La Resolución sobre Nicaragua aprobada por la 49 Asamblea General Ordinaria de la OEA, el viernes 28 de junio en Medellín, Colombia, insta a “la reanudación de la negociación efectiva y de buena fe entre el Gobierno de Nicaragua y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y al cumplimiento pleno de los acuerdos alcanzados”.
Esto último significa la liberación de todos los presos políticos y la “aclaración jurídica sobre la situación de los excarcelados”.
El objetivo de la reanudación de la negociación —explica la Resolución de Medellín en sus consideraciones— es “garantizar las condiciones políticas y sociales adecuadas para promover una reforma electoral integral que permita asegurar elecciones libres, justas, transparentes y legítimas, de conformidad con estándares internacionales”.
Esto es lo que la Alianza Cívica ha venido demandando desde el año pasado, primero en el diálogo nacional del Seminario de Fátima y después en las negociaciones del Incae. Sin embargo, el 20 de mayo pasado la Alianza se retiró de la mesa de negociación por la falta de cumplimiento del régimen de los acuerdos firmados en marzo y para presionar por la liberación de los presos políticos. Los presos más reconocidos fueron excarcelados en junio, pero continúan prisioneros alrededor de 90, cuyos nombres no estaban en las listas conciliadas por el Comité Internacional de la Cruz Roja. Además la dictadura sigue encarcelando a ciudadanos de ambos sexos que participan en las protestas pacíficas relámpago.
No obstante, la Alianza Cívica tiene más interés que la dictadura en una solución democrática de la crisis. Por lo tanto debería atender la Resolución de la OEA que insta a regresar a la mesa de negociaciones, en la cual podría seguir gestionando la libertad de los presos políticos que quedan y al mismo tiempo presionar para que se comience a discutir el tema de la reforma electoral, indispensable para que haya elecciones justas y limpias.
Ortega rechaza las gestiones de la OEA y no le interesa atender la Resolución de la Asamblea General que lo insta a reanudar las negociaciones con la Alianza Cívica. Sin embargo, de aquí a mediados de septiembre tiene que dar muestras efectivas de voluntad para llegar a un acuerdo con la Alianza Cívica que abra el camino a la “solución pacífica y efectiva a la crisis política y social en Nicaragua”, como dice la Resolución de Medellín. De lo contrario el régimen orteguista podría ser suspendido de la OEA en una Asamblea General Extraordinaria y se expondría a sanciones más contundentes.
Es posible que Ortega se crea un gran líder revolucionario, de las dimensiones de Fidel Castro y Hugo Chávez y sienta la tentación de “cubanizar” a Nicaragua. Pero lo que le conviene es poner los pies en la tierra y entender que tiene que buscar un acuerdo decoroso con la oposición, con la OEA y con los mismos Estados Unidos de Norteamérica.