El exteniente de la policía, Edwin Antonio Hernández Figueroa, quien grabó un video antes de intentar salir del país, donde explicaba que abandonaba la institución porque no estaba de acuerdo con reprimir a los opositores del gobierno es acusado de tráfico de estupefacientes, porque supuestamente agentes policiales le ocuparon dos paquetes de cocaína. Ahora tendrá que ir a juicio.
El Ministerio Público señala que a eso de las 2:40 de la tarde del 10 de junio de 2019, al momento de detener a Hernández en el puesto fronterizo de El Guasaule, departamento de Chinandega, le encontraron los dos paquetes de droga que los llevaba ocultos en una mochila.
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Según la acusación fiscal, en el puesto fronterizo, un oficial que resguardaba el lugar vio que Hernández observaba para todos lados y en actitud sospechosa y al solicitarle la documentación el acusado procesado se dio a la fuga por un camino montoso donde no hay vigilancia fronteriza, pero el agente de la Policía le dio persecución y logró capturarlo.
El video que grabó Hernández fue entregado a la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), que informó que él pertenecía al área de antinarcóticos. Previendo su captura, él grabó el video donde denunciaba las arbitrariedades que comete la Policía. El exteniente responsabilizaba a la Policía de cualquier cosa que le ocurriera a él y su familia.
Pesaje de la droga
Según el pesaje realizado por la Policía, el primer paquete pesó 1,155.9 gramos y el segundo paquete 1,145 gramos.
La Fiscalía informó al juez Quinto Distrito Penal de Audiencia, Julio César Arias, que tenía testimoniales, periciales y otras pruebas contra el acusado Hernández, para la etapa de juicio.
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El judicial admitió el intercambio de información de pruebas y resolvió mantenerle al acusado la prisión preventiva y lo envió a juicio para el próximo 15 de julio.
Defensa pidió cinco días
La abogada Leyla Prado, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), quien asistió al acusado Edwin Hernández, solicitó al judicial que no remitiera el caso a juicio y que le diera cinco días a la Fiscalía para mejorar el intercambio de información de pruebas porque era insuficiente.
El judicial rechazó la petición de la defensa, argumentando que había abundante prueba contra el procesado que sustentan la acusación contra el expolicía.