Gabriel Ramírez Somarriba, de 38 años, es acusado por la Policía Orteguista (PO) de los supuestos delitos de fabricación, tráfico, tenencia y uso de armas. Él fue detenido el pasado 13 de junio en su casa de habitación en Masaya.
Verónica Nieto, asesora legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanso (CPDH), denunció el montaje que está realizando la PO en contra del autoconvocado, puesto que el acta de detención menciona que Ramírez Somarriba fue detenido el 14 de junio, cuando este fue secuestrado a las 5:00 p. m. del 13 de junio. Además, la orden de detención de la policía están en el intercambio de pruebas pero sin especificar la hora. A la víctima se le realizó este martes 25 de junio la audiencia preliminar.
“Él fue detenido ilegal y se solicitó a la juez que se decretara nulidad y se dejara en libertad (a Gabriel) por las inconsistencias que todos los recibos de ocupación no tienen número de registro ni hora, sin embargo, fue enviado a juicio bajo prisión preventiva”, manifestó Nieto.
La audiencia del juicio en contra de Ramírez Somarriba será el 15 de agosto. Junto con él, está siendo acusado su tío Franklin Caldera Navarrete, pero este se vio obligado a esconderse de la PO.
Amy Somarriba, madre de la víctima, exigió la libertad inmediata de su hijo, detenido solo por protestar contra el régimen de Daniel Ortega. “Ellos (el régimen) no me lo pueden tener preso hasta que ellos quieran porque él no ha matado nadie, y le pido a todas esas madres que están sirviendo de testigos que se pongan las manos en la conciencia, que la calumnia que están levantando en contra de él, tarde o temprano va a salir a la luz”, expresó Somarriba.
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Un día después de la detención de Gabriel Ramírez Somarriba, la PO entró agresivamente a la casa para intimidar a la familia. “Entraron sin ninguna explicación y sin ninguna orden. Ellos llegan y hacen lo que quieran con todo el pueblo. Es por eso que estoy exigiendo la libertad de mi hijo y la de toda la gente que está presa, que dejen en paz al pueblo”, dijo Somarriba.
El “triángulo perverso”
La abogada Verónica Nieto calificó de “triángulo perverso” la actuación del Ministerio Público, Policía Orteguista y Poder judicial, ya que “no existe el mínimo recato en las actuaciones judiciales”.
“No les importa si se han violentado los derechos humanos en la parte investigativa, como en este caso, el acceso a la familia, no les importa. Ellos simplemente dictan su sentencia, su fecha y resuelven no importando lo que haga la defensa. Sin embargo, como CPDH seguiremos actuando y gestionando a favor de los presos políticos, seremos la piedra en el zapato del fiscal y del juez”, advirtió Nieto.