Kevin Sullivan, embajador de los Estados Unidos en Nicaragua, advirtió este miércoles que la falta de un acuerdo político para solucionar la crisis que enfrenta el país solo empeorará “las actuales tensiones y el declive económico de Nicaragua”. Agregó, además, que la presión internacional se intensificaría.
Sullivan, quien sostuvo este miércoles un encuentro con los miembros de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham), aseguró que una solución negociada es urgente para el país y que hay todavía “oportunidad de avanzar” en la mesa de negociación, si hay voluntad tanto del régimen de Daniel Ortega como de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD).
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“Una negociación exitosa tiene el potencial de dar vuelta a la página de la pesadilla nacional que el país ha vivido y construir un camino hacia una verdadera reforma y una auténtica reconciliación nacional”, enfatizó Sullivan. Las conversaciones entre el régimen orteguista y la Alianza Cívica se encuentran suspendidas desde el pasado mes de mayo por los incumplimientos de Ortega en los acuerdos alcanzados, entre ellos, la liberación definitiva de todos los presos políticos y la restauración de las garantías y derechos constitucionales.
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Sobre esto, Sullivan aseguró que “hay pasos urgentes que hay que tomar, que incluyen la liberación de los presos políticos restantes, la resolución de discrepancias sobre los mismos según sea necesario, así como la implementación inmediata de los compromisos del Gobierno para restablecer a los nicaragüenses sus derechos civiles y libertades fundamentales”.
De acuerdo a la Alianza Cívica unos 620 presos políticos fueron liberados, sin embargo, las denuncias sobre asedio y persecución contra ellos se mantienen, así como los procesos judiciales en su contra. Más de 80 ciudadanos aún permanecen en las cárceles del país.
Intransigencia de Daniel Ortega
El embajador de los Estados Unidos criticó la intransigencia de los representantes del régimen en las negociaciones y aseguró que “ha constituido el principal obstáculo para alcanzar la meta”, al tiempo que enfatizó que “la delegación del Gobierno tiene la responsabilidad primordial de garantizar el éxito de estas conversaciones por el bien del país”. “Estados Unidos va a continuar apoyando las negociaciones, solo si sirven como una forma de lograr soluciones reales en tiempo real”, agregó Sullivan.
Sobre la Alianza Cívica, Sullivan aseguró que “ha enfrentado dificultades de coordinación y de manejar los tiempos” y dijo que, una vez que se reanuden las conversaciones, debe centrarse “en los objetivos a largo plazo de la negociación y representando fielmente las aspiraciones de los nicaragüenses para un futuro mejor”.
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El embajador reconoció el trabajo de la Alianza Cívica en la búsqueda de una salida a la crisis sociopolítica que afecta al país desde abril de 2018 y que ha dejado más de 300 muertos, cientos de heridos, detenidos, exiliados y manifestantes detenidos.
“Me gustaría reconocer la tenacidad y el compromiso que Mario (Arana) y sus colegas de la Alianza Cívica. Han demostrado al llevar adelante estas conversaciones en condiciones muy difíciles, así como los esfuerzos incansables de los testigos y acompañantes, el nuncio apostólico monseñor Sommertag y el representante Especial de la OEA, Señor Luís Ángel Rosadilla”, dijo Sullivan.
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Sobre las sanciones
El embajador de los Estados Unidos aseguró que las sanciones que ha impuesto administración de Donald Trump a los funcionarios orteguistas han sido porque estos son señalados de violar los derechos humanos de los nicaragüenses.
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“Estos esfuerzos están diseñados para crear incentivos para que el gobierno nicaragüense ponga fin a la represión y aborde las demandas legítimas para reformas democráticas.”, aseguró Sullivan. Estados Unidos y Canadá sancionaron a cuatro funcionarios del orteguismo: Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional; Sonia Castro, ministra de salud; Orlando Castillo, director de Telcor y Óscar Mojica, ministro del MTI.
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“Las sanciones, incluidas las anunciadas la semana pasada, también tienen la intención de responsabilizar a los individuos señalados como autores de graves violaciones a los derechos humanos y otros abusos. No son un fin en sí mismos, sino un mecanismo para promover el cambio democrático y pacífico que tanto necesita Nicaragua. Tal como ocurrió en Venezuela, se espera que su implementación continúe y se amplíe para incluir a más individuos, entidades e instituciones, hasta que se alcancen los objetivos establecidos en la Nica Act y la Orden Ejecutiva”, expuso el diplomático.