Régimen orteguista echa pie atrás y permite reabrir farmacias en Jalapa, Ocotal y Managua

A pesar que la resolución del Minsa central, los dueños de estos dijeron que los mismos abrirían hasta hoy lunes porque todos los medicamentos habían sido sacados de los estantes

farmacias, Nueva Segovia, Minsa

La farmacia Inmaculada, de Ocotal, comenzará a operar hoy luego que la dictadura de Daniel Ortega retrocediera en su medida de clausurarla. LAPRENSA/W. ARAGÓN

El Ministerio de Salud (Minsa) admitió el pasado viernes los recursos de apelación introducidos por el abogado Erick Rivera y resolvió que los propietarios de las farmacias clausuradas San Martín, del municipio de Jalapa, e Inmaculada, en la ciudad de Ocotal, abrieran nuevamente sus negocios.

El 31 de mayo pasado, las autoridades del Minsa, de Nueva Segovia, mandaron a clausurar definitivamente ambas farmacias, después que sus propietarios se sumaran al paro nacional del 23 de mayo pasado, convocado por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y (ACJD) como una forma de presión contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, para que liberaran a los presos políticos.

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El abogado Erick Rivera manifestó que se había recibido con mucha alegría la notificación de las autoridades de la delegación de farmacias del Ministerio de Salud (Minsa) del Conchita Palacios de Managua, en que resolvían admitir las apelaciones introducidas en contra de las resoluciones de funcionarios de esa institución en Nueva Segovia.

“El viernes 14 de junio fuimos notificados de la resolución del Ministerio de Salud central, donde admitía los recursos de apelación introducidos por mi persona, en calidad de representante legal de la doctora Ninoska Zamora Zeledón, propietaria de la farmacia San Martín de Jalapa, y del licenciado Marcos Herrera Beltrán, propietario de la farmacia Inmaculada de Ocotal, y dejando sin efecto alguno la clausura de ambos negocios”, expuso Rivera.

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El abogado explicó que la resolución emitida por el Minsa central mandaba también a aplicar una sanción de amonestación por escrito a los propietarios de ambas farmacias por haber cerrado sus negocios el día del paro nacional del 23 de mayo pasado.

A pesar que la resolución del Minsa central —que deja sin efecto el cierre de las dos farmacias y permite la apertura inmediata de estos dos establecimientos—, los dueños de estos dijeron que los mismos abrirían hasta hoy lunes porque todos los medicamentos habían sido sacados de los estantes y mandados a guardar a sus bodegas, por orientación de las autoridades del Minsa de Nueva Segovia.

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Y es que las autoridades del Minsa habían amenazado con decomisar los fármacos si eran encontrados aún en los establecimientos clausurados.

Luego del paro nacional, la dictadura ordenó quitar el permiso a más de nueve farmacias, incluidas grandes cadenas de farmacias, lo que ocasionó alarma sobre el impacto que esta medida podría tener en el abastecimiento de medicina para la población.

Entre las cadenas afectadas figuraron Medco y Kielsa, pero estas recuperaron en corto plazo las licencias, luego de apelaciones.

Medco había confirmado a LA PRENSA  que tras sumarse al paro se había ordenado el cierre de cinco de sus sucursales y estaba en apelación.

En el caso de Kielsa, varios de sus locales fueron clausurados, por lo que vino a Managua un alto cargo de dicha cadena de origen hondureño para poder reabrirlas, en un ambiente de total hermetismo.

Así fue el proceso de cierre

Sobre las farmacias que están reabriendo en el norte del país, la mañana del 31 de mayo pasado las autoridades del Minsa, Nueva Segovia, notificaron la clausura de las mismas.

El argumento esgrimido por Ergin Paul Rodríguez Silva, director general de Salud de Nueva Segovia, fue que se mandaba a clausurar de forma definitiva a ambas farmacias por haber infringido lo establecido en la Ley 292, después de una supuesta inspección realizada en el Inmaculada y San Martín, donde habían verificado que estos negocios no se encontraban funcionando ese día, incumpliendo así el objetivo por el cual fue otorgada la licencia sanitaria.

Al respecto, Rivera explicó que cuando se cerraron ambas farmacias no se había seguido el procedimiento de ley por parte del Gobierno y además no se agotaron los procedimientos administrativos de llamadas de atención o multas.

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