El Grupo de Trabajo para Nicaragua solicitará a la Organización de Estados Americanos (OEA) que ordene al Consejo Permanente crear una comisión al más alto nivel, “para procurar una solución pacífica y efectiva a la crisis en Nicaragua”.
Para el sociólogo y analista político Óscar René Vargas, este sería el último intento de la OEA de buscar una salida negociada a la crisis que vive el país desde el 18 de abril de 2018, mientras que el régimen de Daniel Ortega seguirá ganando más tiempo con los tres meses que plantea la propuesta resolutiva del Grupo de Trabajo.
La Misión de Canadá, que preside el Grupo de Trabajo (integrado por 12 países más), fue quien informó este lunes del proyecto de resolución titulado “La situación en Nicaragua”.
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Este documento será presentado en la Asamblea General de la OEA, que inicia mañana y finaliza el próximo viernes en Medellín, Colombia.
El Grupo de Trabajo para Nicaragua fue creado por el Consejo Permanente de la OEA, en agosto del año pasado, con el objetivo de buscar soluciones pacíficas a la crisis que vive el país desde el 18 de abril de 2018 debido a la represión policial y paramilitar contra las protestas civiles que demandan la salida de Ortega del poder.
Punto 5 de la propuesta
La propuesta de resolución establece, en el punto cinco, que se debe “instruir al Consejo Permanente a que nombre una comisión que, en el marco del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, realice gestiones diplomáticas al más alto nivel, para procurar una solución pacífica y efectiva a la crisis política y social en Nicaragua y que rinda un informe en un plazo de tres meses”.
Según Vargas, como el Consejo Permanente de la OEA aún no tiene asegurado los 24 votos para suspender a Nicaragua del Sistema Interamericano, le subirán el nivel al Grupo de Trabajo y lo transformarán en una comisión que haga gestiones al más alto nivel, es decir, buscar un encuentro directo con Ortega y su esposa y cogobernante, Rosario Murillo.
“Régimen sigue ganando tiempo”
Vargas manifestó que este paso también significa que la negociación seguirá, pero con mayor presión diplomática. “Tanto los Estados Unidos como la OEA y la Unión Europea apuestan por una salida negociada con elecciones adelantadas. Creo que Ortega-Murillo siguen ganando tiempo. Mi cálculo es que las elecciones serán en noviembre 2020 o marzo 2021”, opinó el sociólogo.
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Por su parte, según Vargas, el Grupo de Trabajo tiene la esperanza de que el régimen Ortega-Murillo ceda en el retorno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), organismos que investigaron y demostraron las violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en Nicaragua desde el abril del año pasado.
Tres meses es “excesivo”
El exdiplomático Julio Icaza Gallard cuestionó que estén siendo “excesivamente generosos” con un plazo de tres meses, “para un Ortega que ha dado sobradas muestras de no querer una salida pacífica y negociada a la crisis”.
Vargas va más allá y calcula que este plazo se puede extender hasta cuatro meses, por los procedimientos burocráticos, lo que también valoró como ganancia para Ortega.
“A la concreta, Ortega-Murillo consiguen tres meses (mínimo), se incrementa la presión sobre la (opositora) Alianza Cívica para que regrese a la mesa de negociación sin condiciones, es decir, los presos en la cárcel y sin libertades básicas. A mi criterio la resolución es favorable a Ortega-Murillo”, agregó Vargas.
Icaza también tiene sus reservas sobre la creación de otra comisión, porque para él es probable que sea rechazada por Ortega, como ya lo ha hecho con otras.
“Si Ortega se ha negado a recibir al Grupo de Trabajo creado por el Consejo Permanente, ¿por qué va ahora a recibir a una comisión que será nombrada por este (mismo) Consejo Permanente? Distinto sería si la comisión fuese creada por la misma Asamblea a nivel de cancilleres”, consideró Icaza.
El exdiplomático espera que el proyecto de resolución pueda ser mejorado y se presente una revisión del mismo antes de la discusión del tema. Icaza además valoró que es “un asunto de negociación y de lobby”, pero también hizo ver que la organización opositora Alianza Cívica “debe hacer ver a los patrocinadores de la resolución estas incongruencias”.
Alianza Cívica optimista
José Pallais, miembro de la Alianza Cívica y exvicecanciller, dijo que este proyecto que será presentado por el Grupo de Trabajo y es un paso más en el proceso de aplicación de la Carta Democrática, para la búsqueda de una solución negociada a la crisis. Pallais insistió en que se debe agotar todas las etapas del proceso que implica la Carta, para restablecer el orden democrático en el país.
El también exvicanciller de Nicaragua Víctor Hugo Tinoco consideró que si Ortega no acepta esta nueva oportunidad de negociar, estará aislándose más internacionalmente y confirmando su falta de voluntad para negociar.
Ven faltas de congruencia en propuesta
El exdiplomático Julio Icaza Gallard observó una incongruencia entre el punto cuatro y cinco de la propuesta resolutiva que será presentada por el Grupo de Trabajo de Nicaragua ante la Asamblea General de la OEA.
El punto cuatro reitera “que las violaciones graves a los derechos humanos, a la libertad de expresión y de prensa en Nicaragua a partir de abril de 2018, y la falta de avance en reformas electorales que garanticen elecciones libres, justas, transparentes y legítimas, constituyen una alteración del orden democrático en los términos de la Carta Democrática Interamericana”.
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Gallard manifestó que estos señalamientos cumplen con una “alteración del orden democrático” en los términos de la Carta Democrática Interamericana, entonces para él las gestiones deberían ser de otra índole y no más gestiones diplomáticas, como lo establece el punto cinco.