Ya han pasado diez años desde que un grupo de soldados irrumpió de madrugada en la residencia del entonces presidente de Honduras, Manuel Zelaya, y lo sacó a la fuerza del gobierno y del país.
Pero en la nación centroamericana actualmente corren aires muy similares a los que se respiraron en los días, semanas y meses posteriores al primer golpe de Estado del siglo XXI.
En ese entonces, como ahora, el olor de llantas quemadas, pólvora y bombas lacrimógenas, así como las constantes movilizaciones en contra de un gobierno que muchos denunciaban como ilegítimo, terminaron convirtiéndose en parte de la vida cotidiana de muchos hondureños.
Y ahora, como entonces, el expresidente Zelaya sigue siendo uno de los principales protagonistas de las protestas, aunque estas hoy tienen como blanco al gobierno de Juan Orlando Hernández y no a la administración interina de Roberto Micheletti.
“El pueblo está en este momento en las calles reclamando sus derechos, y la dictadura se apertrecha con sus militares y tiene el apoyo de Estados Unidos”, es la descripción de la situación que da Zelaya en conversación con BBC Mundo.
Y para Ismael Moreno, director del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras (ERIC), hay una muy buena razón por la que las palabras del exmandatario suenan como algo que también podría haber dicho luego del 28 de junio de 2009.
“El momento no es solamente parecido al de hace diez años, es la continuidad de un proceso ininterrumpido de consolidación del golpe de Estado“, asegura Moreno.
“Ha sido un proceso continuo de deterioro de la institucionalidad y del estado de derecho hasta llegar casi, diez años después, a su colapso”, le dice a BBC Mundo.
Tres elecciones, un mismo ganador
El contraargumento obvio a la idea de una dictadura de origen golpista es que Honduras ha celebrado tres elecciones presidenciales desde entonces a la fecha: en noviembre de 2009, de 2013 y de 2017.
Y luego del regreso de Zelaya al país en 2011 -para fundar el Partido Libertad y Refundación, Libre, que llegaría segundo en los comicios de 2013 y 2017- el país centroamericano fue readmitido en el seno de la Organización de Estados Americanos, OEA.
Pero el director del ERIC considera que esos comicios, “en lugar de haber logrado un retorno al orden constitucional lo que han hecho es darle legitimidad a la ilegalidad“.
Y la continuidad en el gobierno del Partido Nacional, la fuerza que se hizo con el poder después de la intempestiva salida de Zelaya y lo ha mantenido en medio de denuncias de fraude, corrupción y vínculos con el narcotráfico, pueden ayudar a entender la afirmación de Moreno.
Aunque, para el jesuita, la prueba reina sería la reelección del presidente Juan Orlando Hernández en 2017, en contra de lo establecido por la Constitución y con gravísimas consecuencias.
“Diez años después, lo que tenemos es la personificación del golpe de Estado en un individuo que ha concentrado en extremo el poder, ha militarizado el país y ha dado una respuesta militar a cualquier tipo de protesta social”, denuncia el director del ERIC.
Menos violencia, pero…
Hernández, por su parte, en su momento justificó la búsqueda de la reelección como necesaria para consolidar “los logros” de su primera gestión, especialmente en materia de seguridad y atracción de la inversión privada.
“Le hemos demostrado al pueblo hondureño que este gobierno es muy diferente a los anteriores; hemos enfrentado las cosas que nadie quiso enfrentar, como el narcotráfico y la inseguridad generada por pandillas”, le dijo un diario local poco antes de las elecciones de 2017.
Y, efectivamente, uno de los logros más promocionados por su gobierno ha sido una dramática reducción en la tasa de homicidios, que dos años después del golpe de Estado llegó a ser la más alta del mundo.
En 2008 esta era de de 56,6 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes, pero para 2011 ya se había disparado a 86,47.
Y según los datos del Sistema Estadístico Policial en línea de Honduras (SEPOL), el año pasado la tasa ya se había reducido a 41,41.
Esta cifra, sin embargo, le sigue garantizando a Honduras un lugar en la lista de países más violentos del mundo.
Y las estadísticas oficiales de violencia en un país en el que la misma se sigue usando con impunidad para acallar las voces incómodas no convencen a todos, ni ofrecen una imagen completa del problema.
Efectivamente, en los años posteriores al golpe las organizaciones de derechos humanos denunciaron un aumento de los asesinatos de activistas y periodistas. Y este tipo de muertes se siguen produciendo con preocupante frecuencia.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), por ejemplo, registró la muerte de 25 periodistas solo entre 2014 y 2016.
Cuatro más murieron asesinados en 2017, y el 17 de marzo de este año el periodista de Valle TV Leonardo Gabriel Hernández también fue abatido a balazos cerca de su casa.
Por su parte, en agosto de 2016 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos describió a Honduras como “uno de los países más hostiles y peligrosos para los defensores de derechos humanos” de todo el continente.
Ese también fue el año del asesinato de la activista ambiental Berta Cáceres.
Y tres años después la familia de la líder lenca sigue reclamando justicia, pues considera que las autoridades judiciales hondureñas no han querido ir a por los verdaderos autores intelectuales de su asesinato.
¿Peor que nunca?
Por su parte, los numerosos proyectos de infraestructura que constituyen el otro gran reclamo de la administración Hernández también son cuestionados por críticos como el analista Ramón Barrios por su vocación privatizadora.
“Hace diez años, antes de que existiera (la Comisión para la Alianza Público Privada, Coalianza, creada un año después del golpe), las carreteras del país le pertenecían al estado de Honduras”, explica Barrios en el último Análisis de Realidad del ERIC.
