La Autoridad del Gran Canal, una instancia fantasma en la que se derrocha presupuesto público

LA PRENSA logró confirmar que la Autoridad del Gran Canal Interoceánico ni siquiera tiene oficinas. El régimen, sin embargo, en el Presupuesto General de la República de este año le asignó 7.24 millones de córdobas

Gran Canal, Nicaragua

En Bolonia quedan las oficinas privadas de Manuel Coronel Kautz, cuyo funcionamiento sería pagado con fondos destinados a la Autoridad del Gran Canal. LA PRENSA/Uriel Molina

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La Autoridad del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua como institución no existe. LA PRENSA logró confirmar que esa entidad  ni siquiera tiene oficinas, a pesar de que cada año recibe millones del Presupuesto General de la República (PGR) para gastos administrativos y pago de personal. En el presupuesto de 2019 se le destinó 7.24 millones de córdobas a esa instancia, que desde 2013 ha recibido un total de 30.5 millones de córdobas.

LA PRENSA  logró constatar  que la oficina privada de Manuel Coronel Kautz, quien es presidente de la Autoridad del Gran Canal, en algún momento fue donde despachaba la institución estatal o al menos ahí recibían los documentos dirigidos a la institución. Coronel Kautz es uno de los viejos aliados del dictador Daniel Ortega,  quien ha sido premiado con varios cargos como vicecanciller, y desde el 13 de febrero de 2019 es presidente de la Junta Directiva de la Empresa Nicaragüense de Petronic.

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Un equipo de LA PRENSA buscó a Coronel Kautz este lunes 17 de junio en las nuevas oficinas de Petronic, ubicadas en el barrio Santa Ana, Distrito II en Managua, pero ni siquiera dejó pasar del portón al equipo periodístico. Uno de los guardas de seguridad se comunicó telefónicamente supuestamente con el despacho de Coronel Kautz  para informar de la solicitud del equipo periodístico de entrevistar al funcionario, sin embargo luego de unos minutos el guarda indicó que la secretaria de Presidencia de Petronic -que no dio nombre- mandó a decir: «búsquenlo en su oficina en Las Colinas», sin dar dirección exacta.

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-¿Pero el señor Coronel Kautz  trabaja aquí en Petronic?-, se insistió. La respuesta fue la misma; que se le buscara en su despacho privado. Eso hizo el equipo, sin embargo, las oficinas no quedan en Las Colinas sino que están en Bolonia, a dos cuadras al Noroeste de la Empresa Portuaria Nacional (EPN). Es una casa grande con un muro amarillo, donde, según algunos vecinos, alguna vez funcionó la Galería Praxis.

La propiedad la cuidan guardas de la empresa de vigilancia El Goliat, una de las vinculadas a la familia presidencial de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El equipo de LA PRENSA preguntó si ahí quedaban las oficinas de la Autoridad del Gran Canal, a lo que uno de los guardias dijo que «no».

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-¿Y las oficinas de Manuel Coronel Kautz?, se consultó. La respuesta del personal de seguridad fue: «sí, aquí son».  Se solicitó hablar con el funcionario pero al identificarse el equipo periodístico como de LA PRENSA, el guarda pidió el carnet y fue al interior de las oficinas. Al regresar dijo que la asistente de Coronel Kautz -la que tampoco se dio nombre-pidió que se le dejara un número telefónico prometiendo llamar para transmitir si él aceptaba o no la entrevista. Se dejó la tarjeta con los números telefónicos y correo electrónico, pero la llamada no sucedió.

Gran Canal
Manuel Coronel Kautz es presidente de Petronic pero cuando un equipo de LA PRENSA le buscó en esa institución pero los guardas de seguridad dijeron que el equipo lo buscara en su oficina privada. LA PRENSA/Uriel Molina

Si no existen, ¿en qué gastan?

Si no existen las oficinas de la Autoridad del Gran Canal, ¿en qué gastos de personal y administrativos se pagan con los 7.24 millones de córdobas que en 2019 se le asignaron del presupuesto público a esa entidad?

Para Mónica López, abogada ambientalista y miembro del Grupo Cocibolca, ese es otro elemento que comprueba que el objetivo del régimen Ortega Murillo con el proyecto del Canal Interoceánico fue «constituir un esquema de corrupción». «Desde hace años hemos denunciado el despilfarro de bienes públicos que representaba la concesión canalera», afirmó López.

