España pidió a la Unión Europea (UE) “sanciones” contra responsables de torturas en Venezuela, indicó este lunes su canciller Josep Borrell, que consideró “prioritario” que la negociación entre gobierno y oposición “fructifique”.
“Han ocurrido muertes trágicas de personas detenidas bajo el control de la policía política venezolana”, apuntó Borrell, llamando a sancionar a las personas “que se han visto involucradas en torturas seguidas de muertes”.
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“Pero las sanciones no pueden ser un instrumento que perturbe la esperanza que ha levantado el proceso de Oslo. La primera prioridad es que este proceso continúe”, precisó el canciller español en rueda de prensa en Bruselas.
Aunque no figuraba como un punto en la agenda, consagrada principalmente al acuerdo nuclear con Irán, los ministros de Exteriores de la UE también repasaron este lunes durante su reunión mensual la situación en Venezuela.
Borrel apoya informe de Bachelet
Borrell, propuesto como el próximo jefe de la diplomacia de la UE, expresó el apoyo al informe de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que dio cuenta de ejecuciones y torturas, entre otros.
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Venezuela se encuentra sumida en una profunda crisis política, económica y humanitaria, que se agudizó en 2018 con la reelección del dictador Nicolás Maduro al frente del país, en unos comicios desconocidos por la oposición.
La mayoría de los países de la UE, que cuestiona la legitimidad actual de Maduro, reconocen al opositor Juan Guaidó, actual presidente de la Asamblea Nacional, como el presidente interino del país sudamericano.
Delegados oficialistas y del líder opositor acordaron establecer una mesa de trabajo permanente para intentar resolver la crisis tras una serie de diálogos bajo la mediación de Noruega, que auspicia una solución desde mayo.
“Creemos que el proceso de Oslo es la mejor opción que tenemos sobre la mesa” para que ambas partes “negocien”, dijo Borrell, quien subrayó que Maduro controla “la administración, el ejército y el territorio”.
La UE, que desde 2017 sancionó a 18 funcionarios venezolanos, lanzó en febrero junto a países latinoamericanos y europeos el Grupo de Contacto Internacional, iniciativa que busca elecciones presidenciales “libres y justas” en Venezuela.