CONTENIDO EXCLUSIVO.
CONTENIDO EXCLUSIVO.La “guerra” del orteguismo inició a primera hora del martes 12 de junio de 2018 en los barrios orientales de Managua. Primero aparecieron patrullas policiales y después una caravana de camionetas Hilux, cargadas de hombres armados que usaban capuchas para cubrirse la cara.
Los encapuchados dispararon contra las trincheras que la gente había construido en las calles, sin que nadie pudiese ofrecerles resistencia y enseguida entraron retroexcavadoras que derribaron los adoquines y camiones que llevaron tierra para cubrir la huella de las barricadas. En los siguientes 43 días este sería el patrón de los ataques ejecutados por el régimen Ortega Murillo como parte de una sangrienta avanzada que los medios de comunicación llamaron “operación limpieza”.
Los ataques ocurrieron del 12 de junio al 24 de julio, día que cayeron las barricadas del barrio Sandino, en Jinotega, el último bastión de lucha que quedaba en Nicaragua luego del estallido de las protestas ciudadanas en abril. Fuerzas combinadas de policías y paramilitares ingresaron con violencia y dejaron un saldo de tres muchachos muertos.
A lo largo de las “operaciones limpieza” el nivel de represión fue aumentando y las tácticas de los atacantes perfeccionándose, señala Salvador Marenco, abogado del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, con sede en Costa Rica.
Al inicio los paramilitares o parapoliciales, como prefiere llamarlos Marenco, usaban brazaletes para reconocerse y evitar matarse entre sí; pero luego se uniformaron con camisetas de distintos colores. “Blancas, azules o negras”, señala el abogado. “Eso te dice que efectivamente había una coordinación de una estructura superior, que se encargaba no solo de la parte logística, sino también de la parte organizativa”.
Tranques y reclutamiento
A mediados de mayo de 2018 los tranques y barricadas construidos por manifestantes como forma de protesta contra el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo “se habían extendido a vecindarios de Managua y a los quince departamentos del país”, apunta el informe presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) en diciembre del año pasado.
De acuerdo con este documento, para esa fecha existía un estimado de “180 tranques y barricadas de carretera a lo largo de todo el territorio nacional”.
Al inicio de las protestas las trincheras constituyeron “un modo pacífico de manifestarse” y funcionaban de manera intermitente, habilitadas y deshabilitadas en determinadas horas. Sin embargo, observó el GIEI, a medida “que la violencia represiva se incrementaba”, los tranques y barricadas se fueron multiplicando y volviéndose permanentes como un método de defensa ante lo que organismos de derechos humanos llamaron “escuadrones de la muerte”: las camionetas en las que se movilizaban los paramilitares.
Por otro lado —señalaron los expertos— el bloqueo total de importantes vías de acceso fue un modo de presión contra el Gobierno, que en esos días estaba sentado en la primera mesa de Diálogo Nacional y exigía la desinstalación de los tranques.
Pero el diálogo no detuvo la represión armada contra la protesta ciudadana y no había pasado un mes desde el inicio de las conversaciones cuando comenzaron los operativos de “limpieza” que elevaron aun más el nivel de violencia.
“La orden para ejecutar la operación limpieza vino desde el más alto nivel y la Policía fue uno de los recursos utilizados junto con los paramilitares. Estaban actuando como un cuerpo, aparato o grupo subordinado a la estrategia y el interés de los Ortega Murillo. Recurrieron a la violencia porque no lograron contener las protestas sociales ni romper la decisión de los ciudadanos de utilizar acciones cívicas”, analiza Elvira Cuadra, socióloga y experta en temas de seguridad.
Puede leer: Paramilitares atacan la Basílica de San Sebastián, en Diriamba, con 12 personas adentro
Desde el estallido de las protestas ciudadanas, el 18 de abril de 2018, el Frente Sandinista tuvo casi mes y medio para organizar los grupos armados que actuaron en conjunto con la Policía. “Hay testimonios de que efectivamente llamaron a exmilitares, retirados del Ejército, y si bien algunos no aceptaron y por ende fueron encarcelados, es fácil suponer que algunos sí lo hicieron y todas estas operaciones pudieron verse alimentadas de tácticas militares también, no solo de policiales”, considera Salvador Marenco, de Nicaragua Nunca +.
