Amplio rechazo a la Ley de Amnistía que aprobó el régimen de Daniel Ortega

La Ley de Amnistía fue aprobada por la aplanadora orteguista en la Asamblea Nacional, como la excusa jurídica para liberar a todos los presos políticos

José Miguel Vivanco, director de HRW. LA PRENSA/ARCHIVO

El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, se pronunció el sábado en el momento de la aprobación de la Ley de Amnistía en la Asamblea Nacional, manifestando que el propósito de esa legislación es “consolidar la impunidad del régimen” de Daniel Ortega.

“Nicaragua debe rechazar la Ley de Amnistía. Aunque dice que ‘exceptúa’ a los ‘delitos regulados en tratados internacionales’, no se establece ningún procedimiento serio para excluirlos. El propósito es evidentemente intentar consolidar la impunidad del régimen”, expresó Vivanco.

Eurodiputado Ramón Jauregui: “Cese de la represión”

En cambio, el diputado del Parlamento Europeo (PE), el socialista español Ramón Jáuregui, celebró la aprobación de la Ley de Amnistía para los presos políticos, pero manifestó que debe ir acompañada del cese de la represión y el regreso de las organizaciones internacionales al país.

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“La amnistía en Nicaragua es muy buena noticia. Si salen todos los presos, la principal exigencia se cumple y sería bueno reanudar negociaciones. A la amnistía debe acompañar el cese de la represión a las libertades y la vuelta de las Organizaciones Internacionales”, expresó en su cuenta de Twitter.

Jáuregui encabezó la misión de diputados europeos que visitó el país en enero de este año. El mes pasado advirtió que si los presos políticos no son liberados antes del 18 de junio, tiene la seguridad de que las sanciones de la Unión Europea (UE) entrarán en acción en la segunda quincena de este mes, para castigar al régimen de Daniel Ortega por incumplir las condiciones requeridas para un diálogo nacional creíble.

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La Ley de Amnistía fue aprobada por la aplanadora orteguista en la Asamblea Nacional, como la excusa jurídica para liberar a todos los presos políticos, pero a la vez amenaza con volverlos a encerrar si nuevamente salen a protestar, según el artículo tres de la legislación.

Durante la discusión de la ley, el diputado orteguista Wilfredo Navarro defendió el establecimiento de no repetición, omitiendo los crímenes que se han cometido desde la dictadura, en defensa de un supuesto golpe de Estado.

AMA se prepara legalmente

La Asociación de Madres de Abril (AMA), organización que aglutina a los familiares de personas asesinadas por la represión del régimen orteguista desde el 19 de abril de 2018, anunció acciones legales en contra de la Ley de Amnistía.

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Francys Valdivia, presidenta de AMA, dijo que este lunes presentarán un recurso por inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Para AMA, esa ley significa dejar en la impunidad los asesinatos de sus hijos, hermanos y demás familiares.

“AMA rechaza de manera categórica la Ley de Amnistía impulsada por la dictadura de Daniel Ortega, porque pretende mantener en la impunidad los graves crímenes cometidos en Nicaragua desde abril del 2018 y que han sido catalogados por los especialistas de derechos humanos y la comunidad internacional, como crímenes de lesa humanidad cometidos por el estado”, manifiesta un comunicado de esa organización.
AMA también recordó que los crímenes de lesa humanidad, como los cometidos por la dictadura orteguista, no prescriben y no pueden ser objetos de amnistía.

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“Nuestros principios como asociación que aglomera a los familiares de las víctimas de la represión son incompatibles con la política de perdón y olvido que el gobierno de Ortega desea imponer por decreto”, agregó AMA.

La lucha judicial también la ejercerán ante organismos internacionales, adonde recurrirán los parientes de las víctimas para demandar al régimen de Ortega.

AMA añadió que seguirán apelando por que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos condene al Estado de Nicaragua por los crímenes contra el pueblo y su intento por dejarlos impunes.

Fecha límite para liberar

El 18 de junio se cumple el plazo de noventa días que se negoció en la mesa de diálogo para liberar a todos los presos políticos, al menos seiscientos, de los cuales 432 fueron sacados de la cárcel bajo el régimen de convivencia familiar o casa por cárcel, como parte de los acuerdos entre el régimen y la oposición.

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