista de Nicaragua considerándola «puro teatro» al no ajustarse a los parámetros internacionales que garanticen justicia y reparación de las personas que han sufrido las violaciones de sus derechos humanos durante el contexto de represión contra la población.

«La Ley de Atención Integral a las Víctimas es puro teatro y no aborda adecuadamente las violaciones de derechos humanos», afirmó el Departamento estadounidense a través de Twitter.

Asimismo exigió nuevamente al régimen de Daniel Ortega que «debe liberar incondicionalmente a todos los presos políticos y permitir que los observadores de derechos humanos regresen» a Nicaragua.

Estados Unidos es uno de los gobiernos que lidera la presión internacional contra Ortega para que cese la represión y acepte el adelanto de las elecciones, antes del 2021, como mecanismo democrático para salir de la crisis sociopolítica en la que está sumergida Nicaragua desde hace más de 13 meses debido al estado policial ejercido por el régimen.

Desde el 18 de abril del 2018 la dictadura respondió a sangre y fuego contra las manifestaciones que, inicialmente fueron en contra de unas reformas a la seguridad social pero que rápidamente se convirtieron en repudio por los cientos de asesinatos cometidos por la Policía Orteguista (PO) y paramilitares del régimen en las jornadas de protestas. Más de un año después los nicaragüenses siguen exigiendo justicia por esos crímenes así como la salida del poder de Ortega y su cogobernante y esposa Rosario Murillo.

Entre las demandas de la ciudadanía y de la opositora Alianza Cívica está la liberación de todos las personas detenidas ilegalmente por participar en las protestas. Durante este tiempo fueron encarcelados 764 personas entre estudiantes, campesinos, exmilitares y civiles a quienes les acusan de terrorismo.

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Entre los presos políticos están los periodistas Lucía Pineda y Miguel Mora, del canal 100% Noticias, detenidos desde el 21 de diciembre pasado, y Marlon Gerónimo Powell Sánchez, del programa de radio “El dedo en la llaga».

Régimen ahora dice que cumplirá antes del 18 de junio

Aunque existe un acuerdo firmado por Ortega de liberar a los presos políticos en un plazo de noventa días, plazo que vence el próximo 18 de junio, ha incumplido porque no se les está otorgando la libertad que supone la anulación de los juicios y retiro de los cargos, sino que solo los están excarcelando cambiándoles el régimen de casa por cárcel.

Según registro de la Alianza Cívica de la lista conciliada con el Gobierno y el Comité Internacional de la Cruz Roja aún están en las cárceles 182 presos políticos; sin embargo hay otras noventas personas que han sido detenidas por su participación en las protestas que el régimen no quiere reconocer como presos políticos.

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En las últimas semanas la dictadura ha mantenido en sus reiterados comunicados que solo excarcelará a los reos políticos y lo haría hasta el 18 de junio, cuando se vence el plazo acordado. Sin embargo este viernes 7 de junio la delegación en las negociaciones con la oposición dijo que «antes del 18 de junio serán excarceladas las personas detenidas por delitos cometidos a raíz del violento y fallido intento de golpe de Estado», que es la forma en que descalifican las protestas ciudadanas.

El pronunciamiento de Estados Unidos se sumó al de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, Naciones Unidas así como a los familiares de las víctimas de la represión al rechazo a la Ley del «perdón» porque no ofrece garantías de justicia sino que busca exculpar a las autoridades de su responsabilidad en los abusos de los derechos humanos a la población.

Pero los delegados dirigidos por el canciller Denis Moncada insistieron este viernes en que esa ley atenderá «sin exclusión» a los afectados en los programas.