De hecho, el propio Edén Pastora, alto funcionario del régimen, admitió en diciembre del año pasado que por orientaciones de Ortega se reunió “en 14, 15, 16 oportunidades” con los combatientes históricos del Frente Sandinista. “Comandante, misión cumplida. Vuele pija y candela a todos estos hijueputas”, habría informado Pastora. “Entonces el comandante (dijo): ‘¡A quitar los tranques!’ Y tan, tan, tan, se quitaron los tranques y se arregló esto”, relató el exguerrillero en el programa Izquierda Visión.
Lea además:Paramilitares asesinan a dos jóvenes de la UNAN Managua
Sin embargo, en los grupos paramilitares también fueron identificados empleados del Estado e incluso tomatierras, afirma Pablo Cuevas, asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).
Dado que no todos los reclutados tenían experiencia militar, se deduce que debieron recibir algún tipo de entrenamiento. Según Marenco, había varias funciones dentro de los parapoliciales. “La más evidente era la de andar disparando a matar”, pero también estaban los guías, que conocían mejor el terreno, y los hombres que levantaban la evidencia (como los casquillos de las balas). “En su mayoría todos andaban armados y por ende debieron recibir algún tipo de instrucción sobre cómo disparar”, supone el abogado, quien estuvo a cargo de la elaboración del informe Volviendo a ser humano, presentado en mayo de 2019.
En esos meses de represión “pudieron ir incorporando parapoliciales a medida que los iban preparando”, afirma Marenco. Fue una “preparación rápida pero gradual”.
Balas tarde y madrugada
A las 2:00 de la tarde del 8 de julio, cuando ya un gigantesco operativo de “limpieza” había dejado dos docenas de muertos en Carazo, inició el ataque a la ciudad de Matagalpa. Dilon Zeledón, de 20 años, se encontraba con otros muchachos en una barricada cuando les empezaron a disparar.
Eran un “contingente de paramilitares armados junto con la Policía”, recuerda. “La mayoría corrimos, otros se pusieron de frente, y empezamos a defendernos lo más que podíamos. Como a las 11:00 de la noche movieron unas palas mecánicas para ir desplazando las barricadas e irnos replegando más, más y más. Eran las 3:00 de la madrugada y todavía seguía Matagalpa minado de balas, morteros, bombas de contacto, AK 47, fusiles Dragunov, armas cortas… A esa hora ya no pudimos y buscamos cómo ir al cerro Apante.
En la mañana simpatizantes sandinistas y la Alcaldía empezaron a meter los adoquines (de las barricadas) en las calles”.
Esa mañana otros 11 muchachos escaparon con Dilon, pero a Matagalpa solo él volvió, dispuesto a seguir protestando contra el Gobierno. Fue detenido el 21 de julio, cuando apenas llevaba tres horas en la ciudad. Para entonces, dice, las calles que días antes estaban atrincheradas ya eran territorio de los paramilitares.
El relato de Dilon, ahora preso político excarcelado, coincide con la información registrada por organismos de derechos humanos tras analizar decenas de casos. “Primero entraba un grupo de civiles armados, a unos metros iba un destacamento policial y por último una caravana de palas mecánicas y ambulancias. Así iban limpiando la zona, quitando obstáculos humanos y barricadas. Cuando había grupos de personas les hacían los famosos ‘anillos’, fuerzas combinadas de civiles armados y policías. Básicamente esa era la forma de operar”, detalla Pablo Cuevas, de la CPDH.
Para el abogado, las “operaciones limpieza” eran “operativos militares, plenamente calculados y ejecutados”. Cercaban un perímetro con “cientos de hombres armados apuntando y dispuestos a dispararle a cualquiera que se acercara o que rompiera el perímetro. En medio estaba el blanco, sin muchas oportunidades de escaparse. Podían cercar varias barricadas al mismo tiempo”, explica Cuevas. “Tenemos conocimiento, a través de los testimonios, que toda esa información era suministrada por los CPC en los barrios, la gente que colabora con el Gobierno. Y ya cuando tenían información diseñaban los planes para ejecutar la ‘operación limpieza’”.
