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Ramón Jáuregui

Diputado europeo Ramón Jáuregui. LA PRENSA/Archivo

Eurodiputado Ramón Jáuregui advierte que si el régimen de Nicaragua pretende engañar al pueblo con ley de Amnistía, pedirán más sanciones

El eurodiputado Ramón Jáuregui expresó que le " preocupan varios artículos y la interpretación que haga el gobierno" de la Ley de Amnistía aprobada por los diputados de la dictadura

El diputado del Parlamento Europeo (PE), el socialista español Ramón Jáuregui advirtió este domingo que si la Ley de Amnistía, aprobada el sábado pasado por la Asamblea Nacional bajo control de la dictadura, es un engaño al pueblo nicaragüense, pedirá más sanciones para el régimen de Daniel Ortega.

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“Exigimos al gobierno de Nicaragua que libere a todos los presos políticos y que aplique los acuerdos de desarrollo democrático y constitucional. De otra manera, la UE (Unión Europea) adoptará sanciones a partir del 18 de junio. No hay otra salida que libertad y democracia”, dijo Jáuregui en su cuenta de Twitter.

Eurodiputado rectifica

Jáuregui, quien dejará de ser diputado del PE a partir del 1 de julio, reconoció en Twitter que el sábado se dejó llevar por la emoción de la amnistía y malinterpretó esa ley promovida por el régimen de Daniel Ortega. El diputado europeo había celebrado la aprobación de la ley como “una muy buena noticia”, porque al parecer no la había leído en detalle.

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“Me preocupan varios artículos y la interpretación que haga el gobierno. Me dejé llevar por la emoción de la amnistía. Si el gobierno engaña al pueblo nicaragüense, pediremos más sanciones. Un abrazo al pueblo que sufre”, expresó Jáuregui en Twitter.

La Ley de Amnistía, aprobada el sábado por la aplanadora orteguista que controla la Asamblea Nacional, concede perdón “a todas las personas que han participado en los sucesos acaecidos en todo el territorio nacional a partir de abril de 2018 hasta la fecha”, lo que implica que ningún actor, opositor o gubernamental, será responsabilizado por los crímenes de lesa humanidad que cometió el Estado por reprimir las protestas civiles.

Ortega lanza mensaje a la comunidad internacional

El catedrático en derechos humanos Uriel Pineda opinó que la amnistía, más que una ley para Nicaragua, es un mensaje de Ortega a la comunidad internacional, para decirle que está dispuesto a todo para quedarse en el poder.

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“En el caso de Nicaragua estamos claros que (Ortega) está ahí y que no lo van a mover si no es por la fuerza, en eso todos coincidimos. Pero la comunidad internacional, dentro de su estrategia de incidencia y presión, ha activado mecanismos como la Carta Democrática y demás, de cara a resolver la crisis de Nicaragua, pero no está entendiendo el mensaje de (Ortega) de ‘no voy a resolver nada, no voy a negociar nada’. Es decir, quiere cerrarse a todas las alternativas. La comunidad internacional ya no puede creer ninguna promesa, ni darle el beneficio de la duda a Ortega”, dijo el catedrático.

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Más puntualmente sobre la amnistía, Pineda dijo que el hecho de buscar un perdón, no significa que las víctimas pierdan su derecho a conocer la verdad, a acceder a la justicia y a tener reparación. Además, Pineda señaló que el Estado debe buscar mecanismo de no repetición. “Es decir, hay que adoptar medidas para evitar, por ejemplo, que la Policía vuelve a cometer estos crímenes”, refirió Pineda.

Dictadura usa a su antojo el concepto “No repetición”

El catedrático aclaró que el término de “no repetición”, que aparece en el artículo tres de la ley, está fuera de contexto, porque ese concepto corresponde a una obligación del Estado cuando se compromete a evitar la repetición de una violación de derechos humanos, que se cometió bajo la responsabilidad de sus autoridades. Pero en este caso, según Pineda, la Ley de Amnistía usa la “no repetición” para amenazar a los opositores y a las personas que se manifiestan contra Ortega.

Delitos políticos

Aunque Pineda no sabe explicar si fue algo deliberado, interpreta que el oficialismo hace en la amnistía un reconocimiento de que los detenidos están presos por motivos políticos, y no por terrorismo, crimen organizado, narcotráfico y otros crímenes por los que fueron juzgados y condenados, debido a que el artículo dos establece “delitos políticos”.

