Daniel Ortega le quita facultades a Gustavo Porras en la Asamblea Nacional

Con 70 votos a favor y 14 en contra se aprobaron las reformas a Ley Orgánica de la Asamblea Nacional, reduciendo facultades al diputado presidente del Parlamento, Gustavo Porras

Ley contra el lavado, UAF, abogados, notarios, Asamblea Nacional

Los diputados orteguistas aprobaron este miércoles la reforma a la Ley contra el lavado propuesta por el régimen. LA PRENSA/ARCHIVO

El dictador Daniel Ortega, utilizando la aplanadora legislativa a su servicio en la Asamblea Nacional, reformó este sábado de forma extraordinaria dos leyes que le permiten maniobrar frente a las sanciones del gobierno de Estados Unidos contra funcionarios públicos leales al régimen, señalados de corrupción y violación de derechos humanos en el marco de la sangrienta represión desde abril de 2018. Las dos leyes reformadas son la 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimiento del Poder Ejecutivo, y la 606, Ley Orgánica del Poder Legislativo.

La modificación a la Ley 290 le permitirá al dictador nombrar más ministros y más viceministros adjuntos en una institución, si así lo desea, mientras que las reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo le permite al tirano trasladar a otros diputados las funciones de sus figuras sancionadas, como el caso del legislador orteguista Gustavo Porras, actual presidente del Poder Legislativo, quien al aprobarse las reformas este sábado quedó como una figura desprovista de poderes.

Con setenta votos a favor de la aplanadora orteguista y sus aliados, con apenas 15 en contra (del PLC), el oficialismo logró la modificación al artículo 17 de la Ley 290, reforma que le da potestad al dictador de nombrar a más de un viceministro.

Las reformas aprobadas establecen que quien firmará las leyes aprobadas, resoluciones, decretos y declaraciones será el primer secretario o secretaria del Parlamento, dominado por la dictadura, en este caso la orteguista Loria Dixon.

El diputado suplente de la diputada propietaria Azucena Castillo, del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Ludendorff Rosales, criticó la reforma a la Ley 606, asegurando que tal acción se debía a las sanciones que pesan contra Porras y otros funcionarios del orteguismo.

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“Son tiempos difíciles los que vive el país a partir de la crisis sociopolítica que se desencadenó desde el pasado año (…) Nicaragua es un país de economía abierta y estamos articulados en este mundo globalizado por compromisos y convenios internacionales que nos obligan a ser respetuosos de los derechos humanos y de la Constitución. De allí es que hoy se enfrentan las sanciones que, si bien son específicas, ponen en peligro la institucionalidad”, expresó el parlamentario opositor.

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“El hecho de traer de urgencia a este plenario y reformar la Ley 606, quitando funciones al presidente que ha sido deslegitimado por las sanciones de Estados Unidos y Canadá, nos indica que no se marcha por un buen camino. Señores diputados y diputadas, con cada acción y modificación que hace la mayoría en esta asamblea, lamentablemente reafirman la validez de las sanciones. Han expuesto que las sanciones no les afectan; pero estas reformas y la anterior, lo que hacen es confirmar tales sanciones, que sí les afecta. No es modernización de la Asamblea Nacional, es una reacción obtusa a las sanciones”, expresó el diputado suplente, quien a la vez exhortó a los legisladores a trabajar por el país y heredar un Estado de derecho a las nuevas generaciones.

Castro ardido

Por su parte, el diputado y jefe de bancada del FSLN, Edwin Castro, criticó el rechazo del PLC a las reformas, asegurando que esa organización política siempre se estaba oponiendo a todo.

“No es nada nuevo que la bancada del PLC busque argumentos para oponerse a todo, ya lo hemos visto en los últimos meses. Siempre buscan algo, porque esa es su lógica, votar en contra de todo lo que sucede aquí, diciendo ahora que no hay pluralismo y aquí están ellos y dicen lo que les da la gana y este es el mejor ejemplo de contradicción del mismo discurso de ellos”, arengó Castro.

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Estos cambios de emergencia los impulsa el régimen orteguista en reacción a las sanciones que Estados Unidos (EE. UU.) y Canadá impusieron a Porras, así como a Sonia Castro, ministra de Salud; al titular del Ministerio de Transporte e Infraestructura, Óscar Salvador Mojica, y a Orlando Castillo, director de Telcor. Todos señalados por EE.UU. de corrupción y violación a los derechos humanos, y por Canadá de violar los derechos humanos.

El lamento de Porras

En tanto, Porras, en una posición de minimizar las sanciones y justificar las reformas que le quitan facultades, despotricó contra quienes han pedido sanciones y dijo que estas para él constituyen un reconocimiento y que la legitimidad la da “el pueblo” y no un país extranjero.

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“Quiero expresar que la legitimidad o no depende de donde se mira. Para nosotros los sandinistas, los revolucionarios, los nicaragüenses, la legitimidad nos la da el pueblo… Nuestro orgullo, nuestra legitimidad, depende del pueblo de Nicaragua, de cómo nos mira, de cómo nos observa, de cómo actuamos. No necesitamos tener ninguna legitimidad prestada por ningún otro país, obvio, menos por el imperio”, reaccionó furibundo Porras.

Distorsión al sistema jurídico

De acuerdo con el analista político y exdiputado opositor Eliseo Núñez, las reformas aprobadas por la aplanadora legislativa de Ortega distorsionan el sistema jurídico del país. “Con dichas reformas Ortega lo que está haciendo es distorsionar el sistema jurídico del país, solamente para mantener en el cargo a los sancionados por corrupción y violaciones a los derechos humanos”, sostuvo el analista político.

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Para Núñez, las reformas demuestran la preocupación del régimen respecto a las sanciones de Estados Unidos y Canadá. “Ellos decían que no les preocupaban las sanciones. Evidentemente sí les afectan las sanciones, porque si no les afectaran no estuvieran distorsionando el sistema jurídico. Con eso queda demostrado que las sanciones sí tienen sus efectos”, analizó Núñez.