Los expertos en temas políticos José Luis Velásquez y Eliseo Núñez coinciden en que el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, todavía está sujeto a recibir sanciones directas de Estados Unidos como ha pasado con sus funcionarios y operadores políticos leales, así como su familia, incluyendo a su esposa, la vicedictadora Rosario Murillo, y su hijo Laureano Ortega Murillo.
Velásquez interpreta que las sanciones directas de Estados Unidos a Ortega cerrarían toda opción de negociación que conduzca a una solución pacífica a la crisis sociopolítica de Nicaragua.
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“Si sancionan a Ortega, la negociación termina y pasaríamos a una situación de confrontación directa, porque lo que buscan las sanciones es poner a Ortega bajo presión para que negocie seriamente, porque hasta ahora Ortega no negocia, sino que se impone”, sostiene Velásquez, también exdiplomático.
Estados Unidos y Canadá impusieron sanciones el último viernes a cuatro funcionarios del régimen de Daniel Ortega, entre estos el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras; la ministra de Salud, Sonia Castro; al ministro de Transporte e Infraestructura, Óscar Salvador Mojica, y a Orlando Castillo, director de Telcor.
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Canadá incluye además en su lista a los funcionarios previamente sancionados por Estados Unidos: Rosario Murillo, Fidel Moreno, Laureano Ortega, Néstor Moncada Lau y Francisco Díaz, este último actual director general de la Policía Orteguista (PO).
Con estos nuevos sancionados, Estados Unidos aumenta a nueve la cifra de su lista del programa “Nicaragua related sanctions” (sanciones relacionadas a Nicaragua), dirigido especialmente para castigar a corruptos y violadores de derechos humanos en el país y que es administrado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés).
Ortega manipula negociación
Velásquez, exembajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), señala que hasta hoy Ortega “ha jugado o manipulado” los procesos de negociación que buscan una solución a la crisis de violencia estatal que el país vive desde abril de 2018.
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“Ortega no ha negociado, lo que él hace es jugar o manipular las negociaciones, entonces, la comunidad internacional lo que hace es presionarlo, crearle un estado de sitio para que verdaderamente Ortega negocie”, explica el experto.
“Todo lo que Ortega ha propuesto y ha firmado lo ha incumplido; entonces, lo que las sanciones pretenden es sentar a Ortega para que negocie seriamente, para que no se siga burlando del pueblo de Nicaragua”, afirma el exdiplomático, al analizar qué pretenden las sanciones que funcionarios del régimen vienen recibiendo por Estados Unidos, Canadá y posiblemente la Unión Europea.
Ortega sería el último sancionado
Por su parte, Eliseo Núñez refiere que Estados Unidos, al sancionar a Ortega, estaría cerrando alguna posibilidad de solucionar la crisis por la vía cívica y constitucional.
“No lo sancionan aún porque la idea es dejar una salida a la crisis. La idea todavía es obligar a Ortega a negociar, pero en unos meses más adelante esa idea va a ser abandonada si Ortega sigue en una posición llena de arrogancia y estupidez al negarse a resolver la crisis política del país”, resalta Núñez, miembro del ala opositora en la Unidad Azul y Blanco.
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Las sanciones contra Gustavo Porras se dan por promulgar acciones políticas que han socavado las instituciones democráticas de Nicaragua y promover la Ley de Autoamnistía que otorga impunidad a los policías y paramilitares orteguistas que reprimieron a los manifestantes; en el caso de Sonia Castro por dirigir el Ministerio de Salud, que violó los derechos humanos de los autoconvocados heridos. A Orlando Castillo lo sancionan por silenciar a los medios de prensa independientes; y a Óscar Mojica por manejarle las finanzas a Ortega y Murillo y promover la estrategia de “exilio, cárcel o muerte”.
Régimen en silencio
Tras conocerse las sanciones de Estados Unidos y Canadá contra funcionales leales a Ortega y Murillo, estos no se han pronunciado al respeto. Sin embargo, la vicedictadora de Nicaragua, Rosario Murillo, el viernes reciente, horas después de conocerse las sanciones contra sus leales, se refirió a los opositores como “personas llenas de odio”. “No saben anunciar el evangelio de la paz”, expresó Murillo, sin precisar nombres. Murillo es señalada de promover la violencia contra los ciudadanos que participaron en la rebelión cívica.