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Sin embargo, el jurista José Pallais Arana tiene otra manera de ver ese mismo artículo. Pallais valoró que “toda la ley tiene graves errores técnicos jurídicos”, entre estos, perdonar “delitos políticos”, cuando la legislación penal nicaragüense no tipifica esos casos.
“Entonces, ¿cuáles son los delitos que están amnistiando sino existen delitos políticos. En la legislación penal nicaragüense no existen los delitos políticos y un principio de derecho penal es que tienen que estar tipificados los delitos”, explicó Pallais.

Más errores

Otro “grave error técnico jurídico”, según Pallais, es confundir el término de la “no repetición” con la “no reincidencia” en el artículo tres.

El artículo expresa que “las personas beneficiadas por la presente Ley deben abstenerse de perpetrar nuevos hechos que incurran en conductas repetitivas generadoras de los delitos aquí contemplados. La inobservancia del principio de no repetición trae como consecuencia la revocación del beneficio establecido por esta Ley”. Como explicó el catedrático Pineda, el artículo tres es visto como una amenaza de volver a encarcelar a los presos políticos si vuelven a salir a protestar.

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“La reincidencia es un concepto del derecho penal. La no repetición es de la política de reconciliación nacional. Hay una confusión de dos figuras totalmente diferentes que tienen un sentido jurídico que se aplica a situaciones totalmente diferentes. La no repetición está dirigida al Estado: el Estado se compromete a no repetir cuando ha violado masivamente los derechos humanos”, agregó el jurista.

La manipulación de Wilfredo Navarro

El sábado, durante la discusión de la ley en la Asamblea Nacional, el diputado orteguista Wilfredo Navarro defendió el término de la no repetición diciendo que los miembros de la Alianza Cívica (AC), contraparte del régimen en la mesa de negociaciones, “metieron el concepto de la no repetición” y que por eso el oficialismo lo retomó en la Ley de Amnistía.

Pallais, quien es miembro de la AC, confirmó esto, pero explicó que la no repetición se le demandó al Estado de Nicaragua, encabezado por el régimen de Ortega, por violar los derechos humanos de los nicaragüenses.

Unilateral y sin consenso

La organización de abogados Acción Penal también se pronunció sobre la aprobación de la Ley de Amnistía, manifestando que si bien es legal el proceso de aprobación, “no es legítimo por cuanto está siendo aprobada de manera unilateral y sin las consultas necesarias con los sectores sociales interesados, dada la trascendencia y relevancia de este proyecto de ley para los nicaragüenses, es decir, que dicha ley está siendo aprobada sin consenso, específicamente sin el de las familias de las víctimas en el contexto sociopolítico”.

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Buscan impunidad

El obispo de Estelí, monseñor Juan Abelardo Mata, también criticó la Ley de Amnistía, por considerarla una pretensión de querer dejar impunes los crímenes que cometieron funcionarios públicos desde el 18 de abril de 2018.

Para monseñor Mata, la amnistía aprobada el sábado en la Asamblea Nacional “alcanza los niveles de burla y sarcasmo”, porque considera que no existen los delitos que se imputan a los “condenados políticos, siendo que a la mayor parte de ellos ni siquiera se les abrió juicio y a otros simplemente se les secuestró”.

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Aun así, es optimista en que “esta ley servirá para favorecer las denuncias a nivel internacional”.

“La justicia se fundamenta en la verdad y la verdad es la base de la paz. Con amnistía no se construye una nación, sobre todo cuando los delitos han venido solo de una parte. Aquí no ha habido una guerra armada. Lo que ha habido aquí es un abuso de poder que deslegitima a los que ejercen tal poder”, dijo Mata.

Amnistía viola acuerdos

Según José Pallais Arana, jurista y miembro de la opositora Alianza Cívica, la Ley de Amnistía incumple con el acuerdo de liberar definitivamente y sin condiciones a los presos políticos, debido a que el artículo tres de la misma condiciona la libertad de los reos a la renuncia de su derecho a la protesta.

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En ese sentido, la amnistía también violenta el acuerdo para fortalecer los derechos y las garantías ciudadanas, que implica, entre otras cosas, la movilización y manifestación ciudadana. Estos acuerdos fueron firmados en marzo pasado, en el marco de las negociaciones entre los delegados del régimen de Daniel Ortega y la oposición agrupada en la Alianza Cívica.

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