Régimen reformará Ley contra el terrorismo para que abogados y contadores rindan informes a la UAF

Los abogados rendirán informes sobre operaciones sospechosas de sus clientes a la CSJ y los contadores a través del Colegio de Contadores

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La junta directiva parlamentaria mandó a la Comisión de Justicia a revisar la propuesta de reforma a la Ley contra el terrorismo. LA PRENSA/ URIEL MOLINA

El dictador Daniel Ortega mandó una propuesta de reforma a la Ley contra el terrorismo y lavado de activos para incorporar a los contadores, abogados y notarios como sujetos obligados a rendir informes a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

En el caso de los abogados y notarios los reportes los harán llegar a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), según la propuesta de reforma, aunque no se precisa el mecanismo ni la oficina que monitoreará el cumplimiento. Posteriormente esos informes los enviarán a la UAF.

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Los contadores autorizados harán llegar al Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua sus reportes sobre las operaciones que consideren sospechosas en las actividades de las empresas o cualquier negocio con los que trabajen, que deberán luego mandarse a la UAF.

La iniciativa de reforma a la “Ley contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva” (Ley 977), fue enviada por el dictador Ortega el pasado 26 de junio a la Asamblea Nacional.

Argumentando que Nicaragua debe cumplir los requerimientos del Acta de Entendimiento entre los Gobiernos Miembros del Grupo de Acción Financiera del Caribe (Gafic), el régimen ampliará la lista de actividades y profesiones no financieras obligadas a presentar informes o reportes sospechosos vinculados a los delitos contemplados en la Ley contra el terrorismo.

La Ley contra el terrorismo de Nicaragua ha sido criticada por sectores empresariales, organizaciones de la sociedad civil, así como organismos defensores de derechos humanos, incluida Naciones Unidas, por ser utilizada por el dictador Ortega para amenazar y encarcelar a los ciudadanos que participaron en las protestas en su contra, iniciadas en abril del 2018.

En julio pasado, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas se pronunció sobre la Ley contra el terrorismo de Nicaragua, señalando que su “texto es muy vago y permite una amplia interpretación que podría provocar que se incluyera (en la definición de terrorista) a personas que simplemente están ejerciendo su derecho a la protesta”.

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Pero el régimen ahora ampliará los sectores controlados por la UAF. Según la propuesta de reforma a la Ley 977, obliga a los contadores, abogados y notarios públicos a rendir informes sobre las actividades de sus clientes, sean empresas o personas naturales, cuando las considere operaciones sospechosas, lo cual supuestamente es para fortalecer al país contra la delincuencia organizada.

La mandan a consulta

Los diputados orteguistas este jueves dieron trámite a la propuesta de reforma a la Ley contra el terrorismo enviándola a la Comisión de Justicia para consultar a las asociaciones de abogados, el Colegio de Contadores Públicos, así como con los magistrados de la CSJ, las autoridades de la UAF y de otras instituciones.

Jimmy Blandón, jefe de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), cuestionó la viabilidad de esta reforma a la Ley 977, al señalar que en particular los abogados y notarios públicos “no tienen la capacidad para andar averiguando los estados financieros o la procedencia total de los bienes adquiridos” por los clientes a los que les hacen escrituras de propiedades.

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Blandón insistió en que “es bien difícil” que los abogados y notarios se vuelvan sujetos obligados ante la UAF “porque los controles a los que se les pretende someter no los podrían cumplir” debido a que “se les convierte en investigadores y policías cuando no hay esa capacidad”.

Usada para reprimir

Organizaciones de derechos humanos así como la opositora Alianza Cívica han denunciado que la Ley contra el terrorismo es usada por el régimen de Daniel Ortega para perseguir y condenar a los protestantes. Además de que se excedía en las obligaciones que el Gafic pedía a Nicaragua, ya que en el fondo el objetivo de la dictadura es crear un estado de espionaje contra los ciudadanos.