El régimen de Daniel Ortega lleva casi mes y medio ocultando los datos sobre el rendimiento de la brutal reforma a la Ley de Concertación Tributaria, a pesar de que la misma establecía que a más tardar al “finalizar el primer trimestre posterior a la entrada en vigencia (marzo-mayo)” se tenía que evaluar y presentar los resultados obtenidos con la misma.
La ley entró en vigencia el pasado 28 de febrero, es decir que el 28 de mayo se cumplió el plazo para que se presentara los rendimientos y la evaluación del ajuste fiscal, y desde entonces han transcurrido 46 días.
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“A más tardar al finalizar el primer trimestre posterior a la entrada en vigencia de la presente Ley, se deberá convocar a un proceso de revisión integral entre autoridades de Gobierno y sector privado en su conjunto”, detalla el artículo sexto de la Ley 822 y sus reformas y adiciones.
Aunque el régimen ya está evaluando el ajuste fiscal con ciertos grupos privados, en su mayoría afines a la dictadura, hasta ahora se desconoce el grado de recaudación.
Últimas cifras están hasta marzo
Las últimas cifras que tiene publicadas el Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre la recaudación de impuesto están hasta marzo y están recogidas en el informe de ejecución presupuestaria al primer trimestre.
El Banco Central de Nicaragua tiene las cifras de recaudación actualizadas hasta diciembre del año pasado.
En la reforma de ley tributaria, se señala que la idea de convocar al sector privado es para “conocer y evaluar los resultados obtenidos como consecuencia de la aplicación de la presente reforma, así como discutir y acordar las medidas de ajuste que permitan mejorar la implementación de la Ley”.
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Róger Arteaga, extitular de la Dirección General de Ingresos (DGI), sostuvo que el secretismo con que se maneja el tema no es nada nuevo, pero teme que los resultados no sean tan positivos por el contexto en el que se aprobó el ajuste tributario.
“Existe un secretismo de parte del gobierno de no publicar las estadísticas de cómo va el rumbo de la economía y en este caso la Dirección General de Ingresos no ha publicado hasta el momento cuál fue el impacto que tuvo esta reforma, sabiendo que desde el gobierno ellos propusieron que en tres meses iban a revisar, que es la primera vez que se hace eso, de que se publique una reforma y se habla de revisarla en tres meses, a ver si pegaron o no pegaron, algo de prueba y error, probemos esto a ver si funciona, sin embargo, la evidencia es el número de empresas que han dejado de funcionar, que han quebrado, despedido gente, por el impacto de esta reforma”, dijo Arteaga.
Solución con medidas económicas
El economista Luis Murillo manifestó que el país está sumido en un problema político que han querido solucionar con medidas económicas, lo que ha ocasionado un mayor deterioro.
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“El gobierno lo que hizo fue aplicar reformas, sin embargo, en vez de contribuir a mejorar la situación de recuperar la confianza, ha contribuido a generar mayores niveles de descontento por varias razones: uno porque a más de tres meses no se ha dado a conocer los resultados de las verdaderas afectaciones que tiene la reforma tributaria, y dos, de manera irresponsable el asesor económico de la presidencia (Bayardo Arce Castaño) dijo que no estaban muy satisfechos y dio a entender que se daría una segunda reforma, todo eso lo que hace es crear expectativas negativas”, sostuvo Murillo.
Mario Arana, quien fue ministro de Hacienda y Crédito Público en el gobierno de Enrique Bolaños, manifestó que la reforma fiscal tenía la intención de dividir al sector privado.
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“Era una reforma draconiana, que permitía una inyección de recursos importantes al gobierno en una primera etapa, pero que no era sostenible en el tiempo porque tenía un fuerte impacto, está quebrando empresas; tan draconianas que hay empresas que están cerrando producto de esta reforma, porque afectaba directamente los flujos, por eso considero que era una política para dividir al sector privado”, dijo Arana.
Regresar exoneraciones al sector agropecuario
Arana, también expresidente del Banco Central, recomendó que en una próxima reforma fiscal se le regresen las exoneraciones al sector agropecuario, que baje el anticipo mensual del IR, “que hagan ajustes para quitar la presión que han impuesto a los negocios”.
El régimen de Ortega busca con urgencia recaudar 317 millones de dólares en el primer año de la reforma, para hacer frente a la caída de los ingresos como consecuencia de la recesión y el cierre de los flujos de financiamiento externo.
Antes de la crisis sociopolítica el régimen había mantenido una política de secretismo, sin embargo, después del estallido social la restricción de información económica ha sido peor. Los datos del Banco Central tienen varios meses de desfase.