Asamblea Nacional sesionará este sábado para quitarle más facultades legales a Gustavo Porras

La propuesta de reforma a la Ley Orgánica del Legislativo plantea eliminar el requisito de que el presidente firme los decretos y las leyes que apruebe ese órgano, y se las transfiere al primer secretario

Gustavo Porras dijo sentirse orgulloso por las sanciones impuestas por los gobiernos de Estados Unidos y Canadá. LAPRENSA/J. Flores

El orteguista Gustavo Porras será presidente de la Asamblea Nacional solo de nombre, pero sin ninguna facultad legal, lo que implica que las leyes, decretos y resoluciones que se aprueben no llevarán su firma. Ese es el impacto de la reforma a la Ley del poder legislativo (606) que será aprobada mañana de forma expedita.

Los diputados fueron convocados a una sesión extraordinaria para aprobar la reforma a la Ley 606, pero también la modificación de la Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del poder ejecutivo (290), para facultar al dictador Daniel Ortega a nombrar ministros y viceministros “cuando lo estime conveniente”.

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Estos cambios de emergencia los impulsa el régimen orteguista en reacción a las sanciones que Estados Unidos (EE. UU.) y Canadá impusieron a Porras, así como a Sonia Castro, ministra de Salud; al titular del Ministerio de Transporte e Infraestructura, Óscar Salvador Mojica, y a Orlando Castillo, director de Telcor.

Esos funcionarios son señalados por EE.UU. de corrupción y violación a los derechos humanos, y por Canadá de violar los derechos humanos por su participación en la represión de fuerzas gubernamentales contra las protestas ciudadanas que desde abril del 2018 han dejado más de trescientos muertos.

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El exdiputado Eliseo Núñez Morales refirió que Ortega busca mantener en los cargos a sus funcionarios fieles, pero intentando evitar que se paralicen las instituciones. Los funcionarios del régimen que fueron sancionados por EE. UU. quedaron inhibidos de tener relación financiera con inversionistas de ese país, por lo que los bancos locales también cortaron relación con los castigados.

Núñez explicó que las sanciones tienen impacto en cuanto a las relaciones con organismos financieros internacionales, por lo que al régimen le urgen alternativas para que no se paralicen los ministerios presididos por sancionados, y para que no haya problemas con los decretos de préstamos que deben aprobarse en la Asamblea.

Segunda reforma en menos de dos meses

Porras fue despojado del control administrativo y financiero de la Asamblea con la reforma a la Ley 606 aprobada el 24 de junio pasado, en la que se eliminó esas facultades a la figura del presidente del órgano. Al secretario ejecutivo se le traspasó el manejo administrativo. Y con los nuevos cambios quien firmará las leyes será la primera secretaria, cargo que ocupa la orteguista Loria Dixon.

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Núñez comparó esta situación con la que se presentó cuando falleció el orteguista René Núñez, quien siguió de presidente de la Asamblea durante cinco meses en 2016, hasta que se conformó una nueva directiva. “Porras queda un poco mejor que René Núñez porque está vivo, pero igual queda infuncional que cuando René murió y se le mantuvo en la presidencia de la Asamblea”, afirmó Núñez.

¿Servirá la estrategia?

El exdiputado Eliseo Núñez señaló que Gustavo Porras en la práctica seguirá controlando la Asamblea, “por eso hay que esperar ver si los bancos y los cooperantes aceptan mantener relaciones con entidades que en la práctica funcionan como testaferros de los sancionados, lo cual es perseguible por Estados Unidos”.

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“Si se mantienen al frente de las entidades los sancionados a quienes se les pasan las funciones administrativas y legales se convierten en testaferros de los sancionados, por lo que al final Ortega los va a tener que quitar porque no es aceptable ese modelo”, afirmó Núñez.

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