“Las sanciones impuestas hoy (ayer), junto con Canadá, a aliados clave del régimen de Ortega en Nicaragua, reafirman nuestro compromiso de apoyar la búsqueda de democracia y justicia del pueblo nicaragüense, y promueven rendición de cuentas por corrupción y violaciones a derechos humanos”. Así reaccionó la subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Kimberly Breier, en su cuenta de Twitter al referirse a las sanciones que Estados Unidos aplicó ayer viernes a los funcionarios orteguistas Gustavo Porras, actual presidente de la Asamblea Nacional; Sonia Castro, ministra de Salud; Óscar Mojica, ministro de Transporte, y Orlando Castillo, director de Telcor.
Las sanciones norteamericanas a los funcionarios leales de la dictadura de Daniel Ortega se dan tres días después que el régimen incumpliera los acuerdos con la Alianza Cívica, los cuales consistían en la liberación de todos los presos políticos y la restitución de los derechos y las garantías ciudadanas que la dictadura mantiene también secuestrados, con el apoyo de la Policía Orteguista (PO) y sus paramilitares.
Defender la democracia
John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, también reaccionó a las sanciones aplicadas a los funcionarios orteguistas.
“Las acciones actuales de Estados Unidos y Gobierno de Canadá sobre Nicaragua son una fuerte señal de nuestros esfuerzos conjuntos para defender la democracia y los derechos humanos en el hemisferio occidental. Estamos comprometidos a trabajar juntos con nuestros socios regionales para asegurar que la democracia y el Estado de derecho se restablezcan en Nicaragua”, aseguró el funcionario estadounidense.
Senador Marco Rubio da ultimátum
El senador Marco Rubio dio un ultimátum a la dictadura nicaragüense, para que cumpla con todos los compromisos firmados en la mesa de negociaciones, entre estos la liberación sin condiciones de todos los presos políticos.
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El senador estadounidense insta a Ortega a reconsiderar su postura y que cumpla con lo pactado, si no serán aplicadas más sanciones, como lo establece la Nica Act. “La represión tiene que terminar. No se les olvide, NicaAct y demás sanciones están sobre la mesa por pretender usar las negociaciones como una táctica de engaño”, manifiesta en el último tuit de Rubio.
José Pallais, miembro negociador de la Alianza Cívica, expresó que las sanciones a los funcionarios de la dictadura orteguista son un mensaje contundente de la comunidad internacional ante la falta de voluntad política de Ortega, en encontrar una salida negociada a la crisis del país.
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“Es evidente que la comunidad internacional considera los acuerdos como incumplidos. Esperaron que se venciera el plazo de los noventa días para analizar la voluntad o el compromiso del gobierno en cumplir y la falta de cumplimiento en el acuerdo de liberación de presos políticos y el incumplimiento total en el acuerdo de los derechos y garantía ciudadanas. También el deterioro creciente en materia de respeto de los derechos humanos y la inseguridad de los excarcelados. Todo eso está desencadenando una respuesta del Gobierno de los Estados Unidos y de otros gobiernos que ven frustrados sus iniciativas políticas y diplomáticas para encontrar una salida negociada de la crisis en Nicaragua”, sostuvo Pallais.
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Las sanciones a los funcionarios del entramado orteguista son las primeras acciones de la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua de 2018, escribió en redes sociales el opositor en el exilio Félix Maradiaga.