Daniel Ortega debe liberar a todos los presos políticos en dos días

El próximo martes 18 de junio vence el plazo de los noventa días acordado entre la Alianza Cívica y el régimen, pero aún hay 88 reos políticos encarcelados

Familiares de presos políticos que aún no son excarcelados denunciaron en la CPDH que el régimen para no liberarlos les atribuye delitos comunes. LA PRENSA/ Y. ALVAREZ

Se le acaba el tiempo al dictador Daniel Ortega para cumplir el acuerdo de liberar a todos los presos políticos, pues solo le quedan dos días para honrar el compromiso firmado con la opositora Alianza Cívica (AC).

El próximo martes 18 de junio vence el plazo de los noventa días acordado, pero aún hay 88 reos políticos encarcelados.

Sin embargo el régimen no da muestras de que vaya a cumplir con la plena liberación de todos los presos políticos debido a que a unos quinientos que han sido excarcelados no se les ha entregado la certificación de que se les anularon los procesos judiciales. Además la Policía Orteguista (PO) y los simpatizantes del régimen mantienen el asedio, hostigamiento y amenazas contra los excarcelados y sus familias.

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Unos doscientos de los presos políticos fueron sacados de las cárceles la semana pasada bajo la Ley de Autoamnistía aprobada por la dictadura, con la que pretende dejar en la impunidad los crímenes cometidos por fuerzas de choque estatales. Organismos internacionales responsabilizan de la masacre a funcionarios del régimen, la PO y los parapolicías.

José Pallais, miembro de la delegación de la AC en las negociaciones con la dictadura, afirmó que “hay un incumplimiento total” de los acuerdos por parte del régimen de Ortega Murillo porque hay pendientes 88 de los reos políticos en las cárceles; el Ministerio Público no ha iniciado el cierre de los procesos de los protestantes ya excarcelados para que sean clausurados, y una tercera violación es que no se ha garantizado la seguridad para esas personas porque a diario la PO las asedia y hostiga.

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“Si después del 18 de junio quedan en las mazmorras del régimen presos políticos sería inobjetable el incumplimiento de los acuerdos, pero también sería indiscutible que no hubo voluntad de cumplirlo si a los excarcelados no se les han anulado los procesos y limpiado sus expedientes”, afirmó Pallais.

El Comité Pro Liberación de Presos Políticos y la AC demandaban la liberación de más de setecientas personas que fueron detenidas ilegalmente por participar en las protestas ciudadanas, que desde el 18 de abril del 2018 exigen la salida del poder de Ortega y su cogobernante y esposa, Rosario Murillo.

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Los monitoreos del Comité coinciden con los de la Comisión Interamericana para la Defensa de los Derechos Humanos (CIDH), que señalan que al 11 de junio pasado faltaban 88 manifestantes detenidos en las cárceles La Modelo y La Esperanza, así como en delegaciones departamentales.

Además la Alianza, el Comité y los organismos de derechos humanos nacionales han seguido denunciando el secuestro por parte de la PO de personas por portar la bandera nacional azul y blanco o por ser vinculadas de participar en las protestas, por lo que el listado de los presos políticos seguiría aumentando.

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El pasado 27 de marzo la delegación del régimen en las negociaciones firmó con la AC que haría la “liberación definitiva, entendido esto como el cierre definitivo de la situación jurídica de las personas más allá de la excarcelación”. El plazo máximo para la liberación fue de noventa días, que empezó el 20 de marzo pasado y se cumple el próximo 18 de junio.

Mario Arana, también delegado de la AC en las negociaciones, explicó que debido a que los representantes del régimen rechazan reunirse en la mesa técnica, que incluye a la Cruz Roja Internacional, para revisar las listas de los reos políticos, eso impide conciliar los listados de los reos políticos y su estatus legal, como está en el acuerdo.

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Arana y Pallais explicaron que desde hace tres semanas la AC ha solicitado a través de los garantes de las negociaciones, Luis Ángel Rosadilla, enviado de la OEA y el nuncio Stanislaw Sommertag, que se reúna la mesa técnica, pero los delegados del régimen se niegan.

“No sabemos si realmente hay interés del Gobierno de continuar la negociación. Del lado nuestro hay disposición de continuar porque hay una serie de temas pendientes, como el de las reformas electorales”, afirmó Arana.

Con su autoamnistía la dictadura busca dejar en la impunidad sus crímenes, sin embargo la AC seguirá demandando en las negociaciones, si continúan, la conformación de una Comisión de la Verdad conformada por la CIDH y Naciones Unidas para que investiguen la masacre contra la población afín de que enfrenten la justicia los responsables.

Arana dijo que rechazan la Ley de Autoamnistía y la Ley de Atención Integral a las Víctimas porque las aprobó la dictadura sin tomar en cuenta las exigencias de los familiares de las víctimas, por lo que son excluyentes para beneficiar solo a los simpatizantes del régimen.

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