Este 16 de junio se cumplió un mes del asesinato del preso político Eddy Montes Praslin dentro del Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro en Tipitapa a manos de un centinela que disparó su arma de reglamento contra los reos de la Galería 16-1.
Las autoridades de Gobernación, ni otra instancia del régimen, aún no informan sobre los resultados de la investigación del crimen.
Tanto el Ministerio de Gobernación, mediante una nota de prensa difundida el día de los hechos, como Valdrack Jaentschke, vicecanciller de Nicaragua, en una intervención ante la Organización de Estados Americanos (OEA) afirmaron que hay una investigación abierta desde el mismo día del asesinato.
Jaentschke, mantuvo la versión del Ministerio de Gobernación de que Montes “murió porque se avalanzó sobre un custodio” del Sistema Penitenciario durante un supuesto amotinamiento. El funcionario dijo que en el suceso resultaron heridos 21 funcionarios del penal, pero no mencionó que producto del ataque hay más de noventa presos políticos heridos, según denunciaron sus familiares, abogados y organismos de derechos humanos.
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Según Francisco Montes, primo de la víctima, él junto a Eddy Jafet, hija del reo fallecido, realizaron todas las gestiones ante el Instituto de Medicina Legal (IML), el Ministerio Público y la Policía Orteguista (PO) demandando una investigación imparcial sobre las circunstancias en que se dio la muerte del autoconvocado, quien también es ciudadano estadounidense, pero a la fecha siguen esperando las llamadas de estas instituciones.
“Del Gobierno no esperamos nada. En Plaza el Sol nos recibieron de mala cara, nos sacaron custodiados del lugar junto con la abogada Leyla Prado. En la Fiscalía nos dijeron, ahí les vamos a llamar, y nada. Acá seguimos esperando justicia por la muerte de mi primo”, explicó Francisco Montes.
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La hija de la víctima regresó a los Estados Unidos por asuntos de trabajo, aseguró su tío, pero dejó en su representación a la abogada Prado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), quien también representaba a Montes Praslin en el juicio que el orteguismo llevaba en su contra por terrorismo y otros delitos, por apoyar manifestaciones contra el régimen de Daniel Ortega.
El Instituto de Medicina Legal, donde se le practicó la autopsia a Montes, también se ha negado a compartir resultados del estudio postmorten con familiares del difunto. Además, han negado compartir algunas pruebas puntuales practicadas al cuerpo de Montes, para que médicos independientes completen los resultados de la autopsia privada.
“Efectivamente no hay nada. Ni una sola respuesta de las instituciones. Veremos que pasa en esta semana”, dijo la abogada Leyla Prado, quien también pidió informe de las circunstancias en que ocurrió la muerte de Montes ante el juez orteguista Melvin Vargas, quien tenía a su cargo el expediente del autoconvocado de origen matagalpino y por ende, debía exigir explicación a las autoridades del sistema penitenciario sobre las circunstancias de su asesinato.
Después de la muerte de Montes Praslin, los presos políticos excarcelados, que estuvieron durante el ataque a reos políticos el pasado 16 de mayo, han afirmado que Montes fue asesinado por un guardia y que en ningún momento trató de quitarle el arma a un centinela. Aseguran que estaba dentro del perímetro de seguridad, desmintiendo la versión oficial del régimen del supuesto amotinamiento.
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Otros enigmas en la muerte de Montes son las horas posteriores al disparo, su traslado al hospitalito Yolanda Mayorga de Tipitapa y las prácticas de reanimación hechas por el personal, si fueron o no a lo inmediato, o simplemente lo dejaron morir a como sospechan médicos independientes. Así como el caso de Alvarito Conrado, a quien negaron atención médica y dejaron que se desangrara, tras recibir un balazo en la garganta de un francotirador de la Policía Orteguista.p