Magistrado Manuel Martínez dice que no hay prioridad en la Corte Suprema de Justicia para resolver recursos contra la Ley de Amnistía

El liberal y aliado del régimen alegó que tienen exceso de trabajo por recursos presentados que tienen años contra diferentes leyes, por lo que no resolverían a corto plazo el recurso contra la Ley de Autoamnistía

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El magistrado de facto Manuel Martínez asistió el jueves a la Convención Nacional de su partido el PLC. El participación de funcionarios judiciales está prohibido. LA PRENSA / Roberto Fonseca

Los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no consideran prioridad resolver el recurso por inconstitucionalidad contra la Ley de Admnistía (conocida como una autoamnistía del régimen orteguista), interpuesto por la Asociación de Madres de Abril (AMA). El liberal y aliado del régimen Manuel Martínez alegó que tienen exceso de trabajo por recursos presentados que tienen años contra diferentes leyes, por lo que no resolverían a corto plazo el recurso contra la Ley de Autoamnistía.

«Se les está dando trámite. Eso de la Ley de Amnistía no está paralizado sino que como la Sala Constitucional tiene tanto trabajo en materia de amparo, le vamos dando trámite (a los recursos) conforme la llegada  (se hayan presentado)», dijo Martínez.

Ante la consulta de LA PRENSA de si no es urgente resolver sobre la amnistía, Martínez respondió que: «es urgente, pero tenemos que pensar en las condiciones reales de la Corte donde estamos pocos (magistrados) que podríamos impulsarla con mayor interés». Según el magistrado apenas están resolviendo sobre amparos que les llegaron en 2013.

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AMA, que agrupa a familiares de los asesinados en la represión de fuerzas paramilitares y de la Policía Orteguista (PO) durante los meses más álgidos de las protestas ciudadanas iniciadas en abril del 2018, recurrió por inconstitucionalidad contra la Ley de Autoamnistía por considerar que ofrece impunidad de los crímenes ya que la ley establece que no se investigará ni sancionará por los responsables.

También los dirigentes de la Articulación de Movimientos Sociales interpusieron un recurso por inconstitucionalidad contra Ley de Autoamnistía.

Organismos de derechos humanos internacionales registran que más de 300 nicaragüenses fueron asesinados durante la jornada de represión, la mayoría manifestantes. Los fiscales y jueces son partícipes de la represión ya que han acusado y condenado a cientos de manifestantes de falsos delitos solo exigir la salida del poder de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo.

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Los magistrados que integran la Sala Constitucional son, además del liberal Martínez, los orteguistas Armando Juárez López, Ileana Pérez y Francisco Rosales Argüello, este último es parte de la delegación del régimen en las negociaciones con la Alianza Cívica, lo que evidencia la partidarización del Poder Judicial a los intereses de la dictadura.

Rafael Solís, el operador político de la dictadura y uno de los más fieles aliados de Ortega también integraba esa Sala antes de renunciar como magistrado afirmando estar en desacuerdo con la represión del régimen a la población.

Sobre los señalamientos de organismos de derechos humanos y familiares de los presos políticos de que el Poder Judicial es otro brazo de la represión de la dictadura orteguista, el magistrado de facto Martínez si bien no validó esos señalamientos, reconoció que hay factores políticos influenciando los casos.

«En cuanto a los presos políticos le puedo garantizar que en la Sala Constitucional llegaron todos los recursos de exhibición personal y recursos de amparo habidos y por haber y a todos se les dio trámite, lo que pasa es que las decisiones políticas se han tomado con mayor rapidez», dijo.

La Ley de Justicia Constitucional establece 125 días de plazo para que los magistrados resuelvan los conflictos entre los poderes del Estado.

Martínez dijo que si bien están claros del mandato legal se excusó en que no acelerarán los recursos contra la Ley de Autoamnistía.

Dichoso de ser magistrado

Martínez es parte de los 45 funcionarios públicos que el 10 de abril pasado se les vencieron los períodos constitucionales pero se aferran a los cargos esperando el resultado de las negociaciones que el régimen impulse con los partidos aliados para volver a repartirse el poder. En la CSJ son 16 magistrados con cargos vencidos.

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La Constitución Política de Nicaragua establece el período de cinco años para cargos de magistrados. Sin embargo, después de la crisis política del 2010, cuando las fuerzas políticas no lograban acuerdos para nombrar a funcionarios, el dictador Ortega emitió el decreto ilegal número 3-2010 para prorrogar en sus cargos a 29 funcionarios que estaban de facto en sus funciones.

Este decreto logró fuerza constitucional en enero de 2014, cuando la Asamblea Nacional, controlada por el orteguismo, aprobó la reforma parcial a la Constitución, entre estos al artículo 130, al cual agregaron un párrafo segundo que dice: “Los funcionarios electos por la Asamblea Nacional continuarán en el ejercicio de su cargo, después del vencimiento de su mandato para el que fueron electos, hasta que sean elegidos y tomen posesión quienes deban sustituirlos de conformidad a la Constitución Política”.

Según Martínez desconoce si hay negociaciones entre el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y el FSLN sobre los cargos vacantes, pero se expresó dichoso de tener 16 años como magistrado de la CSJ puesto que logró en 2003 como parte del pacto entre los caudillo sandinista Ortega y Arnoldo Alemán.

«Tengo la dicha de que de las listas no me han excluido de los elegidos para ser reelegido», dijo el funcionario.