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Felix Maradiaga, Nicaragua, protestas

Félix Maradiaga es uno de los representantes de la sociedad civil que viajó a Washington el 2 de junio de 2018 para denunciar la represión gubernamental. LA PRENSA/Óscar Navarrete

Archivan causa penal contra Félix Maradiaga, acusado de financiar el supuesto “golpe de Estado”

Según el auto de notificación, el archivo del expediente se hace sobre la base de la aprobación de la Ley de Amnistía, el 8 de junio, por la Asamblea Nacional

El juez orteguista Julio César Arias, titular del Juzgado Quinto Distrito Penal de Audiencia de Managua, mandó a archivar la causa contra el exiliado Félix Maradiaga Blandón, director del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), organización no gubernamental que fue asaltada y arrebatada su personería jurídica por el régimen orteguista el año pasado, bajo la falsa acusación de financiar el supuesto “golpe de Estado”.

En el mismo auto también ordenó archivar la causa contra el líder estudiantil Jean Carlos López Gutiérrez, quien estuvo atrincherado en la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), y contra Pío Humberto Arellano Molina, acusados junto a Maradiaga de supuesto financiamiento al terrorismo y crimen organizado.

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Según el auto de notificación, el archivo del expediente se hace sobre la base de la aprobación de la Ley de Amnistía, el 8 de junio, por la Asamblea Nacional dominada por el orteguismo y que entró en vigencia el 10 de junio.

Además, dejó sin efecto las órdenes de captura contra los tres afectados, quienes se encuentran en el exilio desde el año pasado, ante las amenazas de cárcel contra ellos de parte de la Policía Orteguista (PO).

El 23 de septiembre, el poder judicial giró orden de captura y allanamiento contra Maradiaga, y el 29 de septiembre, la PO asaltó las oficinas del Ieepp en Managua, sustrayendo papelería y computadoras.

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La persecución inició el 5 de junio, cuando la policía del régimen presentó a Maradiaga como líder de una estructura criminal que trabajaba con una banda delincuencial conocida como el Viper.

Respecto a las acusaciones, el politólogo ha expresado que son falsas y parte de la represión que ejerce el régimen para bloquear su campaña de denuncia internacional contra la dictadura.

“Las nuevas patrañas del orteguismo, cada vez más ridículas y falsas, son un intento desesperado por limitar mi movilidad internacional. Me quieren callar. Pero hoy, más que nunca, reitero mi compromiso moral con la verdad, con la justicia y con la libertad de Nicaragua”, comentó Maradiaga en su cuenta de Twitter. El politólogo ha sido crítico del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo desde hace varios años. Además, denunció en septiembre de 2018 la represión que vive el país ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Caso Viper

A Maradiaga lo involucran en una ampliación de prueba en el juicio contra Christian Mendoza, alias el Viper; Alejandro Arauz Cáceres, alias Águila, y Emmanuel Antonio Dávila, quienes ya están excarcelados desde el 11 de junio pasado.

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Durante la audiencia donde se presentó las supuestas pruebas contra Maradiaga, el fiscal orteguista Jorge Rubí expresó que la disparatada investigación  hecha por la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) identificó que Maradiaga tenía varias fuentes de financiamiento, entre estas: las estructuras del narcotráfico y los fondos obtenidos de organizaciones norteamericanas. También dijo que la PO sigue investigando en el caso.

Luego de su salida de la cárcel bajo la amnistía de la dictadura orteguista, el Viper confesó que fue obligado por los torturadores de la Policía Orteguista para involucrar a Maradiaga y a los otros opositores, pero que en realidad ni él (Viper), ni los acusados eran culpables de los falsos crímenes que les achacó la PO bajo servidumbre de Ortega y Murillo.

En el auto judicial también mandan a cancelar los antecedentes penales de los tres autoconvocados y exiliados.

La semana pasada también se archivó la causa contra el opositor Luciano García, director de Hagamos Democracia, quien cuestionó la legalidad del documento y expresó que no había seguridad jurídica para regresar al país.

Además, dijo que una prueba de eso es que su organización sigue sin personería jurídica, mientras a él lo exoneran de algo que no hizo y que era el supuesto motivo por el que le quitaron dicha personalidad jurídica desde la Asamblea Nacional.

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