Miembros de la Alianza Cívica (AC) se encuentran en Medellín, Colombia, para exponer, entre otros asuntos, el tema de los presos políticos que han salido (no liberados) y de los que aún permanecen en diferentes cárceles del país, ante la Secretaría General y Grupo de Trabajo de la Organización de Estados Americanos (OEA), afirmó José Pallais, miembro de la AC.
La lista de presos políticos en Nicaragua sigue en aumento pese a la salida de varios de ellos que autorizó el dictador Daniel Ortega el pasado 11 de junio bajo la Ley de Amnistía (conocida también como Ley de Autoamnistía).
La AC registraba hasta este 25 de junio a 91 reos políticos que están en distintas cárceles del país. La semana pasada eran 84.
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“Las personas de la Alianza que están en Medellín están hablando con la Secretaría General y el Grupo de Trabajo y el primer tema de la agenda de conversaciones es la exigencia de las liberaciones de todos los presos políticos. Esas gestiones se trasladaron allá porque se considera que es el mejor lugar para que puedan tener posibilidades de éxito y contradecir la campaña del Gobierno de que todos (los presos políticos) están liberados”, expresó Pallais.
En Medellín se realiza la 49 Asamblea General de la OEA, en la cual abordarán el tema de la crisis sociopolítica que atraviesa el país desde hace más de un año.
Liberación “continúa siendo una prioridad”
Para Pallais, el régimen orteguista está a la expectativa de lo que acontezca en la Asamblea General, ya que de su resolución dependería la continuidad de las negociaciones con la AC. “Yo considero que el Gobierno está esperando qué sucede en Medellín. Si el Gobierno siente que la presión internacional es fuerte y que no le queda otra opción que continuar buscando una salida negociada, sin duda lo hará. Esta semana es definitoria para el futuro de la negociación”, manifestó.
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Pallais envió un mensaje a las madres, esposas y familia de los presos políticos, diciendo que el tema de la liberación no está en el olvido y que “continúa siendo una prioridad” para la AC.
Presos políticos con delitos comunes
Pablo Cuevas, asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), refirió que la dictadura orteguista está trabajando los casos de presos políticos bajo tres acusaciones comunes: tráfico de drogas, tenencia ilegal de armas y robo con fuerza.
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“Hay un mensaje y es sembrar el terror. Muchas de las personas que denuncian (a la CPDH) vienen con miedo, y es justificado ese terror porque son las autoridades que dicen ‘podemos hacer lo que queramos con vos, estás en nuestras manos’, y desgraciadamente lo están haciendo”, expresó Cuevas.
Por su parte, Pallais señaló que la intención del dictador Ortega es inventar delitos y así encubrirlos como delitos comunes, además de que “utiliza al poder judicial como una herramienta más de la represión y un instrumento de violación de los derechos humanos”.