Régimen aún no entrega bienes confiscados a presos políticos

En los próximos días, abogados y abogadas defensoras presentarán escritos solicitando el cierre definitivo de los expedientes de sus representados y la entrega respectiva de sus bienes

Casas y edificios, vehículos, computadoras, celulares, motos y dinero en efectivo son parte de los bienes que la Policía Orteguista arrebató y aún no regresa a muchos reos políticos excarcelados.

Las personas que fueron secuestradas por la Policía Orteguista (PO) aún esperan sentencia absolutoria y entrega de sus bienes, según Ley de Autoamnistía, que entró en vigencia el pasado 10 de junio.

En los próximos días, abogados y abogadas defensoras de presos políticos estarán presentando escritos ante los diferentes juzgados de Managua, solicitando el cierre definitivo de los expedientes de sus representados y la entrega respectiva de sus bienes.

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“La Ley de Amnistía (Ley de Autoamnistía) tiene que ponerse en práctica en los expedientes, para que los jóvenes autoconvocados puedan tener seguridad. No tengo ningún expediente cerrado con esa ley ni un bien regresado”, dijo la abogada Yonarqui Martínez.
Según Martínez, ella acompaña a firmar a sus representados a los juzgados y hace peticiones a los judiciales, pero a la fecha ninguno ha proveído.

Los abogados penalistas Boanerge Fornos y Maynor Curtis expresaron que la amnistía significa “perdón y olvido” y, por tanto, conlleva a regresar los bienes incautados tal a como estaban.

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“Todos los bienes ocupados están en manos de la Policía y tiene que regresarlos en el mismo estado en que se encontraban al momento de la ocupación”, dijo Martínez.

PO “custodia” bienes

Entre los bienes en manos de la PO están el edificio donde funcionaba el canal 100% Noticias, del periodista excarcelado Miguel Mora; la casa de Irlanda Jerez, que está ocupada —según su dueña— por paramilitares armados. Ambas son propiedades valiosas por estar ubicadas en lugares céntricos de la capital.

Otro caso emblemático es el de la presa política diriambina Kicha Cristelia López, una mujer transgénero de 29 años a quien durante la captura y el allanamiento, el 9 de julio de 2018, un día después del ataque a balazos a esa ciudad de parte de fuerzas paramilitares, la PO llegó a su casa, destrozó todo lo que había y se le llevó 52,652 córdobas y 36,756 dólares, que era todo su capital de trabajo.

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“Yo pedí que contaran todo mi dinero en mi presencia e hicieran acta, para que así mismo me regresen toda mi plata que he reunido desde muy joven con mucho trabajo. La gente a quien hago préstamos, que eran policías, saben el origen de mi plata y quiero que me la regresen completa”, dijo Kicha.

A otros reos políticos, como Kevin Pérez de Estelí, le tienen dos motos que son sus herramientas de trabajo.

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