Human Rights Watch presentó este miércoles un informe sobre la represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra los manifestantes y opositores en Nicaragua que protestan desde abril de 2018. La memoria, según detalla el organismo, insta a los gobiernos de América y Europa “a aplicar sanciones individuales contra altos funcionarios nicaragüenses” y a que ejerzan presión para hacer justicia por las víctimas mortales y los lesionados.
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El organismo denuncia las torturas que han sufrido los manifestantes en las cárceles y los procesos judiciales viciados en su contra, así como la persecución judicial de la que son víctimas los manifestantes. También muestra la negativa del sector salud de atender a los heridos en las protestas que se desarrollaron en todo el país y, que por el asedio y persecución policial y paramilitar, ha adquirido otras formas.
El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, presentó este miércoles un informe de la represión policial que vive Nicaragua desde el 18 de abril del año pasado, en el que se pide a la comunidad internacional aplicar sanciones selectivas a Daniel Ortega y a una lista de mandos de la Policía Orteguista (PO), que incluye a la exjefa de esa institución, Aminta Granera.
Vivanco manifestó que la comunidad internacional no se debe dejar engañar por la dictadura y dijo que Ortega y su esposa, Rosario Murillo, deben ser tratados por parias internacionales.
En la presentación del informe, Vivanco insistió en la necesidad de aplicar sanciones a Nicaragua. También expresó que se le ha venido haciendo una serie de llamados al régimen para detener la represión, pero Ortega “se burla de la OEA, de las víctimas, de la comunidad internacional”. “La presión internacional no puede cesar, debe mantenerse y multiplicarse. Un mecanismos que nos parece, no solo apropiado, adecuado, sino además necesario son las sanciones que prevé la Carta Democrática. Ya basta de resoluciones y de dilaciones. Ese régimen no entiende un lenguaje que no sea el de incrementar la presión. Hay que tratar a Ortega y a Murillo como lo que son: unas parias internacionales que han construido en Nicaragua una tiranía que debe ser objeto de un escrutinio, fiscalización y sanción por parte de la OEA”.
Presentación del informe
El informe fue presentado por Vivanco y Tamara Taraciuk Broner, investigadora senior para las Américas del mismos organismo. El informe es una cronología de los hechos ocurridos en el país desde el 18 de abril de 2018, cuando comenzó la represión contra las protestas civiles que demandan la salida de Daniel Ortega del poder. El documento describen con detalle los abusos sufridos por 23 personas, incluidos abusos durante la detención, así como detenciones arbitrarias y procesos judiciales.
Vivanco reveló que este año tuvo contacto con el canciller Denis Moncada en las instalaciones de la OEA, con motivo de una reunión sobre Nicaragua. Vivanco dijo que es imposible establecer un diálogo mínimamente racional con el canciller Denis Moncada, porque tienen un discursos que falta plenamente a la verdad y no tiene ninguna relación con la realidad de Nicaragua. “Lo que él (Moncada) repite es una propaganda del régimen. Me parece que en esas circunstancias, mantener o intentar un intercambio de comunicaciones es absolutamente inútil”, dijo Vivanco.
Tamara Taraciuk Broner dijo que la Cruz Roja Internacional tiene un acuerdo de confidencialidad, por eso no dan detalles de los presos políticos. Recalcó que el régimen nunca ha dejado de reprimir y que recientemente se reprimió iglesias y manifestaciones ciudadanas.
Vivanco dijo que las excarcelaciones de los presos políticos son una “cortina de humo” del régimen, para limpiar su imagen, para evitar más sanciones, para aplacar las críticas internacionales y para evitar que la OEA aborde la situación de Nicaragua. Detalló que los presos políticos están en un limbo jurídico y que son rehenes de la dictadura. Por otra parte, sobre las denuncias de que más de 80 aún siguen en la cárcel, Vivanco dijo que no tienen manera de determinar quienes siguen presos, porque no existe transparencia de parte del Gobierno.
Tamara Taraciuk Broner, investigadora senior para las Américas de Human Rights Watch, intervino en la conferencia para agregar la orden al cuerpo médico de Nicaragua de no dar atención a los manifestantes heridos. Dijo que el informe contiene una entrevista con un doctor sobre esto.