“10 años después Coalianza ha firmado contratos y ha privatizado las carreteras del país”, dice.
Según el analista, lo mismo ha ocurrido con puertos, aeropuertos y valiosos recursos naturales: “La riqueza natural de este país se ha privatizado a través de contratos con Coalianza”, afirma Barrios.
Y las protestas de este junio de 2019, de hecho, se dieron en repudio a dos decretos -ya revocados- interpretados como un intento por privatizar la salud y la educación.
La expresión más ambiciosa de este tipo de alianzas empresariales, sin embargo, son las llamadas Zonas Especiales de Desarrollo Económico, ZEDES, también impulsadas por Hernández.
Pero estas polémicas “ciudades privadas” -áreas del territorio nacional sujetas a un “régimen especial” en las que los inversionistas estarían a cargo de la política fiscal, de seguridad y de resolución de conflictos, entre otras competencias- no han logrado despegar.
Y, para Zelaya, “la situación de Honduras es peor que en cualquier época”.
“El país está en ruinas, la gente se va para Estados Unidos en grandes caravanas, hay más pobres y pobreza, según las estadísticas, y los pobres están más pobres que antes“, le dice a BBC Mundo.
Según el Banco Mundial, el número de pobres en el que ya entonces era el segundo país más pobre de Centroamérica empezó a aumentar luego de la crisis de 2009 para alcanzar su pico en 2012.
Y “la tasa de pobreza parece haberse estancado en los años recientes y continúa estando entre las más altas de la región”, se lee en su análisis de abril, que destaca que, según cifras oficiales, el 67,1% de la población vive en condiciones de pobreza.
“Honduras se ha ido a un pantano, hoy vive en un hoyo metida y tiene a un dictador a cargo que no tiene capacidad para sacar adelante el país”, insiste Zelaya.
Y, según el hombre que los hondureños llaman “Mel”, la reelección del político al que los hondureños llaman “JOH” no hizo sino demostrar “el fariseísmo y la hipocresía” de quienes utilizaron sus propios intentos por repetir en el cargo para expulsarlo del poder hace diez años, empezando por el propio Hernández.
Camino cuestionado
Efectivamente, en junio de 2009 el actual mandatario se desempeñaba como secretario del Partido Nacional y de su bancada en el Congreso Nacional, donde la deposición forzada de Zelaya se presentó como una “sustitución constitucional” inevitable dada su intención de buscar un segundo mandato consecutivo.
Pero en diciembre de 2012, ya como presidente del poder legislativo, forzó una recomposición de la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la misma que varios años más tarde allanaría su camino a la reelección.
“(Juan Orlando Hernández) Sí se reeligió y todos los sectores que en aquel momento se oponían guardaron silencio”, se queja Zelaya.
Aunque en lo que parece ser un indicador de lo delicado de la situación, también hay fieros defensores del golpe de 2009 que hoy critican duramente el camino seguido por JOH.
Uno de ellos es Billy Joya, un polémico exmilitar que en los días posteriores al golpe se desempeñó como asesor de seguridad del presidente interino Micheletti.
“Hay que entender que la deposición forzada de Manuel Zelaya iba más allá de su intención de reelegirse. Se trataba de crear y refundar un nuevo país como lo hizo Hugo Chávez en Venezuela para gobernar indefinidamente bajo la ideología del socialismo del siglo XXI”, reconoce Joya.
“Pero hoy Honduras sufre los efectos de dos presidentes que en su objetivo de controlar el poder sacrificaron la confianza de un país, y que lejos de generar prosperidad y paz han sembrado caos, odio y recesión para Honduras”, le dijo por correo electrónico a BBC Mundo.
Y si bien Joya renunció en mayo de este año al Partido Nacional para fundar una nueva agrupación política, “Por Honduras”, el presidente Hernández también ha sido duramente criticado por importantes figuras del partido de gobierno, incluyendo a su antecesor en el cargo, Porfirio Lobo.
“En la revisión que hemos hecho nosotros, ocho de cada 10 jóvenes, no es que no apoyan al presidente, es que lo odian, así como siete de cada 10 adultos”, le dijo Lobo a la agencia AFP, para posteriormente recomendar la renuncia de su antiguo aliado.
Futuro incierto
Para el padre Moreno, el enfrentamiento entre los dos grandes pesos pesados del Partido Nacional hay que entenderlo en el contexto de lo que Lobo -quien ha visto a su hijo juzgado por narcotráfico en EE.UU.- percibe como traiciones personales de Hernández.
Pero, detrás del mismo, también subyacen otros conflictos más grandes.
“Juan Orlando Hernández ha ido concentrando excesivamente el poder y una concentración excesiva del poder también termina generando disputas a lo interior de los propios aliados”, explica el director del ERIC.
Tanto que, en su opinión, al igual que en 2009 en la Honduras de hoy sigue planeando el fantasma de un golpe de Estado.
“En los últimos tres meses ha habido sectores, incluso dentro de la oligarquía hondureña, que han estado acariciando la posibilidad de darle un golpe de Estado a Juan Orlando Hernández”, advierte Moreno.
“Es una alianza de sectores de las Fuerzas Armadas que se siente desplazado por Juan Orlando Hernández, sectores del crimen organizado que se han sentido también desplazados o amenazados, y sectores del propio Partido Nacional que también se han sentido desplazados“, le dice a BBC Mundo.
Lo que en cierta forma sugiere que en Honduras, la impredecible, parece que hay cosas que nunca cambian.
* Con la colaboración de Cecilia Barria
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