Funides advierte que crisis sociopolítica y económica de Nicaragua «es insostenible»

El organismo empresarial señaló que mientras el dictador Daniel Ortega no de por muertas las negociaciones con la Alianza Cívica, pero las mantiene suspendidas, evita que la comunidad internacional aplique con fuerza las sanciones.

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El dictador Daniel Ortega incuba bomba de tiempo por sus castigos sociales y económicos. LA PRENSA/ TOMADO DE LA PRESIDENCIA

La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) advirtió que la crisis sociopolítica y económica «es insostenible», porque si el régimen de Daniel Ortega no retoma las negociaciones con la opositora Alianza Cívica (AC) para definir la salida democrática, el hundimiento del país se acelerará.

«Es clave una pronta actitud de buena voluntad de parte del Gobierno y los sectores de la sociedad para lograr una solución negociada y pacífica a la crisis que permita comenzar la transición a la democracia. La situación actual es insostenible», advierte Funides en su Informe de Coyuntura de julio de 2019.

Además se sostiene que si bien las sanciones impuestas por Estados Unidos (EE.UU.) a once funcionarios, y Canadá a nueve altos personeros del círculo de poder del régimen ejercen presión política, parecen no causar el efecto con la rapidez que el país necesita debido a que Ortega no reacciona ante la amenaza,  el siguiente paso sería que la  EE.UU. y Unión Europea (UE), apliquen de lleno las medidas que bloquearían el financiamiento externo y la posible suspensión de Nicaragua de la Organización de Estados Americanos (OEA).

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Táctica para paralizar sanciones

Funides señala con preocupación de que el dictador Ortega mantenga suspendidas las negociaciones con la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia a propósito, porque mientras no las de por muertas, le permite enviar el mensaje a la comunidad internacional de que hay conversaciones, lo cual evita la aplicación plena de las sanciones al régimen.

«El impase de la negociación se encuentra suspendida y da un respiro a todas las medidas que se podían haber aplicado contra el Gobierno. Se ha dado una ejecución gradual de las sanciones internacionales cuando pensamos que se iba a dar de forma acelerado», indica el reporte de Funides.

EE.UU.  ha impuesto sanciones a once funcionarios orteguistas señalados de corrupción y violación a los derechos humanos, en el contexto de represión contra las protestas civiles entre ellos la vicepresidenta designada y esposa de Ortega, Rosario Murillo y su hijo Laureano Ortega Murillo; su consuegro y jefe de la Policía, Francisco Díaz y el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras. Las sanciones de Canadá también han sido a nueve funcionarios del régimen que incluyen a Murillo, por violación a los derechos humanos.

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El gobierno estadounidense también sancionó a la empresa Albanisa (que controla el acuerdo petrolero entre Managua y Caracas) y a su Banco Corporativo SA (Bancorp) por ser parte de la red de corrupción del régimen.

Desde hace 15 meses Nicaragua enfrenta una de sus peores crisis sociopolíticas en más de 30 años debido a las violaciones a los derechos humanos que sufren los ciudadanos que exigen la salida del dictador dictador Ortega.

La respuesta del régimen a sido fuego y sangre por parte de su Policía Orteguista (PO) y paramilitares que desde el 18 de abril del 2018 han dejado al menos 326 muertos, miles de heridos, más de 80 mil exiliados, unos 700 presos políticos debido al estado policial instaurado.

La represión ha provocado una recesión causando una caída del 3.8 por ciento de la economía el año pasado, en 2019 la caída sería entre un 5.4 y 6.8 por ciento según las nuevas estimaciones de Funides.

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Situación es insostenible

Aunque el centro de pensamiento indicó, en base al monitoreo con las empresas e inversionistas de que la «expectativa de los agentes económicos» con respecto al panorama socioeconómico «son menos desfavorables que a inicios del año», se reiteró que mientras se retrase la solución al problema político, el hundimiento de la economía del país no se detiene.

Hay dos escenarios a los que dan seguimiento el organismo empresaria, porque el cambio en cualquiera de ellos, podría acelerar el deterioro de la economía de Nicaragua. Uno de los escenarios es que «la nueva realidad» se mantenga, lo que significa que la economía se mantiene con tasas de contracción del cinco por ciento, pero con menor salida de depósitos bancarios, la continuidad de las negociaciones entre el régimen y la Alianza Cívica y la aplicación gradual de las sanciones internacionales a la dictadura orteguista.

El segundo escenario planteado por Funides es que la incertidumbre política incrementa «lo que te lleva a una profundización de la crisis de confianza» tanto de los empresarios, agentes externos y consumidores», que también provoca la aceleración de la aplicación de las sanciones de gobiernos y la OEA.

Comunidad internacional mantiene presión

A pesar de que las sanciones de EE.UU. y Canadá son individuales, Funides considera que «la falta de avances sustanciales en la mesa de negociación a favor de la democratización» la comunidad internacional mantiene la presión a la dictadura Ortega y Murillo.

La OEA  a final del pasado junio aprobó una resolución sobre Nicaragua que dicta la creación de una comisión de alto nivel por parte del Consejo Permanente con el objetivo de realizar gestiones que puedan facilitar una salida negociada a la crisis. Se estableció que si la comisión del Consejo Permanente no muestra avances concluido un periodo de 75 días, existe el riesgo de afectaciones económicas derivadas de una eventual aprobación de la Carta Democrática Interamericana que implica la suspensión del Nicaragua que la dejaría sin acceso a la cooperación financiera de los organismos multilaterales.

Por su parte, en la Unión Europea se ha discutido la posibilidad de excluir a Nicaragua del Acuerdo de Asociación con Centroamérica (AdA).

El 12 de julio pasado los senadores  Ted Cruz, del Partido Republicano, y Robert Menéndez, de los Demócratas, solicitaron al solicitaron al secretario de Estado, Mike Pompeo, incluir en la lista de sancionados con la Nica Act, al dictador Daniel Ortega, a cinco altos mandos policiales y tres directores del Sistema Penitenciario Nacional (SPN) por abusos a los derechos humanos y  corrupción.

La lista incluye a la exdirectora de la PO, Aminta Granera, al subdirector de la Policía Ramón Avellán; Jaime Vanegas, inspector general de la Policía; el comisionado general Luis Pérez Olivas, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ); y el comisionado general Justo Pastor Urbina, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP).

Funides insistió en que «no puede haber solución a los problemas económicos si no hay acuerdos en el ámbito político, que consideren las demandas de la población» como son la liberación de todos los presos políticos, cesar el estado policial y reformas electorales que permitan elecciones transparentes y adelantadas.

De no existir un acuerdo en corto plazo «la crisis económica se profundizará y las diversas formas de manifestación continuarán como expresión del descontento de la población», se advirtió.

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