José Miguel Vivanco presenta el informe de Human Rights Watch sobre la “Brutal represión: tortura, malos tratos y juicios contra manifestantes y opositores en Nicaragua”. Vivanco dijo que “hay extensa documentación no solo testimonial en el informe, sino también contamos con fotografías y otras evidencias que demuestran, en términos enequívocos estos hechos”. El funcionario internacional destacó que ningún policía es sujeto de investigación por la represión perpetrada contra los manifestantes. “Estamos acostumbrados en esta región a que las autoridades cuando se producen abusos policiales, brutalidad policial, en muchos casos a lo menos intentan dar la apariencia de que se están investigando a los policías, investigaciones que muchas veces no llegan a ningún destino. En este caso en particular (de Nicaragua) ni si quiera eso. El gobierno de Ortega y de la señora Murillo, ni siquiera han visto la necesidad de abrir investigaciones contra agentes policiales, debidamente identificados, en distintas localidades del país, como autores materiales y como instigadores, como participes de crímenes atroces”.
Vivanco mencionó que solo un parapolicial ha sido condenado por estos crímenes, de los cientos que participaron en la represión que significó la muerto de más de 300 personas y más de 2000 heridos a manos de “las fuerzas policiales y los hampones del gobierno”.
Vivanco dijo que de los asesinatos, de los heridos y de las torturas se sabe muy poco. “El gobierno encubre estos hechos, los oculta, los trata de ignorar”. También denunció la represión a los organizaciones de la sociedad y a los medios de comunicación críticos.
El funcionario dijo que las personas detenidas por manifestarse no han contado con un juicio justo, los procesos han sido manipulados, los cargos han sido objeto de una tergiversación, son acusados de terrorismo que no están sustentados, no tiene acceso a sus abogados, no existe transparencia en las audiencias, porque “en Nicaragua no existe independencia judicial, los tribunales son apéndice del régimen, están férreamente controlados por el régimen”.
Vivanco explicó las condiciones de la Ley de Amnistía aprobada en Nicaragua. Dijo que los presos políticos jamás debieron haber sido arrestados. “Los excarcelados en su gran mayoría están en el limbo jurídico legal. No hay ninguna seguridad jurídica de su estatus judicial. No sabemos si pueden regresar a prisión, de hecho, hay muchos de estos prisioneros que continúan bajo arresto domiciliario, incluso han sostenido públicamente, que todos los liberados han sido liberados bajo medidas cautelares. Es decir, la idea es sujetarlos a un proceso penal, mientras están fuera de la prisión con el propósito de mantenerlos intimidados, con una espada de Damocles sobre los hombros. Hay una enorme inseguridad jurídica respeto a los que han sido liberados y en general, las liberaciones se han dado con un condicionamiento, según el cual podrían regresar a prisión si los prisioneros políticos son sorprendidos protestando contra el régimen”, dijo Vivanco. “Para la dictadura de Ortega y Murillo delinquir significa por ejemplo expresar una opinión crítica, disidente frente al régimen, lo sabemos, lo constatamos porque los testimonios en este informe así lo demuestran”.
Vivanco hizo un llamado a la comunidad internacional a no dejarse engañar por la “cortina de la dictadura” que “mediante la liberación de los presos pretende mejorar su imagen internacional”. “Es hora de redoblar la presión sobre el régimen de Nicaragua. Las razones por las cuales el régimen está liberando a los presos, es precisamente por la presión que se ha ejercido a nivel internacional. La comunidad internacional debe redoblar e insistir e incrementar esa presión internacional que se puede traducir en la aplicación de sanciones individuales con el congelamiento de bienes, de cuentas bancarias, de recursos y también la cancelación de visas de funcionarios del régimen, tanto uniformados como civiles y por supuesto también miembros del poder judicial que han prestado para encubrir estos hechos”.
Vivanco específico su llamado a Canadá, al Grupo de Lima, la Unión Europea “deben imponer sanciones individuales, porque es el único lenguaje que el señor Ortega y la señora Murillo entienden. Se trata de una dictadura transaccional. Si la comunidad internacional baja la guardia, olvidense de mejorías en cuando a libertades públicas, derechos fundamentales o transición hacia la democracia en Nicaragua. El régimen está aferrado al poder y lo va a seguir ejerciendo a perpetuidad mientras pueda”.
