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Luis Ángel Rosadilla, enviado especial para las negociaciones en Nicaragua con la dictadura. LA PRENSA/JADER FLORES

Enviado especial de la OEA regresará a Nicaragua hasta que la Alianza Cívica y el régimen retornen a la mesa de diálogo

Luis Ángel Rosadilla, testigo y acompañante de la mesa de negociaciones, tenía previsto regresar a Managua el lunes

El uruguayo Luis Ángel Rosadilla, enviado especial de la Organización de Estados Americanos (OEA), quien tenía previsto regresar a Managua este lunes, informó a miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia que retornará al país hasta que las partes, la Alianza Cívica y la representación del gobierno, aseguren su regreso a la mesa de negociaciones.

LA PRENSA se intentó comunicar con Rosadilla para conocer su versión pero este no respondió su celular.

Rosadilla y el representante del papa Francisco en Nicaragua, el nuncio Waldemar Sommertag, son los testigos y acompañantes de las negociaciones entre la Alianza Cívica y la dictadura de Daniel Ortega.

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El proceso de diálogo fue suspendido por la oposición el pasado 20 de mayo por la falta de cumplimientos del régimen de liberar a los presos políticos. Sin embargo, la dictadura, mediante la Ley de Autoamnistía liberó supuestamente a todos los presos políticos el pasado 11 de junio. Pero la Alianza Cívica sostiene que aún existen más de 80 presos políticos que el régimen niega.

Demandan regreso al diálogo “efectivo y de buena fe”

Una resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA) emitida el pasado 28 de junio demanda al régimen Ortega-Murillo reanudar el diálogo de manera “efectiva y de buena fe” para el cumplimiento pleno de los acuerdos alcanzados.

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La resolución de la 49 asamblea de la OEA en Medellin, Colombia, también instruye al Consejo Permanente a que nombre una comisión que, en el marco del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, realice gestiones diplomáticas del más alto nivel para procurar una solución pacífica y efectiva a la crisis política y social en Nicaragua y que rinda un informe en un plazo máximo de 75 días.

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