Entran en vigencia las reformas hechas a la medida de los funcionarios orteguistas sancionados

Las reformas entraron en vigencia el lunes con su publicación en La Gaceta, diario oficial de Nicaragua.

Hagamos Democracia, Asamblea Nacional, informes legislativos

Desde que el sandinista Gustavo Porras es presidente de la Asamblea se ha profundizado la falta de transparencia en la información. LA PRENSA/ U. MOLINA

Los decretos y reformas aprobados en la Asamblea Nacional para restarle funciones a Gustavo Porras como reacción a las sanciones de Estados Unidos, entraron en vigencia este lunes con su publicación en La Gaceta, diario oficial de Nicaragua.

Se trata de la modificación a la Ley 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del poder Ejecutivo, que le permite a Daniel Ortega nombrar más ministros y más viceministros adjuntos en una institución, y la reforma a la Ley 606, Ley Orgánica del Poder Legislativo, que permite a este poder del Estado trasladar a otros diputados las funciones de los legisladores sancionados, como es el caso de Porras, quien al aprobarse las reformas este sábado quedó como una figura desprovista de poderes.

La reforma a la Ley 606 lo que hace es trasladar las funciones del Presidente de la Asamblea al Primer Secretario de la Junta Directiva, en este caso la también fiel y leal orteguista Loria Raquel Dixon, quien de ahora en adelante será quien firme las leyes aprobadas, resoluciones, decretos y declaraciones.

Sanciones

Las sanciones de Estados Unidos implican la “muerte financiera” porque incluyen el bloqueo de activos, prohibición de transacciones bajo la jurisdicción de Estados Unidos, de propiedades o intereses en una propiedad, negación o revocación de visas, y penalidades económicas, sanciones similares a la Global Magnitsky Act, con la que fue sancionado inicialmente Roberto Rivas Reyes, expresidente del CSE, en diciembre de 2017.

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Estados Unidos ha impuesto sanciones a once funcionarios orteguistas señalados de corrupción y violación a los derechos humanos, en el contexto de represión contra las protestas civiles. Además de Porras, entre los sancionados también está la primera dama y cogobernante de Ortega, Rosario Murillo, su hijo y asesor Laureano Ortega; su consuegro y jefe de la Policía, Francisco Díaz.