En medio de un fuerte distanciamiento con la empresa privada y tras varias semanas se hacerse el “sordo” y “mudo”, el régimen de Daniel Ortega accedió sentarse con las empresas de bebidas para revisar finalmente la carga impositiva que se está aplicando a las importaciones de estos productos al momento de querer ingresar en las aduanas.
La presidenta de la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua (CCSN), Carmen Hilleprand confirmó a LA PRENSA que el sector ya está en conversaciones con el Gobierno para revisar esta problemática, lo que evitaría un desabastecimiento de bebidas, incluidos licores, en el mercado nacional.
“Hemos tenido ahorita reuniones (con funcionarios gubernamentales) donde ya está saliendo una luz blanca, todavía no se ha concretizado, ya nos reunimos nosotros como sector estamos mandándole una propuesta de precios al detallista al gobierno, se le está mandando a la Dirección General de Ingresos y Aduanas ya consensuado”, explicó Hilleprand.
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A inicios de mayo, el sector informó que tras la entrada en vigencia de la Ley Concertación Tributaria, el 28 de febrero, el cobro por importaciones de bebidas que aplica las autoridades de la Dirección General de Aduanas (DGA) se triplicó, lo que amenazaba el abastecimiento nacional y un fuerte encarecimiento de los mismos.
El incremento excesivo en pago fiscal afectó a las importaciones de aguas gaseadas y aromatizadas, bebidas energéticas, bebidas alcohólicas, jugos, leche, vinos, cervezas, entre otras.
La explicación técnica: ¿quién estableció el precio al detalle?
En una consulta técnica realizada por LA PRENSA el 10 de mayo pasado, Juan Carlos Cortez Espinoza, de la firma Deloitte, explicó que si bien no se modificó la base imponible en la importación, porque hasta ahora la retención del IVA y el ISC se continúa aplicando sobre “el precio de venta al detallista”, señala que el problema está precisamente en este último punto.
“¿Quién fija el precio al detallista?¿Quién tiene la atribución de notificar a DGA dicho valor?”, se pregunta Cortez. Debido a que el precio al detallista se fijó de manera discrecional, explica, esto ha provocado un fuerte aumento en los pagos fiscales por parte de los importadores de bebidas.
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“El precio al detallista es el que cobra el fabricante o importador a detallistas (quienes venden a consumidores finales), eso quiere decir que, necesariamente Inide debió haber solicitado esta información del propio productor o importador para luego notificarlo a DGA, lo que sospechamos no ha ocurrido, con esto, la gran pregunta sería ¿De dónde obtuvo DGA el valor que atribuye a bebidas en la importación?”, indicó.
El papel del Inide
Y es que según Cortez la Ley 987, que reformó la Ley de Concertación Tributaria en febrero pasado, estableció que es el Instituto Nacional de Información y Desarrollo (Inide) el que debe notificar trimestralmente dicho precio al detalle de las bebidas a la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA), atribución que antes la tenía por su naturaleza la Dirección General de Ingresos. El Inide es un ente adscrito a la Presidencia.
Por tanto, “si DGA no logra demostrar primero, que el valor que está atribuyendo a las importaciones de bebidas es el notificado por Inide, y segundo, que éste a su vez, demuestre que el valor constituya en efecto, el precio de venta al detallista, acarrea procedimientos ilegítimos de recaudación y está obligada a devolver impuestos cobrados ilegalmente en un proceso de sustitución según disponen los artículos 224 y 368 del Recauca (Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano)”, precisa.
Hilleprand recuerda que las empresas son las que manejan mejor sus precios y por tanto ellas se han encargado de pasarle la lista de los mismos al Inide. “Acordarte que quien conoce mejor sus precios son las mismas empresas, porque esto no es una fórmula mágica”, dijo.
Encuentran “buena voluntad”
La representante gremial indicó que hasta el momento se ha visto que hay voluntad para que este problema se resuelva pronto.
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“Sí hay voluntad que se resuelva, porque se sabe que es un cobro discrecional, entonces ya estamos mandando los precios a las autoridades, hay voluntad que también se revierta lo que se pagó demás, ya cada empresa está mandando su precio directamente y nosotros como Cámara estamos siendo un facilitador, cuando ya lo tengamos formalizado vamos a dar más información”, agregó.
Cobro se incrementó hasta 300%
Sergio Maltez, presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin), señaló por su parte que esperan que pronto haya una resolución con el Gobierno.
“Esperamos que se den cuenta que hay malo cálculo, porque no están ni reconociendo la factura de origen y te están aplicando cobros de unos 200 o 300 por ciento y al final es el consumidor que está recibiendo esto”, puntualizó.
A finales de febrero, el régimen de Ortega puso en marcha una brutal reforma fiscal con la que busca obtener en recaudación más de 317 millones de dólares para hacer frente a la caída de ingresos como consecuencia del impacto de la crisis económica a raíz del estallido sociopolítico en abril pasado.