En el operativo contra los estudiantes atrincherados en la UNAN- Managua —que inició al mediodía del viernes 13 de julio de 2018— la Policía y los paramilitares también crearon un cerco, afirma un universitario que solicitó ser identificado con su seudónimo de Oso Guarimbero. Además, sostiene, “había mucha presencia de infiltrados” y la mañana de ese viernes sacaron del recinto a “un policía infiltrado” que tenía en su celular fotos de todos los muchachos.
Se trasladaron a la parroquia Divina Misericordia y a las 5:00 de la tarde respiraron aliviados porque los disparos habían cesado, pero todavía faltaba lo peor. Los atacantes volvieron a abrir fuego y se detuvieron hasta el amanecer del 14 de julio.
Se escuchaban “las AK 47 y el silbido característico de las Dragunov”, recuerda el Oso Guarimbero, quien pertenecía al cuerpo médico de la UNAN. Se oían “balas 38, escopetas y armas que nunca habíamos escuchado antes”. Dos jóvenes fueron asesinados esa madrugada: Gerald Vásquez y Francisco José Flores. Ambos con certeros disparos a la cabeza.
Tres propósitos
Las “operaciones limpieza” no solo tenían el objetivo de desmontar los tranques que tantas molestias le estaban causando al régimen de Ortega. Además “representaron la captura masiva de manifestantes”, subraya Salvador Marenco, de Nicaragua Nunca +. “Fue uno de los picos más altos tanto de desapariciones y desplazamientos forzados como de detenciones”. El tercer propósito, dice, era tomar control del territorio para evitar que volvieran a organizarse las protestas antigobierno.
Según Marenco, fue a partir de las “operaciones limpieza” que se empezaron a ver “mayormente armas de guerra, como granadas”. Dos ejemplos de esto, señala, son el ataque a Carazo y la “limpieza” de la UNAN-Managua.
Durante estos operativos los paramilitares tomaban medidas para no ser reconocidos. Aparte de cubrirse el rostro, utilizaban camionetas sin placa, limpiaban la evidencia y se les organizaba de manera que, en lo posible, no tuvieran que atacar en sus propias ciudades.
“A veces iban cientos y hasta mil efectivos para atacar una determinada zona o un determinado departamento. Pero tenemos conocimiento de que al menos a los parapoliciales los rotaban, trataban que no atacaran su misma zona para evitar que fueran reconocidos por algún rasgo peculiar y de esta forma generar impunidad”, asegura Marenco.
Él estuvo presente en Diriamba aquel terrible domingo 8 de julio. Ese día las fuerzas orteguistas atacaron al amanecer, luego de bloquear todas las vías de escape. La gente se encerró en casa, mientras paramilitares y policías se dispersaban por las calles.
Luego de atacar en Diriamba, arremetieron contra los tranques de Dolores y Jinotepe. A la fecha se estima que el operativo dejó al menos 20 muertos en el departamento, entre ellos dos policías. Uno de estos era el joven oficial Faber López Vivas y su madre responsabilizó por su muerte a la Policía.
En Diriamba había “un ambiente sepulcral”, recuerda Marenco. “Había un silencio impresionante. No se escuchaban televisores, no se escuchaba nada”.
La versión de Amador
Al ser consultado por Domingo sobre las “operaciones limpieza” de 2018, el funcionario Cairo Amador, miembro de la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz (más conocida como Comisión Porras), afirmó que “efectivamente hubo enfrentamientos” y que “se encontraron en el lado opositor muchísimas armas, y armas de guerra, y no necesariamente en todos los tranques de igual forma”.
“Esto fue, sobre todo, muy relevante en el caso del tranque de San José, en Carazo, aunque en La Trinidad y San Pedro de Lóvago y en los otros lugares a los cuales hemos ido, en todos se han encontrado referencias de armas”, sostuvo Amador. Para él, se trató de una situación anormal en que “las armas de guerra estaban de los dos lados” y “si eran ilegales en un lado, eran ilegales en el otro”.
