El abogado penalista Julio Montenegro, coordinador de Defensores del Pueblo, que representan a presos políticos del régimen de Daniel Ortega, expuso hoy ante la secretaria general de la Organización de Estados Americanos (OEA), las ilegalidades procesales que se vienen practicando en tribunales de justicia de Nicaragua, con el fin de criminalizar y condenar a manifestantes contrarios al orteguismo.
Montenegro criticó el actuar del Ministerio Público, basado en su experiencia de 12 años como fiscal de esa institución y conocedor de su la Ley Orgánica, que ordena representar a la víctima de forma gratuita, imparcial, objetiva y apegada a derecho, contrario al trabajo que ha realizado durante la crisis sociopolítica del país desde el 18 de abril de 2018.
“Hay un bolsón de acusaciones, más de 450 casos, donde el país más seguro de Centroamérica se volvió el más terrorista del mundo. Tenemos casos como el de los periodistas Lucía Pineda y Miguel Mora, que pasaron seis meses en la cárcel por ejercer sus labores, cuando la misma ley dice que no aplica la provocación o incitación al delito (cometer actos de terrorismo), cuando los periodistas ejercen sus labores; son situaciones que estamos viendo”, dijo el abogado durante su intervención en la conferencia “La Justicia Internacional en Las Américas y sus desafíos para la prevención de crímenes de Lesa Humanidasd, organizado por la Secretaría General de la OEA en Medellín, Colombia.
Puede Interesarle: Los 10 principales abusos contra presos políticos y opositores durante el régimen de Daniel Ortega
La increíble Ley de Amnistía
Montenegro comentó que en poco tiempo (menos de cuatro meses), una población de poco más de 6 millones de habitantes tenga más de 300 muertos y más de 450 privados de libertad, es una situación grave. También mencionó la aprobación de la Ley de Amnistía.
“Lo más increíble de toda esta situación es que tenemos una Ley de Amnistía vigente desde el 10 de junio de 2109, sin embargo, los privados de libertad fueron llevados a las 4 de la madrugada a sus casas, rompiendo cánones legales. Hay entre 85 y 87 privados de libertad que aún siguen presos y jueces siguen reprogramando juicios, y se supone deberían estar anulados. Son cosas de facto que están tan evidentes y lo que menos se respeta son los procedimientos. La norma es la que menos se aplica y respeta
Finalmente, Montenegro, expresó que en Nicaragua los procesos judiciales se hacen a puertas cerradas, sin teléfonos, sin la presencia de medios de comunicación independientes. Además, limitan la comunicación entre procesado y defensa, y además los reos llegan con moretones a las audiencias como prueba de las golpizas recibidas en los interrogatorios policiales.