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En la Ley 800 aprobada en 2012 se constituyó la Autoridad del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua responsable “de las actividades de promoción y negociación para obtener la inversión de capital necesario para la ejecución del proyecto del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua y otros proyectos de transporte e infraestructura relacionados”.

La Autoridad del Gran Canal recibe fondos del PGR desde el 2013, en base a Ley 800 por pertenecer al Estado. Ese año el dictador Ortega firmó el Acuerdo Marco con la empresa HKND, del empresario chino Wang Jing, en la que se le otorgó la concesión por cien años del territorio de Nicaragua por la construcción del Canal Interoceánico.

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El megaproyecto fue ofrecido por  Ortega como la obra faraónica que sacaría de la pobreza a Nicaragua. Seis años después no hay nada de ese proyecto. Al empresario chino Wang Jing no se le ha vuelto a ver  y hasta HKND cerró sus oficinas en Managua hace años.

A pesar de que el proyecto del Canal Interoceánico no se hizo realidad, el régimen ha destinado del presupuesto estatal 30.5 millones de córdobas entre el 2013 al 2019 a la Autoridad del Gran Canal Interoceánico, de cuyo uso no se ha rendido cuentas.  Dicha entidad, además, se endeudó por unos 35.9 millones de córdobas con el Banco Corporativo SA (Bancorp), propiedad de Albanisa, empresa controlada por allegados de Ortega y Murillo, de las que tampoco las autoridades han explicado el uso de estos recursos.

Grupo Cocibolca confirma

Manuel Coronel Kautz fue nombrado presidente de la Autoridad del Gran Canal en 2013, pero nunca ha brindando explicación sobre el fallido proyecto canalero. LA PRENSA/ ARCHIVO

La ambientalista López explicó que en varias oportunidades llegaron como Grupo Cocibolca a dejar cartas dirigidas a la Autoridad del Gran Canal, en el despacho privado de Coronel Kautz, pero que en todas esas veces no hubo contacto con el personal que permitiera confirmar de que efectivamente laboraban para la entidad pública o si estos eran los que mismos empleados de Coronel Kautz. «Personalmente fui a dejar cartas en varias ocasiones a esa oficina en Bolonia, las que eran recibidas con el sello de la Autoridad del Canal. Evidentemente ahí también eran las oficinas privadas de Coronel Kautz, y seguramente por el propio fracaso del megaproyecto, ahora quieren denegar su existencia», afirmó la ambientalista López.

La directiva del Grupo Cocibolca consideró «absurdo» que un a pesar de que el proyecto canalero fracasó, siga costándole dinero a los nicaragüenses. «¿Para que usan esos fondos? Supongo que una combinación de corrupción y tenemos que sospechar también, recursos para la represión», dijo López.

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Fue Manuel Coronel Kautz como presidente de la Autoridad del Gran Canal que tramitó préstamos con el Bancorp para supuestamente cubrir parte de las operaciones de una institución que solo existe en papel, como lo publicó LA PRENSA esta semana en base a una documentación obtenida.

Una carta del 10 de diciembre del 2015 firmada por Coronel Kautz pidió a Francisco López, entonces presidente de la estatal Petronic, para que instruyera al Bancorp a aprobarle en nombre de la Autoridad del Gran Canal fondos por 11.98 millones de córdobas que argumentó necesitar para cubrir el presupuesto de la entidad en 2016, montos similares se les habían dado en 2014 y 2015.

Se desconoce si estos créditos con Bancorp ya fueron honrados o pasarán al Presupuesto General de la República.

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Bancorp fue forzado a iniciar su disolución debido a las sanciones impuestas por el Estados Unidos al vincularlo al esquema de corrupción del régimen Ortega Murillo con la dictadura de Venezuela.

A la ambientalista López no le sorprende que el banco de Albanisa aparezca involucrado con el proyecto fallido del Gran Canal porque «todo el esquema corporativo de Bancorp es evidentemente tan malicioso y corrupto como el de la concesión canalera».

«No olvidemos que crearon más de 16 empresas de maletín, registradas en paraísos fiscales, que figuran como “propietarias y beneficiarias” de la concesión», refirió López al insistir en que se debe investigar lo que ella calificó «la telaraña de Wang Jing, para diagnosticar si también está siendo usado en operaciones ilegítimas del régimen, especialmente ahora que Bancorp ha sido objeto de sanciones».

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