Respecto al uso de armas en los tranques, Salvador Marenco opina que “es algo posible”, pero que si ese fuese el caso, el uso, la cantidad y el calibre de las armas no eran proporcionales a los de las fuerzas del Gobierno.
El régimen de Ortega realizó las “operaciones limpieza” en nombre de la “paz” y la libre movilización. Los medios de los Ortega Murillo llamaron “guerreros de la paz y del amor” a los paramilitares y “caravanas de la paz” a las camionetas Hilux que sembraron el terror a lo largo y ancho del país.
“Los asesinatos, y menos masivos, no son justificados ni necesarios. Nunca. Tuvo que encontrarse otra salida”, dice Marenco. “Jamás por proteger la libre movilización, vas a violentar el derecho a la vida. Las ‘operaciones limpieza’ no fueron justificadas (…). Fueron una masacre”.
Los operativos de Somoza
Anastasio Somoza Debayle también solía realizar “operaciones limpieza”. En agosto y septiembre de 1978 el dictador realizó un operativo donde se utilizó armamento de guerra, tanques, palas mecánicas, camiones de volquete y hasta fuerza aérea.
Según datos recogidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en esa ocasión solo en León y Estelí fueron asesinadas más de 500 personas, y otras 200 en Masaya, la mayoría jóvenes.
Tras esta “operación limpieza” se realizó otro operativo: la “operación quema”. Los cadáveres en estado de descomposición, que no estaban identificados, tuvieron que ser quemados.
La de 1978 no fue la única “operación limpieza” de Somoza, en febrero, mayo y junio de 1979 también se realizaron este tipo de operativos.
43 días de horror
Estas son las fechas clave de la “operación limpieza”.
12 de junio: Managua. Inicia los operativos con un ataque a las barricadas de los barrios orientales.
19 de junio: Masaya y Granada. Fuertes ataques a los tranques y barricadas de estas dos ciudades. En Masaya fueron asesinadas al menos cuatro personas, entre ellas Marcelo Mayorga, quien muere con una tiradora en la mano.
28 de junio: León. El barrio indígena de Sutiaba fue golpeado por los “escuadrones de la muerte”. En la madrugada fue asesinado el joven Wilber Jarquín, quien recibió una ráfaga cuando un grupo de paramilitares atacó una de las barricadas. Ese día se reportaron dos muertos más.
8 de julio: Carazo. Fue el ataque más brutal. Participaron cientos de paramilitares con armamento de guerra y se estima que murieron al menos 20 personas en todo el departamento, incluidos dos policías.
8 de julio: Matagalpa. Con maquinaria pesada y paramilitares fueron atacados los tranques en Matagalpa, dejando como resultado tres personas muertas: un paramilitar y dos manifestantes.
14 de julio: Juigalpa. Fueron atacados los tranques de San Pedro de Lóvago y Santo Tomás. Se desconoce si hubo víctimas mortales, pero se confirmaron varios campesinos heridos, entre ellos Gabriel Mairena, hermano del líder campesino Medardo Mairena.
13 de julio: Managua. Aunque la operación limpieza inició en Managua el 12 de junio, fue hasta el viernes 13 de julio que las fuerzas orteguistas lograron quitar las últimas barricadas, que estaban en la zona de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN). Ese día fueron asesinados dos jóvenes.
17 de julio: Masaya. Paramilitares y policías finalmente lograron entrar al barrio indígena de Monimbó. El 19 de junio habían atacado Masaya para llegar hasta la estación policial donde estaba refugiado el comisionado Ramón Avellán. Entre las dos operaciones se contabilizan 11 víctimas aproximadamente.
24 julio: Jinotega. Fue el último bastión de la resistencia ciudadana, el barrio Sandino, llamado el “Monimbó del Norte”, fue atacado por más de ocho horas. Ese día la “operación limpieza” se cobró sus últimas tres víctimas.