El presidente de la Asamblea Nacional, el diputado orteguista Gustavo Porras, confirmó la amenaza que supone para los presos políticos la Ley de Amnistía del régimen, ya que su liberación está condicionada a que si vuelven a participar en protestas, perderán el beneficio y se les volverá a encarcelar.
El diputado y sindicalista Porras afirmó que la amnistía supone para el orteguismo “un trago amargo” por tener que liberar a los presos políticos, pero enfatizó en la amenaza de que si bien puede interpretarse como un “borrón” de los delitos y los procesos contra los autoconvocados, no es “cuenta nueva” porque se les reactivarían los procesos si vuelven a participar o convocar a protestas contra los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“Ahí está claro. No es borrón y cuenta nueva. Si vuelven a repetir entonces inmediatamente se activa la cuenta que está pendiente, la factura, ahí se reactiva y tenés que volver a la posición anterior, y además se agrega los delitos que cometás (a futuro)”, advirtió Porras, uno de los principales operadores políticos de la dictadura, en declaraciones recopiladas por el medio propagandístico 19 Digital.
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La Ley de Amnistía (996) la aprobaron los setenta diputados orteguistas el sábado pasado en un trámite de urgencia. En el artículo tres de la Ley se establece que los presos políticos perderán la amnistía si “incurren en conductas repetitivas generadoras de los delitos” contemplados en la norma y les será revocado el beneficio.
Juristas independientes y organismos de derechos humanos han criticado que esto supone que los presos políticos seguirán siendo rehenes del régimen Ortega Murillo y les niega los derechos constitucionales como ciudadanos a manifestarse libremente.
En estos más de 13 meses de crisis sociopolítica fueron encarceladas al menos 764 personas, entre estudiantes, campesinos, exmilitares y civiles a quienes se les acusó de terrorismo, crimen organizado entre otros delitos inventados por la Fiscalía y la Policía Orteguista (PO).
La Ley de Amnistía entró en vigencia este 10 de junio al ser publicada en La Gaceta, Diario Oficial, sin embargo la dictadura orteguista la violentó porque solo liberó a 49 de los 183 de las listas conciliadas con la Alianza Cívica.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que en Nicaragua se cometieron delitos de lesa humanidad por parte de una política represiva desde el Estado, y se recomendó investigar a Ortega y a todo el mando de la Policía Orteguista (PO) para determinar su responsabilidad.
El rechazo ha sido general a la Ley de Amnistía debido a que supone dejar en la impunidad los crímenes de la PO y los paramilitares. Incluso se pronunció en contra la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michalle Bachelet, porque las amnistías por graves violaciones de derechos humanos están prohibidas por el derecho internacional, ya que generan impunidad lo que permitirían más violaciones.
Pero los personeros orteguistas leen e interpretan a conveniencia los tratados sobre derechos humanos. Por ejemplo el diputado Porras dijo hoy en un medio oficialista, que el concepto de no repetición que incorporaron en la Ley 996 se ajusta “no es un invento del Gobierno”, sino que “es reconocido por las Naciones Unidas”.
Porras es uno de los altos funcionarios de régimen que en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) se señalan de haber entramado y ejecutado el plan de represión contra las manifestaciones ciudadanas desde abril del 2018, y se plantea que deben ser investigados por su vinculación a los crímenes sucedidos en ese contexto.
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Al diputado y sindicalista Porras se deje entrever en el informe del GIEI que pudo estar detrás de la ataque paramilitar a la Marcha de las Madres de Abril, el 30 de mayo del 2018, ya que existe información en medios oficiales de que el legislador organizó una contramarcha y llamar a los militantes orteguistas a “defender” a Ortega, que presidió una campaña denominada “Plomo” contra los manifestantes.