Naciones Unidas llama a la dictadura de Nicaragua a detener ataques de paramilitares

Según un informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos el régimen ha mantenido los niveles de represión, persecución y violación de los derechos humanos de los nicaragüenses

PDDH

Sede del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. LA PRENSA/J.SILVA

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), llamó una vez más al régimen dictatorial de Daniel Ortega Saavedra y Rosario Murillo Zambrana a detener los ataques de paramilitares contra todas las personas y organizaciones nicaragüenses que expresen disenso o crítica.

De acuerdo a un informe publicado este martes, Oacnudh asegura el régimen de Nicaragua ha mantenido los niveles de represión, persecución y violación de los derechos humanos de los nicaragüenses, mediante el uso de la Policía Orteguista y paramilitares, mientras trata de cubrir de impunidad mediante leyes los crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad en el marco de la represión contra los manifestantes.

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La oficina reporta y celebra la liberación de presos políticos en el marco de una antojadiza ley de amnistía, cuestiona la encarcelación de más de 80 presos políticos y la represión, acoso, amenazas y persecución contra los excarcelados.

La oficina de derechos humanos de Naciones Unidas detalló  la labor de monitoreo que la organización realizó en junio en Nicaragua. Se trata del reporte número 10 que publica la oficina desde que la crisis de represión estatal fue desatada a partir del 18 de abril de 2018. Oacnudh fue expulsada de Nicaragua por la dictadura en agosto del 2018 y desde entonces en cada uno de sus diez boletines ha reportado la represión que de forma permanente se sostiene en el país.

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Según el informe, el 8 de junio la Asamblea Nacional dominada por el oficialismo aprobó una Ley de Amnistía (Ley 996) propuesta por la dictadura con trámite de urgencias, sin consultas a las víctimas de violaciones de derechos humanos y con impunidad para los autores de crímenes en el marco de la represión orteguista.

“La ley concede amnistía general a todas las personas que participaron en los sucesos ocurridos entre el 18 de abril de 2018 y el 10 de junio de 2019. En este sentido, al tiempo que instruye la liberación de todas las personas privadas de libertad en relación con estos hechos, la ley establece que las autoridades no iniciarán investigaciones y cerrarán todos los procesos penales y administrativos en curso”, cita Oacnudh, quien recuerda que dicha iniciativa fue cuestionada por la alta comisionada fMichelle Bachelet.

Piden revisión de Ley de Amnistía

“La Oacnudh considera que la Ley de Amnistía está redactada de manera imprecisa y carece de claridad, tanto en lo que respecta a las personas como a los delitos a los que se aplicaría, dejando a las autoridades amplias facultades de interpretación . Las ambigüedades de redacción podrían beneficiar a los autores de graves violaciones a los derechos humanos, en contradicción con las normas y estándares internacionales”, dice el reporte, por lo cual la organización pide una revisión exhaustiva de dicha ley orteguista.

De igual modo, la oficina fue informada de que algunas de las personas liberadas en aplicación de la Ley de Amnistía, y sus familiares, habían sido atacadas por elementos progubernamentales y acosadas por agentes de la policía, por lo cual le pide a la dictadura que detenga e investigue el sistemático ataque de paramilitares contra los manifestantes.

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“La Oacnudh llama a las autoridades a que garanticen la liberación incondicional de todas las demás personas aún detenidas en ese contexto, que aceleren el cierre de los procesos legales en su contra y la cancelación de antecedentes penales, y que protejan a todas las personas liberadas, así como a sus familias”, dice.

El organismo también llama al régimen “a proteger contra ataques de elementos progubernamentales armados y cualquier acto de intimidación y represalia, a todas las personas y organizaciones que expresen disenso o crítica, incluso previniendo e investigando dichos ataques, denunciando pública y sistemáticamente dichos actos y garantizando el ejercicio de la libertad de expresión y de reunión pacífica, y los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas”.

El boletín se presenta en la víspera de la actualización del informe oral sobre la situación de derechos humanos que hará este 10 de julio en Ginebra, Suiza, durante el 41º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, la Alta Comisionada Adjunta, en nombre de la Alta Comisionada ante el Consejo de Derechos Humanos.

Este informe es la primera actualización del informe sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua que se presentó en marzo pasado y de cara al informe final previsto a septiembre de este año en curso.

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