La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), presenta hoy en Ginebra un informe de actualización sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua. En este informe presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se incluyen las más recientes violaciones a los derechos humanos que constituyen, de hecho, una política de Estado de la dictadura orteguista.
Pero la actualización de este informe no debería limitarse a la denuncia. Esto no basta para persuadir a Ortega de que debe respetar los derechos humanos de los nicaragüenses. La Oficina del Alto Comisionado debería imponerle sanciones a la dictadura de Nicaragua, por las crudas violaciones que ha cometido y sigue cometiendo contra los derechos fundamentales de las personas, entre las cuales hay crímenes de lesa humanidad según consta en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En Nicaragua las fuerzas represivas ya no están quemando vivos a seres humanos. Tampoco hay francotiradores apostados en un estadio disparando contra manifestantes pacíficos, porque las manifestaciones están prohibidas. No hay focos de resistencia cívica que estén siendo arrasados a sangre y fuego, como los tranques el año pasado. Y la mayor parte de los presos políticos han sido excarcelados gracias a la presión internacional y la resistencia cívica interna. Pero quedan en prisión alrededor de cien presos políticos y se continúa secuestrando a personas y asediando a los excarcelados y sus familias.
En estas circunstancias, la ONU igual que la OEA tiene la obligación legal y moral de acudir en defensa del pueblo de Nicaragua que sufre la opresión y la represión de la dictadura.
El 7 de junio pasado LA PRENSA informó que la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (Ganhri), que es parte del Sistema de las Naciones Unidas, está analizando a la Procuraduría de Derechos Humanos de Nicaragua y la podría degradar de la categoría A, a la B o la C, por apañar y justificar los crímenes de la dictadura en vez de defender a las víctimas como es su obligación. Sin embargo eso no sería suficiente. La Procuraduría orteguista no solo debería ser degradada sino también despojada del reconocimiento de la ONU.
El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, declaró esta semana que está pidiendo a Naciones Unidas formar una comisión especial que investigue a la dictadura de Venezuela, con base al informe presentado por la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, sobre las violaciones a los derechos humanos en ese país.
También la dictadura de Nicaragua debería ser investigada por la ONU. Esto es muy difícil, porque los regímenes dictatoriales son parte del organismo mundial y se encubren unos a otros. No obstante se puede poner más presión al régimen de Ortega con la demanda de que sea investigado por las Naciones Unidas, igual que la dictadura de Venezuela. Esto es lo menos que podría hacer la comunidad internacional, cuya obligación es poner en práctica el principio de obligación de defender a los pueblos indefensos que son víctimas de crueles dictaduras.