Vivanco detalló que el informe ofrece un listado de personas que deben de ser sujeto de sanciones, empezando por Daniel Ortega, no solo en su calidad de jefe de Estado, sino como jefe supremo de la Policía Nacional, de acuerdo a la Constitución de Nicaragua. “Debido a que la Policía está directamente comprometida y fundamentalmente comprometida en hechos atroces, él (Ortega) debe responder personalmente y debe ser objeto de sanciones individuales, selectivas a sus bienes y a las visas que pudieran beneficiarlo a él e incluso a los miembros más cercano de su grupo familiar por hechos de violaciones de derechos humanos y cuestiones relacionadas a corrupción. Vivanco recordó que la Unión Europea cuenta con los mecanismos para aplicar este tipo de sanciones selectivas y lo debe hacer. El funcionario celebró la aprobación de la Nica Act en Estados Unidos, una ley de sanciones dirigidas al régimen de Nicaragua, y dijo que otros países deberían replicar estas acciones.
Quienes deben ser sancionados
Vivanco sugirió que otros sancionados deben de ser la exjefa de la Policía, Aminta Granera; el actual jefe de la Policía, Francisco Díaz, quien ya está sancionado por parte de Estados Unidos: el subdirector de la Policía y jefe de la Policía de Masaya, Ramón Avellán; el inspector general de la Policía, Jaime Vanegas; el jefe de la cárcel del Chipote (Dirección de Auxilio Judicial), Luis Pérez Olivas y el jefe de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (DOEP), Justo Pastor Urbina. “Estas son las autoridades que nosotros proponemos, que sean objeto de sanciones específicas por su responsabilidad directa en las violaciones de derechos humanos cometidos a partir del 18 de abril del año pasado (2018) hasta el día de hoy en Nicaragua. Haremos campaña a nivel global, en los Estados Unidos, en Canadá, en Europa y también con las principales democracias latinoamericanas. Deben rendir cuentas a nivel internacional, porque en Nicaragua no existen las instancias independientes capaces de castigar a estos violadores de derechos humanos”, dijo Vivanco.
El informe, según Vivanco, establece la obligación de la Organización de Estados Americanos, de los estados miembros de la Unión Europea y también a las autoridades de Estados Unidos de aplicar la jurisdicción universal frente aquellos que hayan violaciones graves a los derechos humanos.
“Hay tratados, hay estándares internacionales en vigencia que se pueden utilizar por parte de las autoridades judiciales para detener y procesar a aquellas personas, autoridades, civiles o militares o judiciales que puedan tener responsabilidades directas en violaciones de derechos humanos. Esa jurisdicción universal se ha aplicado en casos muy conocidos a nivel global. Creemos que hay que recordarles a las autoridades democráticas del resto del mundo que es un instrumento válido y que debe utilizarse en la medida en que alguno de estos personajes se encuentre bajo la jurisdicción de alguno de estos países comprometidos con la promoción de los derechos humanos a nivel global”, dijo Vivanco.
Vivanco dijo que la reunión de la OEA en Medellín (Colombia), debe ser la oportunidad para que los Estados miembros le apliquen al gobierno de Nicaragua la Carta Democrática. “El caso de Nicaragua debe seguir recibiendo la máxima atención por parte de la OEA y la Carta Democrática fue concebida precisamente para este tipo de casos”, dijo Vivanco.
Vivanco también llamó a la comunidad internacional a suspender el financiamiento a la Policía Nacional de Nicaragua. Vivanco dijo que descubrieron que gran parte del presupuesto de la Policía de Nicaragua es financiado por la cooperación internacional, tanto por la Unión Europea, como por la Agencia de Cooperación para el Desarrollo, originaria de España, y también por el Banco Centroamericano de Integración, son las fuentes de cooperación de la Policía. Vivanco reveló que el año pasado la Unión Europea le hizo una donación a la Policía de Nicaragua de un millón 200 mil dólares y espera que esa donación haya sido suspendida.