Las sanciones y el Ejército

Según analistas políticos, el caso de Mojica es el más importante porque la sanción es una advertencia indirecta que envía EE. UU. a los altos mandos del Ejército de Nicaragua, de que también podrían ser sancionados por su complicidad con la dictadura

Una mala consejera, Nicaragua

La más sonada de las sanciones de Estados Unidos (EE. UU.) a cuatro prominentes figuras de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha sido la del mayor general del Ejército en retiro Oscar Mojica, actual ministro de Transporte e Infraestructura (MTI).

Según analistas políticos, el caso de Mojica es el más importante porque la sanción es una advertencia indirecta que envía EE. UU. a los altos mandos del Ejército de Nicaragua, de que también podrían ser sancionados por su complicidad con la dictadura. Así opinan sobre todo antiguos ideólogos y estrategas sandinistas que ahora son disidentes del FSLN y abogan por la restauración de la democracia.

Pero el Departamento del Tesoro de los EE. UU., al informar en un comunicado las razones para sancionar a Mojica, lo acusa personalmente de “promover en la televisión la estrategia de ‘exilio, cárcel o muerte’ del régimen de Ortega para silenciar a la oposición, una política que ha dejado cientos de muertos, miles de heridos y decenas de miles de personas encarceladas, llevadas al exilio o desplazadas internas. Además —agrega el comunicado— Mojica administra una parte significativa de las finanzas personales y oficiales del presidente Ortega y de la vicepresidenta Murillo, incluidas las inversiones en plantaciones de café y establecimientos hoteleros”.

La subsecretaria del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker, explicó que con estas sanciones “Estados Unidos está enviando un mensaje inequívoco al presidente Ortega y su círculo íntimo: apoyamos al pueblo nicaragüense en sus llamamientos a la reforma y al retorno a la democracia”. Y agregó que EE. UU. no dudará “en tomar medidas contra aquellos que perpetúan la opresión o apuntalan el régimen de Ortega a expensas del pueblo nicaragüense”.

Quizás la expresión de Mandelker: “aquellos que apuntalan al régimen de Ortega”, signifique una advertencia a los altos mandos del Ejército. Sin embargo, otros analistas políticos nicaragüenses consideran que EE. UU. tiene una línea de comunicación directa con la jefatura militar de Nicaragua y no necesita enviarle mensajes encubiertos.

En Nicaragua se ha acusado al Ejército por no haber desarmado a los paramilitares que han masacrado a la gente indefensa, a pesar de que la Constitución dice en su artículo 95 que “no pueden existir más cuerpos armados en el territorio nacional que los establecidos por la ley”, o sea el Ejército y la Policía. Pero no está claro que esa norma constitucional sea una orden expresa al Ejército para que desarme a los civiles armados ilegalmente. Además, de acuerdo con la Ley de Organización y Funciones de la Policía y la Ley 510, Ley Especial para el Control y Regulación de Armas de Fuego, esto le corresponde a la misma Policía.

En ocasiones anteriores hemos dicho que lo que debió hacer el alto mando militar era persuadir a Ortega para que aceptara el adelanto de elecciones libres y limpias, como vía segura para superar la crisis sociopolítica, pacificar el país y empezar la nueva transición democrática. Todavía es tiempo de que lo haga.

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