La Ley de Amnistía que Daniel Ortega hizo aprobar en su Asamblea Nacional el sábado 8 de junio, ha sido rechazada de manera amplia y contundente tanto en el país como en el ámbito internacional.
En Nicaragua la amnistía ha sido repudiada por todos los movimientos políticos y sociales democráticos, inclusive por los partidos liberal y conservador que forman parte del poder legislativo de la dictadura. Y en el mundo exterior, es rechazada en forma unánime porque viola las normas fundamentales del derecho internacional de derechos humanos.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, advirtió que “las amnistías por graves violaciones de derechos humanos están prohibidas por el derecho internacional”. Agregó que “generan impunidad, lo que puede llevar a más violaciones” y “también pueden socavar el derecho de las víctimas a un recurso efectivo, incluidas las reparaciones y el derecho a la verdad”. Además, la alta funcionaria de la ONU demandó que “las personas detenidas arbitrariamente en el contexto de las protestas o por expresar opiniones disidentes, deben ser puestas en libertad y sus procesos penales deben ser desestimados”.
En general los críticos de la amnistía de Ortega consideran que este pretende dejar en la impunidad los crímenes cometidos contra el pueblo, durante la represión sangrienta de las protestas que estallaron en abril de 2018 y las manifestaciones pacíficas de los ciudadanos. Pero Ortega no reconoce en su Ley de Amnistía —y en ningún momento lo ha reconocido por cualquier otro medio— que él y su régimen sean culpables de los crímenes que les imputan los organismos de derechos humanos. En el discurso de Ortega los criminales son las personas que se han alzado contra su dictadura, a las que acusó de terroristas y golpistas.
Realmente, la amnistía de Ortega parece ser más bien un mensaje de ablandamiento a la comunidad internacional, para que no le impongan las sanciones que ya están previstas y otras que podrían ser aprobadas próximamente. Y en todo caso, si la intención del dictador fuese obtener impunidad la amnistía no le servirá de nada, pues como advirtió Michelle Bachelet esa ley carece de validez y los crímenes contra la humanidad no prescriben jamás.
Lo que da la impunidad al régimen de Daniel Ortega no es la amnistía, sino su permanencia en el poder. La justicia, la reparación y la no repetición de los crímenes contra el pueblo solo serán posibles cuando se restablezca la democracia, se integre una comisión internacional de la verdad y se constituya un poder judicial independiente, honesto, ecuánime y creíble.
Por ahora lo más importante es lograr que todos los presos políticos queden en libertad, y que las presiones internas y externas al régimen de Ortega continúen hasta obligarlo a aceptar la celebración de elecciones auténticas, libres, inclusivas y vigiladas por la comunidad democrática internacional. Lo cual es indispensable para poder comenzar la nueva transición democrática y resolver la grave crisis sociopolítica y económica causada por la misma dictadura.