Juez orteguista declara culpable al exiliado que regresó de Costa Rica acogido al Plan de Retorno Seguro del régimen

El juez orteguista que lleva el caso del autoconvocado programó para el próximo martes 2 de julio la lectura de sentencia en contra del acusado. Cuando fue presentado en el juicio, este presentaba señales de tortura.

Diomedes Reyes Hernández, secuestrado el 27 de mayo por paramilitares y antimotines en la comunidad La Palanca, en el municipio de Quilalí, en Nueva Segovia/LA PRENSA/WaragónR.

Diómedes Reyes Hernández, de 22 años, el nicaragüense que regresó de Costa Rica creyendo en el Plan de “retorno seguro” del régimen orteguista y posteriormente capturado por paramilitares, fue declarado culpable, el mediodía de este jueves, de tenencia ilegal de arma de fuego.

Así lo dictaminó el juez orteguista Emerson Javier Reyes Videa, del Juzgado Único Local del municipio de Quilalí, Nueva Segovia.

Durante la continuidad del juicio, donde fue notoria la presencia de antimotines y paramilitares, el fiscal orteguista Hernaldo Briones Zamora, no mostró como prueba la supuesta pistola marca Colt, calibre 45, que según el expediente que él mismo elaboró, le habría sido ocupada al acusado.

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El pasado martes Briones pidió a Emerson Javier Reyes Videa, otro juez orteguista, la continuidad del juicio porque ese día no había logrado sustentar la acusación por falta de pruebas y testigos claves del supuesto delito que se le imputa al acusado.

Lectura de sentencia será el 2 de julio

Reyes Videa programó para el próximo martes 2 de julio la lectura de sentencia en contra del acusado, secuestrado la noche del 27 de mayo de su casa de habitación en la comunidad de La Palanca, Quilalí.

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Ante la insistencia de los familiares del joven autoconvocado, quien tenía poco de haber retornado al país, la jefatura de la PO de Nueva Segovia terminó presentándolo en el comando policial de Ocotal, con muestras de torturas en varias partes de su cuerpo.

Reyes Hernández había huido junto a su padre, Carlos Iván Reyes Moreno, hacia Costa Rica porque ambos eran objetos de persecución y amenazas de muerte por grupos de paramilitares y policías por haber participado de las marchas y protestas contra del régimen Ortega Murillo.

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La abogada defensora del joven autoconvocado le explicó al juez Reyes Videa que no podía declarar culpable al joven autoconvocado porque este era un perseguido y preso político y que la reciente Ley de Autoamnistía emitida por la dictadura lo amparaba de todo proceso judicial, ya que la CIDH, organismo de derechos humanos locales y la Alianza Cívica por la Justicia y la democracia lo registran como un preso político.

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