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CONTENIDO EXCLUSIVO.La Autoridad del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua sigue recibiendo presupuesto público pero a la vez debe 21.57 millones de córdobas al Banco Corporativo SA (Bancorp) —propiedad de la empresa Albanisa—, la que no habría pagado, según documentos obtenidos por LA PRENSA.
Manuel Coronel Kautz, presidente de la Autoridad del Gran Canal, u otro funcionario del régimen no han explicado en qué se usó esa cantidad de dinero prestada al Bancorp por la institución que solo existe en papel.
En una carta del 15 de noviembre del 2017 la gerencia del Bancorp le mandó a cobrar a Coronel Kautz “un saldo vencido por el valor de 21,578,352.70 córdobas” en concepto de seis préstamos adquiridos por “la institución a su cargo”.
Los 21.57 millones de córdobas es lo que debía la Autoridad del Gran Canal a Bancorp hasta el 31 de octubre del 2017, según se detalla en la carta en poder de LA PRENSA.
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El desglose del cobro permite determinar que fueron seis créditos que inicialmente sumaban 18.5 millones de córdobas, pero se incrementaron por los intereses generados, así como por los intereses moratorios, al no ser pagados en los tiempos establecidos, más “otros cargos” cobrados por Bancorp.
Solo en intereses y otros cobros sumaron tres millones de córdobas, según la carta.
La Autoridad del Gran Canal fue constituida en 2013 por la Ley 800, en donde se estableció que sería la entidad a cargo de asegurarse de que el proyecto faraónico del canal interoceánico sería una realidad.
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Seis años han pasado desde que el dictador Daniel Ortega firmó el Acuerdo Marco de Concesión (AMC) con la empresa HKND, del empresario chino Wang Jing, donde le entregó por cien años el territorio de Nicaragua por la construcción del canal interoceánico.
Pese a que el proyecto canalero fue un fracaso, a la Autoridad del Gran Canal cada año se le aumenta el presupuesto estatal para su operatividad, esto a pesar de que como oficina no existe.
No aparece en Siscae
Otra evidencia de que esa institución presidida por Manuel Coronel Kautz es un cascarón, es el hecho de que en el Sistema de Contrataciones Administrativas del Estado (Siscae) —donde se registran las compras públicas del país— no hay reportes de las adquisiciones hechas para el funcionamiento de la Autoridad del Gran Canal.
Dayra Valle, especialista en temas de transparencia presupuestaria, revisó en el Siscae pero no encontró registro de adquisiciones de bienes de ningún tipo para el funcionamiento administrativo de esa oficina estatal.
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“Dado que se le designan recursos públicos y si estuviera realmente funcionando como oficina, tendría que tener gasto corriente por lo menos para el funcionamiento, como compra de papelería, insumos de limpieza. Debería tener (esa instancia estatal) un plan anual de compras, pero al revisar el Siscae no aparece nada”, afirmó Valle.
En 2019 a la Autoridad del Gran Canal se le asignó del Presupuesto General de la República 7.24 millones de córdobas para su funcionamiento.
Que en el Siscae no aparezca información sobre el gasto de la entidad pública dirigida por Coronel Kautz es un acto irregular que debería ser investigado por la Contraloría General de la República (CGR), afirmó la especialista.
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Valle explicó que toda oficina necesita gastos operativos básicos, sin embargo, en el sistema de registro de las compras estatales “no aparece ningún registro de compras que haya hecho” la Autoridad del Gran Canal.
Entre 2013 y 2019 esa entidad ha recibido del presupuesto estatal 30.5 millones de córdobas, de cuyo uso no existe información en los informes presupuestarios.
Tampoco aparece en los reportes anuales del Presupuesto General de la República, el reflejo de las deudas adquiridas por Coronel Kautz en nombre de la Autoridad del Gran Canal con Bancorp.
Existe silencio del régimen sobre qué va a pasar con estas deudas debido a que Bancorp estaría en proceso de disolución, al no poder seguir operando como consecuencias de las sanciones impuestas por Estados Unidos, al vincular al banco con la red de corrupción de la dictadura orteguista.
Bancorp fue creado por la empresa Alba de Nicaragua SA (Albanisa) para manejar ahí el dinero del acuerdo petrolero con Venezuela, el que es controlado por allegados de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo. Albanisa también está sancionada por Estados Unidos al vincularla con la corrupción de los regímenes de Ortega y el venezolano Nicolás Maduro.
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La especialista Valle explicó que entre las leyes que se estarían violando por parte de la Autoridad del Gran Canal, está la Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público (Ley 737), al no reportar el uso del presupuesto asignado.
La Ley 737 establece que toda institución del sector público o ente autónomo descentralizado que recibe fondos del Presupuesto General de la República debe reportar las planificación de las compras a través de sus programas anuales de contrataciones.
Valle señaló que como la Autoridad del Gran Canal “no está funcionando como oficina, no tiene gasto operativo”.
“La gran pregunta sería: ¿hacia dónde se están desviando esos recursos? Y ¿qué están haciendo los órganos de control para dar cuentas de la utilización de esos recursos?”, cuestionó Valle.
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La CGR es un órgano supuesto a vigilar el buen uso de los recursos públicos, sin embargo, durante los 12 años de la dictadura orteguista la Contraloría ha respondido a los intereses del régimen, quedando anulada como entidad fiscalizadora.
Excontralor Jarquín: “Proceder al cierre”
El excontralor Agustín Jarquín Anaya considera que lo que corresponde a la Contraloría General de la República (CGR) es iniciar una auditoría en el caso de la Autoridad del Gran Canal Interoceánico, para determinar en qué se gasta el presupuesto que anualmente se destina a una entidad que no tiene operaciones reales. “Además debe proceder al cierre. No deben requerir ningún dinero del presupuesto y más bien rendir cuentas para que se determinen responsabilidades”, dijo Jarquín.
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Que la Autoridad del Gran Canal no exista como oficina y tampoco registros de operaciones en los sistemas estatales, es para el excontralor Jarquín otra muestra “del gran fraude” que supuso la Ley 840, de la concesión canalera.
“Lo único positivo de ese proyecto oneroso es habernos dejado un movimiento campesino que es uno de los activos políticos más destacados para construir esa nueva Nicaragua que soñamos”, opinó Jarquín.