El proyecto del Gran Canal en Nicaragua que debía construir y operar el empresario chino Wang Jing, o alguien más poderoso que estuviera detrás de él, es un cadáver insepulto.
Este jueves 13 de junio se venció el plazo de seis años que las mismas partes contratantes establecieron en el Acuerdo Marco de Concesión del Gran Canal y obras anexas, para que el concesionario mostrara capacidad para financiar la obra que supuestamente costaría cuando menos 50 mil millones de dólares.
Según Daniel Ortega y el concesionario chino, el Gran Canal de Nicaragua debía empezar a funcionar a fines de 2019, o inicios del 2020. Tenía que crear unos 50 mil empleos durante la construcción de la obra y 200 mil más cuando comenzara a operar. Pero a pesar de que en el discurso oficial el proyecto canalero sacaría de la pobreza a los nicaragüenses y haría rica a mucha gente, hubo personas sensatas, profesionales de distintas disciplinas, la Academia de Ciencias de Nicaragua y la Red Interamericana de Academias de Ciencias, defensores del medioambiente y algunos políticos responsables, que denunciaron la inviabilidad económica y estratégica de la obra y los efectos devastadores que podría tener para el territorio, la población y la soberanía nacional.
Esta no ha sido la primera vez que se ha querido impulsar un proyecto de canal interoceánico en el territorio de Nicaragua. En la Biblioteca Virtual del expresidente Enrique Bolaños se encuentra y se puede consultar fácilmente, toda la documentación que existe sobre este tema. Incluyendo el texto del Tratado Bryan-Chamorro, que estuvo vigente de 1914 a 1970 y era considerado como el más oneroso y entreguista de todos los contratos, hasta que Daniel Ortega hizo la concesión a Wang Jing que comparativamente resultó mucho más vendepatria que el anterior.
Ortega y Wang Jing despertaron la codicia de muchas personas que creyeron que el Gran Canal interoceánico en Nicaragua podría ser realidad, y una oportunidad para hacer lucrativos negocios, a pesar de que desde 1914 existe el Canal de Panamá. Y acusaban de mentirosos a quienes denunciaban que la construcción del canal podría causar daños muy graves a la población, al medioambiente, al territorio y la soberanía nacional.
Contra toda razón Ortega impuso al país la concesión canalera a Wang Jing, mediante la Ley 840 aprobada en el año 2013, pero ahora, al expirar el plazo para que el concesionario obtuviera el financiamiento necesario, sin conseguirlo, se ha confirmado que el proyecto del Gran Canal era una enorme mentira.
La Ley 840 debe ser derogada. El Gobierno tiene obligación de notificar a Wang Jing que el acuerdo de concesión canalera ha terminado, conforme a lo establecido en el inciso 2 del artículo 15 del Acuerdo Marco, que es parte de dicha Ley. La notificación hay que hacerla en el término de 90 días y una vez que Wang Jing sea notificado, derogar inmediatamente la ignominiosa Ley 840 que nunca debió ser aprobada.