Comisión especial para Nicaragua

Daniel Ortega ha sostenido invariablemente, inclusive en las Naciones Unidas, la OEA y otros organismos internacionales, que fue víctima de un intento de golpe de Estado perpetrado por terroristas

Una mala consejera, Nicaragua

El martes de esta semana un Subcomité del Comité de Asuntos Extranjeros del Congreso de los Estados Unidos (EE. UU.) celebró una audiencia especial sobre la crisis de Nicaragua.

Esta audiencia coincidió con la liberación de los presos políticos nicaragüenses más emblemáticos, como efecto de la Ley de Amnistía que el régimen de Daniel Ortega aprobó el sábado 8 de junio con la obvia pretensión de evitar que le sean aplicadas las sanciones internacionales. Sin embargo, en la audiencia de los congresistas estadounidenses más bien se pidió la aplicación de sanciones más fuertes a la dictadura de Ortega, para obligarlo a ceder en la mesa de negociaciones con la oposición y acordar con esta la restauración de la democracia.

En la audiencia los congresistas escucharon las argumentaciones bien documentadas de José Miguel Vivanco, director para América Latina de Human Right Watch (HRW); de Carlos Ponce, representante de la Fundación para el recuerdo de las víctimas del comunismo; y de Félix Maradiaga, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco de Nicaragua.

Vivanco en particular denunció que los responsables de violaciones a los derechos humanos en Nicaragua no han respondido por sus abusos, y pidió que el gobierno de EE. UU. imponga sanciones personales más contundentes a los altos funcionarios del régimen. Además, el funcionario de HRW propuso la creación de una “unidad especial de investigación” (o sea una comisión de la verdad), con la participación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que “supervise la investigación penal de los delitos más atroces ocurridos en el contexto de las protestas”.

Daniel Ortega ha sostenido invariablemente, inclusive en las Naciones Unidas, la OEA y otros organismos internacionales, que fue víctima de un intento de golpe de Estado perpetrado por terroristas y que los muertos eran policías y miembros de su partido. Y acusó a la CIDH de mentirosa, porque esta ha asegurado que más del 90 por ciento de las víctimas mortales en las protestas de 2018, fueron asesinadas por paramilitares y policías del régimen orteguista.

Pero la verdad es que la CIDH, aunque rechaza la versión orteguista del intento de golpe de Estado ha sido objetiva en sus investigaciones y reconoce que más de 20 policías murieron durante la represión de las protestas.

Si en realidad Ortega creyera que las víctimas fatales de la violencia que estalló el 18 de abril del año pasado, fueron solo policías y miembros de su partido, debería aceptar e incluso promover él mismo una comisión de la verdad internacional e independiente, que pueda investigar, aclarar los hechos y deslindar responsabilidades. ¿Qué mejor oportunidad podría tener Ortega para demostrar que él tiene la razón?

Lo que pasa es que no la tiene. De allí que la creación de una genuina comisión de la verdad para que aclare lo ocurrido y establezca condiciones para que se pueda hacer justicia a las víctimas, solo será posible cuando termine la dictadura y haya democracia en Nicaragua.

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