El dictador Daniel Ortega envió a su poder legislativo un proyecto de reforma a la Ley 977, esta vez sin ordenarle a sus diputados que le dieran “trámite de urgencia” como es su proceder habitual con todas las leyes que le aprueban.
La Ley 977 es la Ley contra el Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, conocida comúnmente como “Ley contra el terrorismo”, la que ha sido usada por el régimen orteguista como instrumento de represión contra las personas que se han alzado cívicamente contra la dictadura.
El objetivo de la reforma de marras es incluir a los abogados y notarios como “sujetos obligados” a denunciar a sus clientes que realicen operaciones supuestamente sospechosas de estar vinculadas con actividades criminales, como lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Al respecto, expertos jurídicos y penalistas consideran que en principio esta inclusión de los abogados y notarios entre los “sujetos obligados” no es anormal, ya que es una obligación legal que existe en otros países. Pero el verdadero problema no es ese, sino el afán de la dictadura de tener bajo control a toda la gente, institucionalizar un sistema de desconfianza y espionaje como los de los regímenes totalitarios nazi y estalinista; y como se practica ahora en Cuba y Corea del Norte, cuyos abominables sistemas dictatoriales son referentes políticos del orteguismo.
En realidad, no es lo mismo que una ley como la 977 sea aplicada por las autoridades de un país democrático y en un Estado de derecho, o que sea ejecutada por espías, policías y jueces de una dictadura como la que existe en Nicaragua. La diferencia es igual a la de un arma de fuego en manos de un guarda de seguridad que protege a un banco de los asaltantes, y la misma arma empuñada por el delincuente para asaltar y robar el establecimiento bancario.
Desde que comenzaron los juicios estalinistas a los ciudadanos que participaron en los tranques y las manifestaciones pacíficas del año pasado contra la dictadura, la “ley contra el terrorismo” se ha utilizado sin escrúpulos legales ni morales para encarcelar e imponer duras penas de prisión a personas que nunca han cometido semejantes delitos.
La dictadura, en todas partes donde existe este sistema nefasto de poder político, utiliza todas las instituciones, las leyes, los mecanismos y los recursos del Estado como instrumentos de espionaje y represión para defender y preservar el sistema dictatorial.
Los militantes del partido en el poder y los miembros de sus organismos auxiliares o funcionales son convertidos en guardianes del supuesto proceso revolucionario, en vigilantes de las actividades públicas y privadas de todas las personas, en espías y delatores hasta de sus propios compañeros de trabajo, vecinos y familiares más cercanos.
Repetimos: no es lo mismo una ley contra el terrorismo en un país democrático, como Noruega por ejemplo, que la misma ley en un régimen dictatorial como el de Nicaragua.