Régimen orteguista viola su propia Ley de Amnistía al usar sistema penitenciario para liberaciones

Reos deben contar con un sobreseimiento de las condenas de los juzgados orteguistas y la anulación de los procesos para tener seguridad de su liberación.

presos políticos

Universitarios y pobladores realizaron un plantón para demandar la liberación de los presos políticos dentro de la Universidad Centroamericana (UCA). LA PRENSA/Jader Flores

Para abogados penalistas, el procedimiento con que aplicaron este lunes la Ley de Amnistía (también llamada Ley de Autoamnistía) para liberar a presos políticos, fue irregular, ya que no es el Sistema Penitenciario Nacional la institución que debió aplicarla a los procesados, sino que tenía que ser el poder judicial a través de los distintos tribunales de justicia.

Asimismo, la Policía y la Fiscalía debían aplicarla para los reos políticos investigados.

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El procedimiento correcto está establecido en el párrafo segundo del artículo uno de la Ley de Autoamnistía aprobada el pasado 8 de junio por diputados orteguistas en la Asamblea Nacional.

“…Por tanto las autoridades competentes no iniciarán procesos de investigación, deberán cerrar los procesos administrativos iniciados y los procesos penales para determinar responsabilidad así como la ejecución de sentencia, al momento de entrada en vigencia de la presente ley”, dice la normativa.

“En cada etapa resuelve quien tenga a cargo el asunto. El Sistema Penitenciario no tiene que resolver nada, solo cumplir lo emanado del poder judicial, que serían las sentencias”, dijo el abogado penalista Elton Ortega.

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La mañana de este lunes a la hora de la entrega de los presos políticos, el personal penitenciario hacía firmar a los familiares un acta de entrega que dice: “El Sistema Penitenciario Nacional hace la entrega formal de (nombre del reo ), ha sido puesto en libertad por Ley de Amnistía Número 996, aprobada por la Asamblea Nacional el 8 de junio del 2019”.

No hay seguridad jurídica

“Eso es anómalo. Todos los procesados sean condenados o sin condena, tienen que recibir un pronunciamiento judicial de aplicación de la Ley a su caso concreto, el juez ordena su liberación y el sistema acata la decisión judicial. Esa es la vía indicada en un debido proceso”, agregó Ortega.

De igual manera, Boanerge Fornos, exfiscal departamental y coordinador de Acción Penal, dijo que “el procedimiento es irregular, no se ajusta a la ley porque la actuación en estos casos siempre ha sido por criterios y voluntades políticas y no jurídicas”.

Ambos abogados aseguran que al carecer cada reo liberado de un documento legal que lo respalde, no tiene ninguna seguridad de permanecer libre. “Para tener certeza jurídica, es esperar la notificación de la resolución judicial, ya que todo lo hicieron al revés”, agregaron.

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De igual manera, la ley de amnistía orteguista está siendo violada en lo que respecta a la aplicación inmediata e igualitaria para todos los presos políticos, pues solo liberaron a 48 reos políticos, más dos presos comunes, que el Ministerio de Gobernación los quiso hizo pasar como presos políticos y no a todos.

“La aplicación de la amnistía debe ser pareja, es decir libertad para todos hoy (ayer) mismo y no por partes”, agregó Fornos.

En cautiverio

Aún permanecen en la cárcel muchos líderes estudiantiles, como Amaya Coppens y Edwin Carcache; líderes comunitarios, como Yubrank Suazo y Lennin Salablanca, quien este lunes mismo fue golpeado nuevamente y enviado a celdas del Infiernillo por haber gritado “¡viva Nicaragua libre!”, al enterarse de que varios de sus compañeros iban libres, denunció su esposa. También permanecen presos Medardo Mairena, Lener Fonseca y los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau.