El juez Único Local de Quilalí, en Nueva Segovia, programó para las 9:00 de la mañana del martes 25 de junio el juicio en contra del autoconvocado Diomedes Reyes Hernández, confirmó Tania Carrasco Betancur, su abogada defensora. Reyes había regresado recientemente del exilio confiado en el plan de “retorno seguro” del régimen de Daniel Ortega.
Reyes, de 22 años, fue secuestrado el 27 de mayo pasado por paramilitares y antimotines en la comunidad La Palanca y días después la Policía Orteguista (PO) lo señaló de tenencia ilegal de armas.
Carrasco, quien el año pasado fungía como fiscal del Ministerio Público en el departamento de Madriz, aseguró que el día del juicio trasladarán a su defendido desde la ciudad de Ocotal al poblado de Quilalí. “Él permanece bajo medidas de prisión preventiva en la delegación (cuartel) de la Policía (orteguista) de Ocotal”, refirió la abogada.
La acusación presentada por el fiscal del Ministerio Público, Hernaldo Briones Zamora, se basa en un supuesto operativo que realizó la Policía a eso de las 9:00 de la noche del 27 de mayo, en un retén ubicado en el sector La Pimienta, en Quilalí, y donde Reyes fue detenido. Según el comunicado que emitió la Policía fue detenido mientras viajaba a bordo de una motocicleta y que, al ser requerido, se le habría encontrado una pistola marca Colt, calibre 45, por lo que fue acusado por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego.
Sin embargo, la acusación contrasta de las denuncias que hace la mayoría de los habitantes de la comunidad de La Palanca y de los familiares de la víctima, quienes aseguran que a Reyes lo llegó a sacar a la fuerza de su casa un grupo de paramilitares armados y de antimotines de la Policía. “A Diomedes lo vinieron a sacar de su casa, a eso de las 9:00 de la noche de ese día, los paramilitares encapuchados y armados a bordo de varias camionetas blancas y los antimotines, y se lo llevaron secuestrado de la comunidad de La Palanca, aquí en Quilalí, y lo iban pateando y golpeando”, afirmó Rafael Martínez, poblador de una comunidad aledaña, y que observó lo sucedido mientras transitaba por el lugar.
En tanto Melida Hernández Centeno, madre de Reyes, denunció que su hijo ha sido objeto de torturas por parte de paramilitares y de agentes en el comando de esa institución donde lo mantienen secuestrado. “Yo lo he visto todo golpeado y demacrado”, dijo.
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La Alianza Cívica por la Justicia y la democracia (ACJD) registra a Reyes como parte de los más de 80 presos políticos del régimen de Daniel Ortega que aún no ha liberado como parte de un acuerdo alcanzado en la mesa de negociaciones entre la Alianza y representantes del régimen.
Regresó en enero de Costa Rica
Reyes regresó en enero de este año de Costa Rica, hasta donde se había exiliado a mediados del año pasado, huyendo de las amenazas de muerte y persecución de paramilitares asalariados y de la Policía por haber participado junto a su padre, quien también se mantiene exiliado en ese país vecino, en las marchas contra Ortega. El joven regresó al país creyendo en las promesas de que el gobierno ya estaba facilitando el retorno a todos los que habían salido huyendo en el contexto de lo sucedido en abril del 2018.
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“Ellos (antimotines) vinieron a eso de las 8:00 de la noche a bordo de varias camionetas de patrullas de la Policía (Orteguista) y los paramilitares en camionetas blancas, llegaron del poblado de Quilalí, y sacaron a mi sobrino Diomedes Reyes Hernández a golpes y patadas antes de subirlo a la tina de esos vehículos, y se lo llevaron con destino desconocido”, dijo en su momento José Reyes Moreno, tío del joven campesino secuestrado.
“Antes de irse con mi sobrino secuestrado estos amenazaron a las familias de esta comunidad de apellidos Martínez, Reyes, Peralta y Moreno, por haber participado de las protestas y marchas campesinas en esta zona”, agregó José Reyes.
Los paramilitares que ayudaron en el secuestro de Reyes operan desde abril del 2018 en todas las zonas de Nueva Segovia, donde abiertamente reciben apoyo de alcaldes orteguistas, dirigentes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y de mandos de la Policía Orteguista (PO) de este departamento.