Tras ser sancionados por Estados Unidos y Canadá, ¿qué pasará con la Ministra de Salud (Minsa), Sonia Castro; y el titular del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), Oscar Mojica Obregón al verse comprometidas sus firmas para contratar en sus instituciones? Este es un punto que analiza el excontralor general de la República, Agustín Jarquín Anaya.
A su juicio, ambos funcionarios que han mostrado su fidelidad al régimen de Daniel Ortega, deberían de abandonar sus cargos para no paralizar el funcionamiento y ejecuciones presupuestarias de las dos instituciones; pero de mantenerlos pasarían a desempeñar una actividad política, “pero ya sin protagonismo en los aspectos administrativos financieros”.
Su valoración la brinda luego de que los diputados de la Asamblea Nacional, dominada por el orteguismo, con trámite de urgencia reformaron el artículo 44 de Ley Orgánica (Ley 606), donde el presidente de ese poder legislativo, Gustavo Porras, pierde facultades administrativas por también haber sido sancionado por ambos países norteamericanos.
De no ser removidos de sus cargos o sometidos a cambios en cuanto a su poder de mando, Castro y Mojica Obregón tendrían problemas para firmar los contratos de los proyectos, que en el caso del MTI una parte significativa son respaldados por financiamientos externos, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Banco Mundial.
Además de sancionar a Castro, Mojica Obregón y Porras, Estados Unidos y Canadá lo hicieron con Orlando Castillo, director del Instituto de Telecomunicaciones (Telcor), por violaciones a los derechos humanos y corrupción.
Castro asumió el Minsa en marzo de 2010, después de la salida de Guillermo González; mientras que Mojica Obregón llegó al MTI en agosto de 2017, tras la efímera administración del ingeniero Amadeo Santana en este ente del Estado.
Caso de la Alcaldía de Managua
En julio de 2018 Fidel Moreno, secretario general de la Alcaldía de Managua, fue sancionado por Estados Unidos con la Ley Global Magnitsky y como resultado semanas después dejó de firmar las contrataciones en la comuna y de aparecer como administrador de la misma. Desde entonces quien autoriza formalmente es la alcaldesa Reyna Rueda.