Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas, fustiga amnistía orteguista

Alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, reitera graves violaciones y abusos de la dictadura desde el 18 de abril del 2018

Las marchas en Nicaragua fueron prohibidas en septiembre de 2018. LA PRENSA/Archivo

La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó este viernes su preocupación ante la adopción de una amplia amnistía que podría impedir el procesamiento de personas potencialmente responsables de graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el contexto de las protestas contra el régimen del dictador Daniel Ortega, a partir del 18 de abril del año pasado.

La propuesta de Ley de Amnistía fue presentada este viernes al parlamento orteguista y será aprobada este sábado, para dejar impune a las más altas autoridades del régimen, policías y paramilitares del régimen que han sido señalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de masacrar a la población durante las protestas sociales en Nicaragua.

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«Más de 300 personas resultaron muertas, 2,000 heridas, cientos de personas que se opusieron al Gobierno han sido encarceladas y más de 700 han sido procesadas”, recordó Bachelet en su comunicación de ayer viernes.

La alta comisionada agregó que “el Gobierno (de Ortega) tiene el deber de garantizar la rendición de cuentas y la justicia para las víctimas”.

“Amnistías por graves violaciones de derechos humanos están prohibidas»

“Las amnistías por graves violaciones de derechos humanos están prohibidas por el derecho internacional. Estas generan impunidad, lo que puede llevar a más violaciones”, subrayó Bachelet.

“También pueden socavar el derecho de las víctimas a un recurso efectivo, incluidas las reparaciones y el derecho a la verdad. En cuanto a las personas detenidas arbitrariamente en el contexto de las protestas o por expresar opiniones disidentes, estas deben ser puestas en libertad y sus procesos penales deben ser desestimados”, agregó la alta comisionada.

Rechazo a infamia del dictador

Familiares de presos políticos, la oposición agrupada en la Alianza Cívica, juristas independientes y otros sectores rechazaron la Ley de Amnistía que será aprobada este sábado, porque el régimen de Ortega pretende dejar en la impunidad la masacre contra el pueblo, la cual fue perpetrada por la Policía y los paramilitares orteguistas desde el 18 de abril del 2018, bajo las órdenes de las más altas autoridades, según ha señalado la CIDH.

Juristas y parientes de los presos políticos rechazan la amnistía porque exoneraría de cualquier investigación o proceso judicial a las autoridades del régimen, a los policías y a los paramilitares que participaron en la represión de las protestas antigubernamentales, y que de acuerdo con organismos de derechos humanos, ha dejado entre 326 y 536 asesinatos así como otros delitos como torturas, violaciones, desapariciones forzadas, heridos y mutilados.

Lo que recomendó la CIDH

La CIDH concluyó que en Nicaragua se cometieron delitos de lesa humanidad por parte de una política represiva del Estado, señalándose de que debía investigarse a Ortega y a todo el mando de la Policía Orteguista (PO), para determinar su responsabilidad.

“Esta ley es una burla. Ellos (el régimen) matan, van a la vela, al entierro, se perdonan y tratan de encubrir sus crímenes de lesa humanidad”, afirmó Daniel Esquivel, del Comité Pro Liberación de Presos Políticos.

Esquivel rechazó la amnistía porque “sería aceptar que los asesinados y nuestros presos políticos son culpables de los delitos que inventó el régimen, cuando lo único que se ha hecho es demandar democracia” y justicia por los crímenes cometidos por la PO y los paramilitares.

Libertad bajo amenaza

La ley fue propuesta por la bancada oficialista del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) como la excusa jurídica para liberar a todos los presos políticos, pero en la práctica estos seguirían siendo rehenes del régimen porque en la legislación queda la amenaza con quitarles el beneficio y ser encarcelados de nuevo si vuelven a protestar, según el artículo tres de la ley.

En estos más de 13 meses de crisis sociopolítica fueron encarceladas al menos 764 personas, entre estudiantes, campesinos, exmilitares y civiles a quienes les acusan de terrorismo, entre otros delitos, por demandar la salida del poder de Ortega y su cogobernante Rosario Murillo.

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La Alianza Cívica (AC) exige la liberación de 187 presos políticos aún en las cárceles y la anulación de los cargos a todos los reos, esto conforme al acuerdo existente con el régimen, que tiene de plazo el próximo 18 de junio para liberarlos.

José Pallais, jurista y miembro de la AC, fustigó la amnistía porque “queda proscrita una Comisión de la Verdad” que a futuro investigue los delitos contra la población por parte de las fuerzas gubernamentales.

Inaceptable

Para el jurista y especialista en derechos humanos Uriel Pineda, queda evidente que los presos políticos “se convirtieron en una moneda de cambio de Daniel Ortega” porque la amnistía se usa para liberar a los reos, pero también pretende que no se investiguen y, por tanto, no se sancionen los delitos de lesa humanidad cometidos por la PO y los paramilitares.

Pineda explicó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos “ha declarado inaceptables” las leyes de amnistías porque buscan dejar en la impunidad los delitos de lesa humanidad. No obstante, el jurista afirmó que no impide a las víctimas y a sus familias recurrir a la Corte Interamericana y otras instancias internacionales para que determinen que el Estado de Nicaragua niega el acceso a la justicia.

«Otra preocupación es que en esa ley se distorsiona el concepto de no repetición con el de la reincidencia, para amenazar a la población para que desista de marchar, de protestar… Es una amnistía condicionada”, dijo José Pallais, jurista y miembro de la Alianza Cívica.

«Es un descaro total, es inadmisible. Las violaciones a derechos humanos que están ocurriendo en Nicaragua son realidades que había en América Latina hace décadas y Nicaragua ha retrocedido 40 años en ese sentido”, dijo el jurista, Uriel Pineda.