A través de la Ley contra el terrorismo y lavado de dinero la dictadura orteguista convertirá a los abogados y notarios públicos en “espías” de los negocios que desarrollen empresas y personas naturales, pero también acabaría con el derecho constitucional a la defensa y el debido proceso. Así lo estiman abogados consultados por LA PRENSA.
Los abogados rechazan lo pretendido por el régimen orteguista.
Luis Perezalonso, presidente del Colegio de Abogados en Formación, considera que los convierte “en inquisidores al tener que investigar a un inversionista, por ejemplo, de dónde sacó el dinero”, que no les corresponde hacerlo, y además como abogados “quedamos expuestos a ser sancionados por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) injustamente”, afirmó.
La propuesta establece que los abogados y notarios públicos pasarán a ser sujetos obligados de rendir informes a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) sobre operaciones sospechosas de delitos contemplados en la Ley contra el terrorismo y lavado de dinero.
Lea además: Régimen reformará Ley contra el terrorismo para que abogados y contadores rindan informes a la UAF
Los reportes serán presentados en la CSJ, sin embargo la propuesta de reforma no establece los mecanismos para hacerlo.
Se estima que son treinta mil abogados en el país, pero solo unos cinco mil serían litigantes.
Perezalonso dijo que lo viable es que la Asamblea Nacional apruebe la Ley del Colegio de Abogados para que sea donde de forma independiente se definan las directrices con la UAF y el resto de acciones con esos profesionales.
Riesgos
Al ser la CSJ quien reciba los informes de operaciones sospechosas de lavado de dinero y luego las pase a la UAF significa la anulación total de la imparcialidad con la que debería actuar la Corte, según el analista político Eliseo Núñez.
Lea también: Orteguismo cierra los primeros casos penales contra presos políticos bajo la Ley de Amnistía
“Esa ley violenta el principio del derecho a la defensa porque cuando violentás la relación cliente y abogado llevás las cosas al punto de que no hay capacidad de una persona que aún cometiendo un delito tiene derecho a la defensa de conseguir una asesoría profesional, que le garantice el debido proceso”, dijo.
Núñez explicó que un Estado no puede pretender combatir el crimen organizado vulnerando los derechos constitucionales de sus ciudadanos, pero señaló que el objetivo del régimen orteguista es ampliar sus mecanismos de control e intimidación contra el pueblo.
“Se violentan cosas muy básicas en nombre de la seguridad y el combate del crimen organizado porque esta reforma a la Ley contra el terrorismo es absurdo.En la parte política con la calidad de funcionarios que tenemos, en la UAF especialmente actúan con intereses políticos marcados en defensa a los intereses orteguistas”, dijo Núñez.