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Negociaciones en crisis

Las negociaciones entre el régimen de Daniel Ortega y la oposición se mantienen estancadas desde el 20 de mayo, cuando la Alianza Cívica se retiró de la mesa de diálogo y declaró que solo regresaría “hasta que el Gobierno excarcele, previo a su liberación definitiva, a los presos políticos de la lista conciliada en poder del Comité Internacional de la Cruz Roja”.

En esa ocasión, la Alianza Cívica también convocó a un paro nacional de 24 horas —para presionar a la dictadura y en protesta por el asesinato en prisión del preso político Eddy Montes Praslin— que se cumplió exitosamente el jueves 23 de mayo.

A estas alturas del tiempo la Alianza Cívica no ha regresado a la mesa de negociaciones, a pesar de que el régimen asegura haber cumplido el acuerdo de excarcelación de los presos políticos de “la lista conciliada” por la Cruz Roja. Pero es que en otra parte del acuerdo del 27 de marzo se dice claramente que “todos los presos políticos” serán excarcelados, y además, por diversas razones algunos quedaron fuera de la lista de la Cruz Roja y a otros los encarcelaron después de la firma del acuerdo. Por otra parte, la Policía y las bandas de paramilitares orteguistas siguen secuestrando y encarcelando a personas que participan en las protestas relámpago autoconvocadas.

De manera que es comprensible que la Alianza Cívica mantenga la condición de que para volver a la mesa de negociaciones el régimen debe dejar en libertad a todos los presos políticos. Esta es una cuestión humanitaria, pero también es un requisito político indispensable para poder avanzar hacia la democratización del país, el único sentido que tienen las negociaciones con la dictadura.

Además, no solo se debe poner en libertad a todos los presos políticos sino que también hay que “restaurar por completo las libertades en Nicaragua, incluido el derecho a la vida, la libertad, la libre expresión, el derecho de asociación y manifestación, entre otros”, como indicó la Secretaría General de la OEA en su declaración del 20 de junio.

Daniel Ortega debe decidir si quiere que el Estado de Nicaragua siga siendo un socio decente y respetable en las Américas, para lo cual debe respetar e implementar las normas de la Carta Democrática Interamericana, o si prefiere seguir imponiendo a sangre y fuego la dictadura y ser un paria internacional, como lo señaló sin ambages diplomáticos José Miguel Vivanco al presentar el nuevo informe de Human Rights Watch sobre la desastrosa situación de los derechos humanos en Nicaragua.

Muchas personas, algunas con fuerte influencia mediática, se desesperan por el sabotaje permanente de Ortega a las negociaciones con la oposición y plantean que es necesario buscar otro camino. Pero el diálogo o la negociación no solo es la mejor vía, sino la única posible, para abrir el camino a la democratización de Nicaragua.

Aunque por ahora las negociaciones están en crisis por culpa del régimen de Ortega, el curso de los acontecimientos podría en cualquier momento obligar a su continuación y a que resulten exitosas, por el bien de Nicaragua.

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